LAWYERS have called a halt to a case concerning an alleged multi-million pound overseas property scam involving a Yoxall businessman in an effort to get the judge changed – after they claimed his brother had links with some of the firms involved with the case.

In a letter to hundreds of people impacted, legal bosses have revealed that they have asked for Judge Jose Emilio Coronado Ruz to be removed from presiding over a class action lawsuit against Spanish developer Ricardo Miranda Miret.

Lawyers are delaying the case until the judge is replaced after links between his brother and one of the developers involved in the case were uncovered.

Previously, the Mail has revealed that Colin Thomas, of Town Hill, had been subpoenaed to appear in Madrid.

The criminal claim for fraud and misappropriation of funds was lodged in 2011 in an effort to recover money on behalf of dozens of Ocean View Properties (OVP) victims.

Mr Thomas’s company, OVP, was behind a string of successful overseas propoerty enterprises but ran into difficulties when it became involved as a UK agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret.

More than 1,000 British investors, who paid a total of £45 million for ‘off-plan’ overseas property developments, have lost their money after the firm was formally dissolved in 2009 with the appointment of liquidators Grant Thornton.

The court claims made in Madrid are linked to developments which never materialised at the Estepona Country Club on the Costa del Sol and Punta Perla, in the Dominican Republic.

Mr Thomas is currently banned from being a company director for nine years following an Insolvency Service investigation.

He was also cleared by the Serious Fraud Office and Staffordshire Police following an investigation into the collapse of OVP.

Neither Mr Thomas nor his advisors were available for comment.

antonio In the Media Ocean View

2013-04-25-Lawbird-Owner-of-leisure-complex-Laguna-Village-to-Pay-InvestorThe Malaga Appeal Court has ordered the property developing company Playa Padrón Estepona S.L., managed by German businessman Jürgen Sauer, owner of the Estepona leisure complex Laguna Village and co-founder of the Kempinski hotel, to pay just under 500,000 euros to a British investor.

The investor, represented in court by lawyer Luis Fernando Gonzalez Ordoñez, from Marbella law firm Lawbird Legal Services, had exchanged contracts in 2006 for the acquisition of several units in the complex. However the purchase was never completed because these units were rented out to third parties even though the seller had agreed, contractually, that they were to be sold “free from occupants”.

The investor had paid 185,000 euros to the developer and agreed that, in the event that he was unable to conclude the transaction he would forfeit the deposit but, if the developer was unable to sell under the terms and conditions agreed, it would return twice the deposit, plus interest.

The initial case against the developers ruled in their favour, citing the relevant clause as a clerical error. Following the successful appeal the company managing Laguna Village is obliged to pay 365,000 euros to the investor plus accrued interest since 2006 and legal costs.

admin In the Media Lawbird, Luis Fernando González Ordóñez, Luis González Ordoñez

There is general agreement that this is a good time to buy property in Spain. Prices are unlikely to drop further and those who are looking to buy as an investment should receive a good return when they sell in the medium to long term. Those looking for a main residence or holiday home will also be able to afford a larger or more luxurious property than they might otherwise have done.

Whatever the reason for the purchase, buying a property is a major investment and one that needs to be protected and looked after. The number one rule in this regard is to use the services of a lawyer. It might be tempting to save money by not doing so if everything appears to be straightforward, but this could well prove to be a false economy.

Why is a lawyer essential? For many reasons, says Antonio Flores, of Lawbird Legal Services in Marbella. Horror stories can happen.

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admin In the Media Antonio Flores, Lawbird Legal Services

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a la mercantil Playa Padrón Estepona S.L., promotora del complejo de ocio radicado en Estepona conocido como ‘Laguna Village’, fundada y administrada por el empresario alemán Jürgen Sauer, a abonar cerca de medio millón de euros a un inversor británico.

Dicho inversor, representado en juicio por el letrado de Lawbird Luis Fernando González Ordóñez, había firmado un contrato de arras para la adquisición de varias unidades en el complejo en el año 2006, en régimen de concesión administrativa, y no pudo escriturarlas al estar éstas alquiladas, dándose la circunstancia de que las mismas se habían vendido “libres de inquilinos u ocupantes”.

En total, el inversor abonó 185.000 euros a la promotora, y acordaron que de no proceder con la escritura por causa imputable a la compradora, esta perdería el depósito, pero que de ser la vendedora la que no pudiera vender, vendría obligada a devolver el doble de lo abonado —según se prevé para los contratos de arras penitenciales—, más los intereses desde el año 2006 y las costas procesales causadas.

