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April 23rd, 2018
Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

La isla de Man es un pequeño territorio ‘offshore’ entre Irlanda e Inglaterra. No pertenece a la UE, pero sí al Reino Unido, que le proporciona defensa y política exterior. Pese a contar con solo 75.000 habitantes, ha demostrado tener orgullo. Al menos uno de sus jueces, que ha amenazado a un grupo de jubilados británicos que pleitean en Marbella contra una de sus empresas, Old Mutual Isle of Man, a la que acusan de timarles con un producto financiero complejo —otro más— vendido a jubilados británicos en la Costa del Sol. Según el juez, si siguen adelante en España, se enfrentan a penas de prisión o al embargo de sus bienes en el Reino Unido, y lo mismo sus abogados e incluso el personal del juzgado.

La Costa del Sol es el paraíso de las estafas a británicos. Decenas de miles de expatriados viven en su burbuja, sin conocer el idioma ni las leyes españolas, y a menudo se fían de compatriotas y de sus productos financieros. Algunos han sufrido el rigor de la piqueta española, otros contrataban hipotecas inversas con Rothschild que han acabado en los tribunales y otros dejaban sus ahorros en manos de Naughty Nigel, un pícaro jugador de póquer que decía invertir en bolsa con un ojo de águila… Hay infinidad de ejemplos.

La Costa del Sol es el paraíso de las estafas a británicos. Decenas de miles de expatriados viven en su burbuja, sin conocer el idioma ni las leyes

Otros invirtieron en Old Mutual Isle of Man, una compañía aseguradora que les vendía un producto financiero complejo desde Man, un territorio ‘offshore’ con miles de empresas. Cuando la inversión fue mal, recurrieron a los tribunales españoles, que han condenado a bancos y chiringuitos financieros a devolver el dinero en cuanto el nivel del cliente era el de un inversor medio.

Así lo hicieron una pareja de expatriados, periodista y fisioterapeuta, afincados en Marbella. El 31 de julio pasado presentaron una demanda reclamando la nulidad del seguro de vida con Old Mutual en un juzgado de Marbella. Su abogado, Juan Martínez Soler, del despacho Lawbird en Marbella, alegaba que la Isla de Man no es territorio de la UE y que aunque el contrato estipulaba que las diferencias se resolverían allí, esa cláusula es nula, como tantas abusivas en estos contratos.

Miles de expatriados británicos y alemanes viven en la Costa del Sol. (EFE)
Miles de expatriados británicos y alemanes viven en la Costa del Sol. (EFE)

En la demanda esgrimían que Old Mutual nunca estuvo autorizada en España a operar como agente de seguros pese a que los ofrecía desde una oficina en Marbella a través de mediadores como ASF Europe Alliance. Según el escrito, “la información disponible al público en lo relativo a las autorizaciones para operar en España es objetivamente falsa”. ASF Europe Alliance, que los comercializaba, está registrada como una empresa de publicidad, pero ni la CNMV ni la dirección general de seguros tenía constancia de ellos, según aportaron los demandantes.

Estos habían contratado en 2011 una póliza llamada ‘executive investment bond’, una póliza de vida en que, al fallecer el asegurado, los beneficiarios del seguro reciben lo invertido más un 1%. En total, invirtió allí 688.000 libras esterlinas (unos 780.000 euros), de las que fue retirando 490.000 libras, por lo que le reclama las 198.000 libras (207.000 euros) que le faltan. En la demanda, los inversores sostienen que no entran a valorar cómo movió el dinero Old Mutual —eso sería “como intentar establecer la mala praxis de un falso cirujano”— sino en que no tenía ningún permiso para operar en España. Reclaman que el contrato era abusivo, al imponer un juez en la Isla de Man y no en Marbella para dirimir las disputas.

Además, la ley de seguros establece que “serán nulos de pleno derecho” los contratos realizados por entidades no registradas, como sería el caso de Old Mutual en España. El juzgado de Marbella admitió a trámite la demanda y comenzó el lento peregrinar que tienen estas cosas. Hasta ahí, sería un caso más de británicos reclamando en la Costa del Sol un dinero perdido en extrañas inversiones ‘offshore’ (hay bancos daneses y empresas con sede en Gibraltar en pleitos parecidos).

La ley de seguros establece que “serán nulos de pleno derecho” los contratos realizados por entidades no registradas

Pero el pasado enero el guion dio un giro inesperado. Old Mutual presentó su propio escrito en un tribunal de la Isla de Man para paralizar las actuaciones judiciales en España. Y les dieron la razón. El 31 de enero, el alto tribunal de la Isla de Man emitió un aviso penal en el que avisaba al matrimonio que, de seguir su demanda en España, podrían verse condenados “por desacato, ser encarcelados, multados o tener sus bienes embargados”.

