THE AUDIENCIA NACIONAL WILL NOT BE INVESTIGATING THE SCAM THAT LEFT SCORES OF EXPATS AT RISK OF LOSING THEIR HOMES

The Audiencia Nacional insists there is not enough evidence to merit launching a criminal investigation despite the group of 20 foreign residents filing over 200 pages of documents against several Scandinavian banks.

“This is a clear case of judicial apathy by the Court which, after probably not reading the claim, considered it nevertheless irrelevant in what is a steadily worsening record of protecting rights of consumers,” said Antonio Flores from Marbella law firm Lawbird who is representing the Malaga victims.

But offering a ray of hope to the hundreds of expats affected, the Danish government on the other hand has now decided to open an investigation into the scam.

“It does not sound very good if a Danish bank is involved in such a concept. It will be included in our priorities” insisted Johnny Hansen Schaadt, director of The Danish Tax Office Special Department of Economic Crime.

Los afectados, en su mayoría procedentes de Irlanda y Reino Unido, han acudido a las puertas del juzgado a manifestarse y a ratificar la querella que interpusieron el pasado junio por la compra de unos muebles, que nunca llegaron, para las viviendas que adquirieron a la compañía querellada.

El abogado que lleva el caso, Luis González Ordóñez, ha explicado que la presunta estafa consiste en que “el grupo MacAnthony se ha apropiado de unos 500.000 euros a través de la ficción de que el dinero que se recibía era al objeto de poder comprar unos muebles en las viviendas que estaban comprando ellos en terceros países” y que “jamás llegaron a recibir”.

Por otro lado, el abogado ha asegurado que “la empresa ha desaparecido de forma irregular, sin llevar a cabo ninguna liquidación ordinaria, ningún concurso ni forma normal de desaparición”, el administrador tampoco quiere saber nada, y la empresa que tenía enMadrid y en Marbella ya no está, y nadie atiende a las llamadas ni a los correos electrónicos.

“No estamos hablando sólo de un dinero que ha desaparecido”, ha precisado el jurista, “sino de una fórmula tendente a engañar para la apropiación y quedarse con el dinero a través de un complejo societario, que es el grupo MacAnthony”, ha asegurado.

La empresa MacAnthony Realty Internacional SL estaba participada en un noventa por ciento por una empresa peruana, cuyo administrador es un testaferro de 90 años con domicilio en Perú, y que a su vez apoderaba a terceras personas, que son los administradores de facto, ha explicado González.

El letrado ha indicado que a los 35 afectados que representa se les ha estafado en torno a medio millón de euros, y a cada individuo entre 10.000 y 30.000 euros para bienes muebles.

Se les acusa por los delitos de estafa y apropiación indebida en tanto en cuanto “se presentaban como mediadores para la trasmisión de unos muebles que estos señores jamás han visto, con el agravante de que tienen que venir a España y tienen que presentar una querella aquí”, ha señalado.

Los presuntos estafados, en los juzgados marbellíes. P.S.

Más de 30 británicos se concentraron ayer en los juzgados de instrucción de Marbella, ubicados en la avenida Mayorazgo. Portaban carteles en los que preguntaban dónde está su dinero y dónde están sus muebles, en señal de protesta. Se declaran afectados por un engaño masivo que les hizo perder un total de 500.000 euros, un dinero que estaba destinado para comprar unos enseres para sus viviendas que nunca llegaron a tener.

Ayer, acudieron a ratificar su querella en contra de la empresa MacAnthony Realty Internacional, la entidad a la que acusan de estafa y apropiación indebida; una empresa con sede en Marbella pero que desapareció «de forma irregular», explicó el abogado que representa a 35 presuntos estafados, Luis González.

«No han llevado a cabo ninguna liquidación ordinaria ni concurso ni ninguna forma normal de desaparición», indicó el letrado. Para González, se trataba de un complejo societario «tendente a engañar para quedarse con el dinero». La empresa del principal acusado, Darragh MacAnthony, estaba participada por una sociedad radicada en Perú y cuyo administrador es una persona de 90 años con domicilio en este país sudamericano, añadió.

Depurar responsabilidades. Las supuestas víctimas presentaron ayer sus pasaportes y ratificaron su querella en el juzgado de instrucción número 4 de Marbella. La mayoría proceden de Inglaterra e Irlanda y pagaron entre 10.000 y 40.000 euros cada uno por sus muebles, aunque el despacho marbellí que lleva el caso, Lawbird, calcula que las cantidades estafadas son millonarias y los afectados son muchos más de los que representan.