El Juzgado de Primera Instancia 2 de Estepona dio inicialmente la razón a la mercantil Playa Padrón Estepona S.L., no estimando la petición del inversor británico, al aceptar como buena, entre otras, la alegación de que la cláusula de devolución del duplo de lo abonado se insertó en el contrato por culpa de un error administrativo. Sin embargo, la Audiencia Provincial en reciente sentencia estima el recurso formulado por la representación legal del inversor y revoca íntegramente la sentencia,condenando a la mercantil concesionaria de complejo ‘Laguna Village’ a abonar 365.000 euros, con sus intereses y costas.

Se da la circunstancia de que el empresario Jürgen Sauer, administrador de Laguna Village, cofundador del Hotel Kempinski de Estepona y propietario de la inmobiliaria Sauer, fue detenido en el año 2008 por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Hidalgo por la Juez María Jesús del Pilar Márquez, quinta instructora de la causa que inició el Juez Francisco de Urquía.

El letrado Luis González ha señalado que “la mercantil no contesta a los requerimientos del despacho para proceder al abono del importe de la condena, por lo que se procederá a ejecutar la sentencia, embargando, si fuera necesario, los alquileres que regularmente abonan los inquilinos de los locales del complejo Laguna Village”.

admin In the Media Lawbird, Luis Fernando González Ordóñez

El Supremo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que estimó el recurso de una compradora de una residencia en Marbella

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que determina que la falta de licencia de primera ocupación es causa de resolución del contrato de compraventa de una vivienda porque supone el incumplimiento de la entrega del inmueble cuando el permiso no va a concederse en un plazo razonable.

El alto tribunal ha confirmado una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga en diciembre de 2009 en la que estimó el recurso presentado por la compradora de una vivienda en Marbella, a la que previamente el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la localidad había condenado a cumplir el contrato en los términos acordados.

La Audiencia malagueña declaró resuelto el contrato suscrito en febrero del 2004 entre una mujer de nacionalidad irlandesa y la promotora del conjunto residencial en Marbella, decisión contra la que la empresa presentó un recurso de casación.

Para corroborar el acierto de la sentencia recurrida por la promotora, el Supremo argumenta que ésta no ha acreditado que la falta de licencia de primera ocupación obedezca a una simple demora y que no existan obstáculos para su obtención, según la resolución a la que ha tenido acceso Efe.

Por ello, entiende que la parte compradora no puede ser obligada a escriturar y cumplir con su parte del contrato “cuando subsiste la incertidumbre de si la promotora va a poder cumplir en un plazo razonable, siquiera tardíamente, con su obligación de entregar la referida licencia de primera ocupación”.

Además, explica que el cumplimiento de la obligación de entrega por el promotor no puede entenderse limitado a que la vivienda lo sea “en un sentido puramente físico”, sino que debe comprender también su aspecto jurídico, y permitir que los suministros se contraten de forma regular y que el comprador pueda ejercer su derecho a alquilar o vender el inmueble.

Deber incumplido

Desde el punto de vista de protección de los consumidores, el Supremo concluye que el deber de información del promotor-vendedor no puede considerarse cumplido por la puesta a disposición de la documentación relativa a la vivienda, ya que debía informar a la compradora de que la edificación no se correspondía con la calificación urbanística del suelo.

En este sentido, señala que la seguridad de la propiedad inmobiliaria es uno de los factores característicos de los sistemas jurídicos avanzados y tiene “más importancia, si cabe cuando los compradores son extranjeros”, con menos facilidad para conocer toda la legislación española que pueda afectarles al comprar una vivienda en España.

En cuanto a la documentación presentada por la promotora para demorar la sentencia, el Supremo precisa que la licencia de primera ocupación para el conjunto residencial, de 192 viviendas, se obtuvo en junio del 2012, cuando el plazo límite pactado era octubre del 2005.

Y añade que la licencia “ni siquiera es completa”, ya que excluye las piscinas comunitarias, uno de los elementos incluidos en el contrato, que quedaron fuera a expensas de la obtención de informe favorable de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

admin In the Media Roberto Leiro

The Spanish Supreme Court has declared that a contract signed by an Irish purchaser with the developer Marbella Vista Golf S.L., for a unit in Santa Maria Green Hills, was validly terminated by the purchaser.

