{"id":985,"date":"2013-01-17T23:40:24","date_gmt":"2013-01-17T22:40:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/?p=985"},"modified":"2014-05-05T19:06:02","modified_gmt":"2014-05-05T18:06:02","slug":"mas-de-un-centenar-de-britanicos-recusan-al-juez-que-investiga-una-macroestafa-inmobiliaria-en-la-costa-del-sol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lawbird.com\/wordpress\/mas-de-un-centenar-de-britanicos-recusan-al-juez-que-investiga-una-macroestafa-inmobiliaria-en-la-costa-del-sol\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de un centenar de brit\u00e1nicos recusan al juez que investiga una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol"},"content":{"rendered":"

M\u00e1s de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayor\u00eda de nacionalidad brit\u00e1nica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00famero 16 de Madrid, Jos\u00e9 Emilio\u00a0Coronado Ruz<\/strong>, tras detectar que su hermano,\u00a0Ignacio Coronado Ruz<\/strong>, “aparece vinculado societariamente<\/strong>\u00a0al principal implicado en el fraude,\u00a0Ricardo Miranda<\/strong>\u00a0Miret”.<\/p>\n

El despacho de abogados Lawbird, con sede en la localidad malague\u00f1a de Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de la presentaci\u00f3n de la correspondiente recusaci\u00f3n.<\/p>\n

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila<\/strong> y Luis Fernando Gonz\u00e1lez Ord\u00f3\u00f1ez<\/strong> han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administraci\u00f3n de la sociedad Para\u00edso Tropical SA”, seg\u00fan ha informado el despacho de abogados a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de m\u00e1s de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de dep\u00f3sitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y Rep\u00fablica Dominicana, nunca se llevaron a cabo.<\/p>\n

As\u00ed, Ignacio Coronado Ruz ha sido tambi\u00e9n representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. –antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en Rep\u00fablica Dominicana–, seg\u00fan el comunicado.<\/p>\n

Tal y como ya se conoci\u00f3 p\u00fablicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no s\u00f3lo hay afectados por el fraude en Estepona, sino tambi\u00e9n en el citado pa\u00eds caribe\u00f1o, seg\u00fan el citado comunicado.<\/p>\n

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos due\u00f1os son los conocidos empresarios Carlos S\u00e1nchez Hern\u00e1ndez y Andr\u00e9s Li\u00e9tor.<\/p>\n

Seg\u00fan ha informado el despacho de abogados Lawbird, ambos han sido juzgados recientemente en el juicio oral por el Caso ‘Malaya’ y se enfrentan a abultadas penas de c\u00e1rcel por diversos delitos, principalmente cohecho.<\/p>\n

As\u00ed, el bufete Lawbird<\/strong> ha solicitado no s\u00f3lo la recusaci\u00f3n del juez Coronado, sino tambi\u00e9n la ampliaci\u00f3n de la querella inicial. Pretenden que tambi\u00e9n sean imputados junto a Miranda los empresarios S\u00e1nchez y Li\u00e9tor, adem\u00e1s del hermano del magistrado de Plaza Castilla.<\/p>\n

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisi\u00f3n de los terrenos de Rep\u00fablica Dominicana”, ha expresado el comunicado. En concreto, la ampliaci\u00f3n de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucci\u00f3n 16 de Madrid habr\u00eda cobrado 100.000 euros a t\u00edtulo personal, aproximadamente.<\/p>\n

En opini\u00f3n de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculaci\u00f3n de su hermano con los hechos denunciados que comenz\u00f3 a investigar”. As\u00ed pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos a\u00f1os como si lo ignorara”.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, lamentan que el juez ahora recusado no haya tomado medida cautelar alguna, desde que comenz\u00f3 a instruir dicha querella, y no descartan “acciones judiciales directas” derivadas de los hechos de la recusaci\u00f3n, “teniendo en cuenta en todo este caso la mejor atenci\u00f3n a nuestros clientes que depositaron su confianza en la justicia penal espa\u00f1ola, y a fin de evitar que situaciones como la presente vuelvan a plantearse a nadie que acuda a pedir justicia en Espa\u00f1a”.<\/p>\n

Los damnificados, en su mayor\u00eda de nacionalidad brit\u00e1nica, pero tambi\u00e9n irlandeses y norteamericanos, hab\u00edan elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y tambi\u00e9n como segunda residencia.<\/p>\n

Cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo due\u00f1o es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a gran parte de los querellantes viviendas en Estepona en la promoci\u00f3n denominada Estepona & Country Club. Se iba a construir en el paraje de Arroyo Vaquero.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Lawbird ha expresado que la promotora jam\u00e1s ha sido propietaria del citado terreno y el suelo no es apto siquiera para edificar, nunca lo fue. Nunca fue solicitada la licencia de obra para construir, ante el Ayuntamiento de Estepona (M\u00e1laga). A lo m\u00e1ximo que lleg\u00f3 el promotor fue a pedir un permiso para la caseta de ventas que, incluso, fue denegado por el Consistorio malague\u00f1o.<\/p>\n

Por \u00faltimo, Lawbird<\/strong> ha denunciado que “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda sab\u00edan todo lo anterior y, sin embargo se enriquecieron con las ventas sobre plano”, desviando los dep\u00f3sitos a sus empresas en Rep\u00fablica Dominicana para financiar la compra de terrenos, y as\u00ed continuar all\u00ed el irregular negocio inmobiliario objeto tambi\u00e9n de la querella. Los letrados Flores<\/strong> y Gonz\u00e1lez Ord\u00f3\u00f1ez<\/strong> destacan que “para evitar el alcance de semejante enga\u00f1o, la promotora nunca firm\u00f3 los contratos que s\u00ed firmaron los compradores”.<\/p>\n

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