«Las operaciones se han hecho en masa, hablamos de cientos de afectados que han dado el dinero por perdido. Son cantidades importantes pero quizá no lo suficiente para que tengan que molestarse y venir a España a plantear una querella», argumentó.

La empresa de MacAnthony se presentaba como una entidad intermediaria que les presentaba los muebles por catálogo y que, supuestamente, los encargaba a los fabricantes, ubicados en países como Turquía. Esta característica se ofrecía como un ahorro para los compradores que tenían comprado sus inmuebles en otros países como Marruecos, Chipre, Bulgaria o Tailandia.

El principal acusado, Darragh MacAnthony, niega su responsabilidad en el asunto, tal como indicó el bufete que representa a los supuestos estafados. En la actualidad, MacAnthony es el propietario de un club de fútbol de la primera división inglesa.

«No sabemos exactamente dónde se encuentra. Sabemos que tiene domicilio en España y concretamente en Marbella», explicó González. «Vamos a ver las diligencias de averiguación que se realizan por los juzgados y policía para ver si lo pueden localizar. Queremos que acredite lo que tenga que acreditar», advirtió.

El objetivo de los querellantes es recuperar el dinero que desembolsaron pero, sobre todo, quieren que se depuren responsabilidades. «Queremos que se aclare todo», manifestaron ayer.

Los afectados se concentraron ayer con pancartas en los juzgados de Marbella. :: JOSELE-LANZA

MacAnthony Realty International (MRI) developed resorts in several countries from its Marbella headquarters and sold furniture packs to clients.

Hugely popular on the holiday market, MRI had hundreds of Irish customers and boasted an annual turnover greater than €100m before the credit crunch.

It made the 35-year-old Dubliner, who now owns Peterborough Football Club, a multi-millionaire.

However, a group of 51 Irish and British buyers claim that €492,000 worth of furniture, ordered more than five years ago for apartments in Morocco, Bulgaria and Cape Verde, was never delivered.

Antonio Flores, the Spanish lawyer acting for the group, claims “many other” MRI customers are affected. He alleges that missing furniture is just one of the irregularities linked to MRI, or related companies.

He said that an additional claim, totalling €15m, is being prepared on behalf of 200 Irish and British MRI customers claiming that they lost large sums in upfront fees.

MRI has consistently denied any allegations of wrongdoing.

The initial complaint regarding furniture was referred to a Marbella court and is being heard by Judge Beatriz Gomez-Escolar at the Court of Instruction.

Under Spanish law, individuals can initiate criminal procedures in some cases.

The judge will now decide whether Mr MacAnthony and five other defendants should face the charges of “misappropriation of funds and theft by swindle”.

Among those wielding placards outside the Marbella court were claimants Brendan O’Dell (52), who works for a pharmaceutical company, and his partner Elizabeth Egan (52), from Corofin, Co Clare.

The couple paid €14,000 for a furniture pack for their Moroccan apartment which they claim was never delivered.

“It’s a joke. This has been dragging on for five years. Like everyone else here we are determined to get our money back,” Mr O’Dell said.

Claimants John and Muriel Andrews, from Ballycarry, Co Antrim, were also at the court. They paid MRI €29,900 in advance for two furniture packs, for apartments in Cape Verde, which they claim have never been delivered.

Efforts to contact Mr MacAnthony were unsuccessful last night. But he has previously said: “There are no foundations behind these allegations. I certainly didn’t do anything wrong and neither did anyone with MRI when I was there.”

He also said: “I operated a company which did thousands of sales around the world with many happy clients, but will forever be haunted by the few hundred for which it didn’t work out.”

In relation to undelivered furniture, the company has said the 2008 property crash forced several of its furniture suppliers out of business and it had to engage new ones — effectively paying twice for the same furniture order.

Also accused in the Spanish case are former MRI CEOs Michael Liggan and Dominic Pickering, Sarah O’Callaghan, and Nicola Shaw, a former director of MRI Ireland. The defendants face up to eight years in jail if convicted of the charges.