No solo eso, sino que el juez avisaba de que lo mismo le podría ocurrir a “cualquier otra persona que conociendo esta orden ayude” a los demandantes. En último extremo esto incuso se aplica al personal de Justicia español. “Es absurdo, la Isla de Man amenazando al tribunal español con acciones penales. Es lo nunca visto”; razona Antonio Flores, director de Lawbird. El juzgado de Marbella analiza ahora la competencia sobre el caso.

Un portavoz de Old Mutual afirmó por correo electrónico que no intentan disuadir a nadie del pleito, pero que debe realizarse en la Isla de Man: “Old Mutual International no intenta evitar que los pleitos sigan. El juicio solo afecta a dónde debería verse la demanda, y el alto tribunal de la Isla de Man ha ordenado que sea en la Isla de Man. Cualquier riesgo posterior surge del rechazo continuado a cumplir una orden del Tribunal Supremo. Este rechazo es lamentable, pero no tiene nada que ver con Old Mutual International”.

March 21st, 2017
Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

Un enorme cartel publicitario en la ladera de la montaña daba la bienvenida a Marbella. “Bienvenido a territorio MacAnthony”. MacAnthony es Darragh MacAnthony, un halcón del negocio inmobiliario nacido en 1976 en Dublin que desde la Costa del Sol vendía promociones en España, Bulgaria, Marruecos, Turquía o Cabo Verde. En el Reino Unido es famoso por tuitear contra los futbolistas del club que posee, el Peterborough United, en la tercera división inglesa, pero en la Costa del Sol lo conocen las decenas de británicos que le han denunciado por estafa con las promociones inmobiliarias con las que, dicen, les sacaba el dinero. Denuncian que la sociedad de MacAntonhy se esfumó de la noche a la mañana gracias a un nonagenario que asumió la titularidad llamado Fernando Arespacochaga del Olmo, sobrino del asesor fiscal de la ‘jet’ investigado por seis juzgados Joaquín de Arespacochaga. Fútbol profesional, Marbella, testaferros, Papeles de Panamá… Aquí no falta de nada.

El juzgado de instrucción 4 de Marbella investiga desde 2011 a MacAnthony y a su sociedad MacAnthony Reality International Spain. Decenas de británicos se querellaron contra él por estafa, blanqueo y apropiación indebida. Denuncian que les vendía casas en lujosas promociones prometiendo “una revalorización anual del 15%”. Aseguran que no solo cobraba anticipos por las viviendas, que en unos casos no llegaban a terminarse, sino que les cobraba otros servicios auxiliares con otras empresas. “MRI Lifetime, que es un servicio de instalación y mobiliario de los apartamentos, costaba 265 euros al año. Sorprende que les haga pagar por la instalación de muebles y el mantenimiento de la vivienda incluso mucho antes de que la misma esté construida”, sostiene la querella del abogado Sergio García Bravo, que su sumó al procedimiento el verano de 2016.

DANIELE GRASSO

El pleito lo comenzó el abogado Luis Fernando González, del despacho Lawbird, especializado en Marbella a defender a británicos de las múltiples estafas que han sufrido. En nombre de 49 compradores les denunció por apropiación indebida y/o estafa por unos muebles que, decían, nunca llegó a proporcionarles y por los que reclamaban 492.495 euros.

El abogado de MacAnthony, Enrique Fernández de la Lama, resta importancia al asunto: “Es la reclamación de unos clientes por la compra de unos muebles. Ya hemos justificado que fue porque llegó la crisis inmobiliaria. Fue a pesar de haber invertido más dinero del que se recibió de los clientes”. Este considera que lo lógico es que el procedimiento penal se archive y la reclamación siga otro curso.

Los demandantes no solo iban contra Darragh MacAnthony. Se dirigían también contra un hombre de 90 años llamado Fernando Arespacochaga del Olmo. Sostenían que era “formalmente el administrador único de la mercantil Inmobiliaria Vasco Peruana, la cual es, a su vez, también formalmente, la administradora única de la española MacAnthony Reality International Spain” (MRIS). Señalaban que dada la falta de movimientos económicos de la Inmobiliaria Vasco Peruana esta daba la impresión de ser “una empresa meramente instrumental”.

Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.
Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.