The Supreme Court has argued that for a property developer to comply with the contract not only is the unit to be completed, but it needs to have the mandatory license of occupancy.

The Court of First Instance in Marbella deemed that the developer could not be held responsible for not having the licence, as it was up to the Town Hall to grant it and so, it was out of the control of the developer. The Appeal Court reversed this decision on grounds that granting licences of occupancy by administrative silence was not valid, if these violated planning laws and regulations. On appeal, the Supreme Court ratified this conclusion.-

The Court also deemed that foreigners deserved extra protection given that, whilst their understanding of the laws was lower, they trusted the reliability of the Spanish system of protection of property rights.

The building licence came under scrutiny from Marbella Town Hall as the residential complex had been built on land zoned for one family Andalusian style homes and had been challenged by the Junta de Andalucía.

What Marbella Vista Golf SL had built was eleven blocks with 42 separate entrances, with carparks and communal zones, making up the residential complex of Santa María Green Hills.

admin In the Media Marbella Vista Golf S.L., Santa Maria Green Hills

A Marbella law firm has denounced around ten banks for fraud

Spanish “Hacienda” has recently confirmed that the so-called Equity release on Spanish property is not valid for tax mitigation purposes. According to an official answer to an enquiry submitted by Lawbird Legal Services representing 100 of approximately 1,000 victims, mostly British, attempting to mitigate wealth and inheritance taxes registering a charge against the property is tax fraud.  

This matter was denounced a year ago at the Audiencia Nacional as fraud, fraudulent publicity and tax evasion but the Magistrate Fernando Andreu dismissed the case on grounds that he deemed the allegations to not be of a serious nature and the facts were not proven conclusively. Civil proceedings have been filed and rulings are soon expected.  

According to Antonio Flores of Lawbird, “the Tax Office’s response represents a boost to the aspirations of the victims in relation to demonstrating that, indeed, they were victims of a scam and not accomplices to an alleged fraud, as has been insinuated”.  

Following the dismissal of the case by the National Audience back in April 2012 and further to a “denuncia” filed at the Malaga offices of the Spanish Tax Office, Lawbird indicated that it was this body who should investigate if such a “tax amnesty”, now deemed fraud, did actually exist.  

Tax fraud

Hacienda has now come back stating that the approximately 600 mortgage loans sold to foreign pensioners with a Spanish property, under the pretext that they would allow them to – legally- mitigate wealth tax during the life of the subscriber, and inheritance taxes following their demise, cannot benefit from any reduction in such taxes. In fact, the Tax Office states that attempting to reduce the value of the home would constitute tax fraud and a criminal offence where the defrauded sum exceeds €120,000 per tax year.  

Lawbird deems that “the borrowers are victims because top banks confirmed the legality of the product, assisted by top-notch Madrid lawyers who now, following the repercussions of the case, are distancing themselves from their former clients.”  

Banks

The banks allegedly involved are Nordea Bank Luxemburg, Danske Bank Luxemburg, Landsbanki, Jyske Bank,Rothschild, Sydbank and Nykredit who sold either directly, or through unregulated Costa financial offices, the financial packages. Most of the pseudo-IFAs have now disappeared.  

According to the victims, the strategy was to scare them with unbearable tax consequences should they not do anything with their unencumbered properties. Several banks, most of them from Scandinavian countries with private banking offices in Luxembourg, made their clients believe that that in Spain, if someone is to die without having a mortgage on their properties, the Tax Office would tax the inheritors so heavily that they would not be able to ever pay those taxes.  

They offered mortgage loans to reduce the value of their properties and advised that the loan capital should be sent to opaque tax havens, in some cases, with a view to have it invested on behalf of the pensioner. However, as a result of poor investment decisions by these banks the invested capital lost substantially and now, the victims are fighting to save their homes.  

This alleged financial plot started in 2004 and finished in 2008. Flores calculated that in Spain, over 500 couples could be affected, most of them pensioners. The total sum of funds taken out to Luxembourg could reach 250 million euros, according to the lawyer. The banks told their clients that this sum would be “tax free” if it was inherited in a tax haven, or without the Spanish Hacienda’s knowledge. The alleged fraud to the Tax Office could reach, on average, 20 per cent of the total sums, approximately 50 million euros in total.  