La decisión de la Sala demuestra una “absoluta apatía judicial”. “La clamorosa ligereza de la Audiencia Nacional contrasta con la presurosa reacción del gobierno danés, que ya ha anunciado que investigará el caso”, añadió el letrado. El asunto, según Flores, ha causado una “gran conmoción” en Dinamarca, tras conocerse que el cuarto mayor banco de aquel país, Sydbank, implicado en la presunta estafa, opera en España sin la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Esperamos que a partir del momento en que las noticias de lo que ocurre en Dinamarca se filtren aquí, los entes competentes, como la CNMV o la Audiencia Nacional, actúen de oficio”, señaló el abogado, que apuntó que la primera perjudicada por el presunto fraude fiscal es la Agencia Tributaria, a la que se podría haber hurtado entre 50 y 75 millones de euros.

Flores recordó que el caso está siendo investigado por los juzgados de Primera Instancia y que existe la opción de abordar el asunto por la vía civil.

El promotor imputado, administrador de Sun Golf, Ricardo Mirando, declaró el pasado diciembre. Aseguró no haber mantenido ningún contacto con sus clientes «ni físicamente ni por escrito» y que efectuó la devolución del dinero a la inmobiliaria implicada, Ocean View Properties, en función de su comparecencia judicial, a la que ha tenido acceso La Opinión. «Tendrá que probarlo porque aún no ha presentado ni un solo documento», criticó Antonio Flores, el titular de Lawbird, el despacho de abogados marbellí que representa a los litigantes. «Ahora hemos pedido la declaración de la inmobiliaria británica para que demuestren si han recibido o no el dinero», añadió.

70.000 euros de entrada

Los afectados personados en la querella suman 90 aunque, según los cálculos de Flores, los reales pueden superar los 600, ya que ambas empresas se aliaron para construir y promocionar distintos complejos residenciales en la Costa del Sol, en Marruecos y en la República Dominicana. Los 90 querellantes aseguran haber pagado 4,5 millones de euros por una vivienda que se quedó en el plano. Una media de 70.000 euros por cada afectado.

«Sólo en Estepona se vendieron 395 viviendas», indicó. La promoción de Estepona se situaba en la zona conocida como Arroyo Vaquero y sobre la que se asiente, tal cual el solar donde iban a levantarse los inmuebles vendidos.
Están acusados de apropiación indebida y de estafa en un pleito iniciado en 2011 y que llevan los juzgados madrileños.

Según Miranda, todos los contratos que se realizaron con los compradores los hizo la inmobiliaria y no su promotora. Con ella, reconoce haber llegado a un acuerdo de prestación de servicios para que se construyera las viviendas de Estepona y que «al final de toda la promoción tendría un margen de beneficios del 8%», en virtud de su declaración.

Los hechos se remontan a 2006. La agencia Ocean View Properties alcanzó un acuerdo con comercialización con la promotora que administra Miranda. La primera se comprometía a captar clientes británicos para invertir en los pisos y la segunda se encargaba de construir los inmuebles. Finalmente, la obra ni siquiera llegó a iniciarse.

Una promoción invisible con futuros residentes pero sin casas

El origen de la supuesta estafa se encuentra hace seis años. Entonces, las presuntas víctimas compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso, el abogado Antonio Flores, titular del bufete con sede en Marbella Lawbird. En la actualidad y pese a que aseguran haber pagado, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», indicó el propio letrado. El asunto es grave, en opinión de Flores, ya que los acusados percibieron los depósitos de sus propios clientes sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la legislación vigente, según explicó. Con estos antecedentes, las intenciones del promotor acusado de este posible fraude inmobiliario, Ricardo Miranda, «no podían ser más sospechosas», en su opinión.

Nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar sigue calificado urbanísticamente como suelo rústico, indicó Flores. En su declaración ante el juez, Miranda asegura haber devuelto el dinero a la agencia inmobiliaria y se desmarcó de las acusaciones que los querellantes vierten contra él. «No he mantenido relación con ellos ni física ni por escrito», dijo. Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, paradójicamente, pertenecía a dos implicados en la operación ´Malaya´. Uno de ellos, el acusado por cohecho y fugado Andrés Liétor.

Som Spanien i Dag tidligere har skrevet om, har en spansk advokat anlagt sag mod seks danske banker for svindel og vildledende markedsføring. Indtil videre har Antonio Flores fra Marbella fået sagen afvist i byretten og landsretten, men han giver ikke op.