El argumento del abogado González es que MRIS desapareció en esa empresa para que no hubiera a quién reclamarle el dinero. Y que Arespacochaga era solo un hombre de paja al que jamás se lo podrían reclamar responsabilidades. MRIS quedó liquidada en 2012. En un columpio de altas y bajas en el registro mercantil, la sociedad estaba en manos de Inmobiliaria Vasco Peruana SAC desde el año 2005. Esta sociedad tiene sede en Perú y, aparentemente, no tiene ninguna conexión con Macanthony.

Sin cartel en la puerta

La declaración de Fernando Arespacochaga en el juzgado confirmó que efectivamente él tenía poco que ver en el negocio. Allí afirmó “que un sobrino suyo es asesor de MRIS y le invitó a tener un cargo como director de esta empresa para agilizar los trámites de esta ya que los socios de la entidad no residían en España y él sí”. Añadió que “por este cargo le pagan 600 euros al mes y que su sobrino se llama Joaquín de Arespacochaga” y admitió que “escapa a su control la actividad real de la empresa MRIS”, que él confió en su sobrino, que era quien le decía dónde tenía que firmar.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga llegan a las Seychelles

El nombre de Joaquín Arespacochaga quedó colgando en esa declaración. Nadie tiró del hilo. Era el asesor fiscal de MRIS y el que nombró a un nonagenario para que firmara. En otros seis juzgados de Cádiz y Madrid hay huellas de Arespacochaga, aunque en esos sí está siendo investigado, según una investigación de El Confidencial. Se trata de un inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de la jet. Está investigado por ayudar a miembros de la buena sociedad madrileña a fingir su residencia fiscal en el exterior, como tres hermanos Cotoner, tres hijos del exjefe de la Casa del Rey, y Enrique Maestre Cavanna, hijo del promotor Tomás Maestre. Según la investigación sobre el desvío de fondos públicos del dinero de la Bahía de Cádiz, Fernando Arespacochaga era utilizado como testaferro habitual por Joaquín Arespacochaga. La dirección de varias sociedades en las que participa la peruana en España es calle Azulinas 7, en Madrid, local identificado como centro de los negocios de Joaquín Arespacochaga en Madrid.

Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.
Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.

Cuando los abogados de los denunciantes de Marbella fueron a Madrid a ver la sede desde la que supuestamente se controlaban las inversiones en la costa vieron un portal anodino sin cartel en la puerta. Nada que ver con la pomposa sede de MRIS en Marbella años antes, ante la que a menudo estaban aparcados coches de lujo. El abogado de MacAnthony, Enrique Férnández de la Lama, ve perfectamente lógica la relación: “El sobrino de Fernando Arespacochaga le llevaba temas fiscales y como no estaba aquí en España puso en el consejo de administración a Fernando, pero no ha tenido nada que ver como MRIS”. Este sostiene, en contra de los denunciantes, que la Inmobiliaria Vasco Peruana no tiene nada que ver con las firmas de MacAnthony.

“Pasadlo a Mossack Fonscea”

El mismo papel de ‘prestanombre’ para la red societaria de su sobrino es el que Fernando de Arespacochaga tiene en las decenas de sociedades registradas en paraísos fiscales y creadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, a cuya base de datos este diario tiene acceso en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá. En medio de los once millones de documentos que la componen es donde se halla la conexión ‘offshore’ entre Arespacochaga y MacAnthony.

Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.
Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga no se limitan a que el nonagenario pasó a controlar formalmente la inmobiliaria de Marbella. Se replicó idéntico a miles de kilómetros de distancia, en las islas Seychelles. El nombre de Fernando figuraba como accionista de la sociedad Jaguar Capital Limited hasta 2005. En 2006, esta compañía se utilizó para abrir una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Natalie MacAnthony, la esposa de Darragh. Lo mismo hicieron ese año con cientos de sociedades para burlar un actualización de la ley europea sobre secreto bancario. La mujer del magnate del fútbol figura como “beneficiaria final del 100%” de la sociedad incluso en documentos de 2015.

El mismo Darragh intervino para agilizar los trámites. En un correo de finales de 2013 pide a su asesor que “pase los documentos a los de Mossack Fonseca, para asegurarnos de que todo esté bien hecho”. Y es que la sociedad tenía un fin declarado, gestionar una propiedad en Ascot, a las afueras de Londres. En marzo de 2016, la propiedad se vendió por 2,3 millones de libras, algo más de 2,6 millones de euros.

Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.
Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.