Lawbird is particularly worried that pensioners with very limited income, some of whom were over 85 years of age, decided to rush into speculative investments with their properties.

Spanish tax office will not accept equity release to mitigate taxes

admin In the Media Antonio Flores, Equity Release, Lawbird

La Agencia Tributaria ha dictaminado que las llamadas hipotecas inversas extranjeras no sirven para desgravar impuestos en España a quienes poseen inmuebles en nuestro país. Así se desprende de la documentación oficial difundida por el bufete de abogados Lawbird, con sede en Marbella, que representa a un centenar de casi mil afectados, en su mayoría británicos, que denunciaron por estafa en 2011 a una decena de bancos extranjeros ante la Audiencia Nacional (AN). La querella fue archivada en 2012.

Además del delito de estafa se denunció publicidad engañosa, defraudación a la Hacienda Pública, así como falsedad en documento público, en relación con la conocida como hipoteca inversa extranjera. El juez Fernando Andreu consideró que los hechos no revestían la gravedad necesaria y no se habían probado concluyentemente. La vía civil sigue abierta, en paralelo a la denuncia interpuesta por los afectados ante Hacienda.

«Esta respuesta de Hacienda ahora, un año después, supone un espaldarazo a las pretensiones de las víctimas en cuanto a probar que, en efecto, fueron víctimas de un engaño y no copartícipes de un fraude fiscal», explica el abogado Antonio Flores, máximo responsable del despacho marbellí.

Ahora, en respuesta a los denunciantes de dicha estafa, Hacienda hace constar que «los aproximadamente 600 préstamos hipotecarios» que se vendieron a jubilados extranjeros con vivienda en España, «bajo el pretexto de que servirían para reducir el Impuesto de Patrimonio del subscriptor, y al fallecimiento de éste el Impuesto de Sucesiones», no servirán para beneficiarse de ello.

admin In the Media

They are recusing him on the grounds of a connection with the accused

More than a hundred people suing to get their money back in the case of a property development which was never built are seeking to get the judge disqualified from hearing the case after finding that his brother was associated with the main defendant, Ricardo Miranda Miret. The group of plaintiffs, most of them British and American, say that Ignacio Coronado Ruz, brother of Madrid judge José Emilio Coronado Ruz, was “a shareholder, secretary, and even chairman of the board of Paraíso Tropical SA”, a company owned by Ricardo Miranda, who is accused of fraud amounting to more than 12 million euros.

admin In the Media

El hermano del magistrado estaba vinculado al principal implicado en el fraude

El titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, ha sido recusado por un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en Estepona. El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, le demandan que abandone el caso, al conocer que el hermano de dicho instructor, Ignacio Coronado Ruz, ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical S.A.”. Y es que, resulta sorprendente que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar hace dos años.

La citada mercantil es propiedad de uno de los principales imputados en el caso, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en Estepona y en República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Además, el hermano del instructor ha sido también representante de la mercantil inversiones CCF S.A., antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana. Y es que, es sabido que no solo hay afectados por el fraude en Estepona, sino tabién en el citado país caribeño.

A su vez, la sociedad CCF S.A. era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A., cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos juzgados recientemente en el juicio oral del Caso Malaya.

De este modo, el bufete Lawbird solicita además la ampliación de la querella inicial, pidiendo que sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado, ya que todos ellos “cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. En concreto, Ignacio Coronado se embolsó 100.000 euros a título personal.

Asimismo, cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a una gran parte de los querellantes – británicos, irlandeses y norteamericanos, que habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia – viviendas en la localidad en la promoción denominada Estepona & Country Club, que iba a construirse en Arrroyo Vaquero.

Pero lo cierto es que la promotora jamás fue propietaria de dicho terreno, de hecho, ni si quiera el suelo es apto para edificar. Además, la licencia de obra nunca fue solciitada. Tan solo se pidió permiso para la caseta de ventas que, pero fue denegado por el Ayuntamiento de Estepona.

De este modo, “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda”, estando al tanto de lo anterior, se enriquecieron con las ventas sobre plano, desviaron los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y continuaron allí el irregular negocio inmobiliario. Por último, los letrados han destacado que para evitar el alcance de semejante engaño, los contratos solo fueron firmados por los compradores, mientras que la promotora se abstuvo de ello. 

admin In the Media Estepona & Country Club, Lawbird, Ocean View, Paraiso Tropical SA, Sun Golf