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Den spanske advokat anklager i alt 10 banker, heriblandt seks danske, der har solgt investeringslån på Solkysten. Antonio Flores repræsenterer kunder fra Nordea, Danske Bank, Sydbank, Nykredit, Jyske Bank og Finansbanken.

Har snydt og solgt på falske præmisser

Bankkunderne har mistet formuer på at belåne deres boliger i Spanien og investere friværdien. Det er sket gennem skattely-lande som Schweiz og Luxemburg. Ifølge Flores fik kunderne dels at vide, at de kunne undgå at deres arvinger skulle betale arveafgift, dels at investeringerne både ville dække låneudgifter og give ekstra penge i kassen.

- Bankerne har snydt folk. De skulle aldrig have tilbudt produkterne til disse mennesker. Banker er forpligtede til ikke at sælge produkter, der kan skade folk. Investeringslån i friværdien er et højrisikabelt produkt, der blev solgt til pensionister på falske præmisser. Hvis bankerne havde informeret om risici, ville de aldrig have sat hele ejendomme på spil, siger advokaten.

Lånedokumentet tinglyses i den spanske ejendom, hvorefter provenuet fra lånet udbetales i en schweizisk – eller anden udenlandsk – bank

Har mistet op mod 40 procent

Han mener også, at det er direkte ulovligt at belåne sin bolig for at slippe for arveafgift.

I alt har hans klienter investeret omkring 200 mio. kr. og tabt op til 40 pct., da boblen bristede i 2008. Flores kæmper for at få kontrakterne dømt ugyldige og forpligte bankerne til at erstatte tabene på op mod 80 mio. kr.

Hør interview med advokat Antonio Flores, der udtaler sig om sagen (på spansk)

Kort resume af Radio Solymars interview med advokat Antonio Flores:

- Sagen er ikke blevet afvist, den er lagt over til andre dommerkontorer og vil blive behandlet ved enten kriminalretten eller i civilretten. Landsretten har end ikke undersøgt sagen, men nøjes med at konstatere, at den ikke hører til der, siger han.

- Vi forventer at aftalerne mellem bankerne og deres kunder om salg af højrisikable lån bliver annulleret, fordi de blev solgt til personer, som ikke kendte noget til investeringer. Kunderne fik tilbudt en rådgivning, der havde til henblik at unddrage beskatning.

Antonio Flores mener også, at de danske banker kan være blevet snydt af uhæderlige investeringsrådgivere, frem for alt briter, der kontrollerede markedet.

- Bankerne har ikke undersøgt sagen til bunds, eller også har de troet, at det her rent faktisk gik eller overladt sagen til tvivlsomme eksperter, hvoraf mange opererede illegalt i Spanien, siger han.

Det er frem for alt briter, der er gået i fælden hos de danske banker, mener han.

- Der er brug for mere kontrol med markedsføringen over for udlændinge på Costa del Sol. Det er jo grusomheder, der bliver reklameret med, og vi spaniere kan simpelt hen ikke forstå, hvordan man kan bedrage ældre folk på den måde, siger advokaten.

- Jeg talte i morges med en engelsk dame på 88 år, som nu ser ud til at miste sit hus til Jyske Bank. Hvordan kan det lade sig gøre, at en ældre dame, der er kommet til Costa del Sol for at nyde resten af sit liv her bliver udsat for den slags, fortæller advokaten, som slutter af med at konstatere at Spanien endnu ikke er på højde med Nordeuropa, når det gælder kontrollen med finansielle produkter.
Danske Bank tager det med et gran salt

Jylland Posten har fået fingrene i interne dokumenter fra Sydbank Schweiz, hvori man erkender, at der kan blive tale om erstatninger til formuende kunder i Spanien. Kunder, som har investeret deres friværdi gennem banken i Schweiz.

Hos Danmarks største bank, Danske Bank, tager man anklagerne roligt.

- Vi er forbløffede over, at advokat Flores holder fast i sagen, der er blevet afvist to gange, siger Klaus Mønsted Pedersen, adm. direktør for Danske Bank International, til Jyllands Posten.

Advokat Antonio Flores oplyser, at sagerne ikke er blevet afvist ved domstolen i Madrid. Retten har erklæret manglende kompetence i disse sager og henvist til, at de skal rejses ved domstolene i de områder, hvor de berørte ejendomme ligger.

- Vi har derfor anlagt sager ved dommerkontorene i flere kommuner, siger Antonio Flores.

Spanien i Dag følger sagens udvikling.