El imperio de MacAnthony en la Costa del Sol es historia. Pero sus perseguidores son tenaces. Los abogados de Lawbird han encontrado la mansión que posee en Marbella, un enorme chalé de 2.500 metros en una parcela de 8.000 en la Sierra blanca. La llaman el mirador, por las vistas, y está a nombre de una sociedad. “¿Si las inmobiliarias quebraron y no pudo pagar a los que le compraron los muebles cómo se está pagando esa mansión? ¿Quién paga esa hipoteca?”, se pregunta el abogado Luis Fernando González, que critica las maniobras societarias de MacAnthony, que no llevó sus empresas a concurso de acreedores. Estos recuerdan el gusto por el dinero de MacAnthony con una declaración de hace unos años: “Estaría desolado si en cinco año no atesoro un patrimonio de al menos mil millones de euros”.

OVP_spanish property scam_Sunday LifeMore than 1,000 buyers from the UK and Ireland lost £45m after Birmingham- based Ocean View Properties (OVP) was formally dissolved in 2009. OVP was the exclusive agent for the Manilva Gardens luxury holiday complex in Estepona on the Costa del Sol. It was behind successful overseas property enterprises, but ran into difficulties as UK agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret. A claim for fraud and misappropriation of funds was lodged in February 2011 in a bid to recover deposits paid by investors to OVP. It has more than 50 Northern Irish investors among 120 claimants for £9.2m. A second class action complaint for £2m, brought by 30 British and Irish investors, was filed in 2013. Many Northern Irish investors remortgaged homes to finance their dream luxury buys. One local investor was Armagh ex-teacher Ollie Reel, who now works for a firm helping investors to recover their lost money. Mr Reel and his three brothers sank thousands of pounds into the deal, but have managed to get some of it back.

“It started in 2006 and through a few good friends, mainly in GAA circles, they invested in Spain and I was persuaded at that time it could be good for me as well and I couldn’t lose out,” he told an Irish radio station. “The economy was booming and everyone was going mad buying property, like everyone else I got caught up in the euphoria of it all. “If only I had known what was ahead of me, I would never have considered it. “The investment I was involved in was in Estepona in Spain and there was about 100 of us on both sides of the border, I suppose we lost a combined €12m.

“These apartments were all fully furnished, they were very good at advertising it, they flew groups of us down to Spain and we stood on the actual site and we were all taken in by owning a new property in Spain.” He added: “The company went bust and it was down to the fact that the developer who was building our property hadn’t even got a building licence.” Mr Reel explained that after going through Spanish lawyers, he eventually was able to recover around half of his £145,000 deposit through a group called the Claims Bureau. He now works as a consultant for the group. The Madrid High Court probe has been beset by delays and setbacks. An investigating judge was replaced after he was found to have family ties to Mr Miranda Miret. In the latest twist, the developer is accused of submitting forged documents in the criminal action.

A spokesman for Marbella- based legal firm Lawbird said: “By using these documents, supposedly signed by the secretary of Ocean View in Spain, the developer tried to prove that they had formally notified the estate agent that it was not possible to continue selling apartments as no licences were in place and they didn’t own the land where the development was to be built.” Final witness statements for OVP are to be given on Wednesday. Following these submissions, the judge will decide if the case should proceed to trial. Mr Miranda Miret and others accused have all strongly denied any wrongdoing. Former Aston Villa captain Gareth Barry and BBC’s Homes Under The Hammer star Martin Roberts, who starred on I’m a Celebrity, were among those duped into marketing luxury off-plan apartments for the firm, though neither benefited in any way, or had any knowledge of the alleged irregularities.

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January 28th, 2017
Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

El barón David de Rothschild, heredero del famoso linaje industrial y durante años presidente de la banca Rothschild, fue interrogado por escrito por un juez de Dénia (Alicante) que le investiga por publicidad engañosa. Lo hizo el pasado 22 de julio, aunque la comisión rogatoria con la respuesta no llegó al juzgado español hasta el 19 de diciembre. Decenas de jubilados británicos y alemanes acusan a la banca Rothschild de venderles un producto financiero para evadir el impuesto de sucesiones con el que pueden perder sus casas. El barón respondió una y otra vez que no sabía cómo funcionaba el negocio en España. “No conozco ese producto”, responde en un cuestionario repleto de evasivas.

El barón de Rotschild firma su interrogatorio.

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El barón de Rotschild firma su interrogatorio.

Los jueces españoles siguen elevando el tiro contra la banca. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Dénia, Pedro Pablo Abad Ortiz, prosigue con la instrucción de una querella contra la banca Rothschild por publicidad engañosa. Jubilados británicos y alemanes en la costa han ido contra el banco por un producto financiero complejo. Simplificando, Rothschild les daba una hipoteca sobre la casa, ese préstamo era invertido y con los intereses ganaban dinero y además eludían el impuesto de sucesiones si uno de los cónyuges fallecía, porque estaba hipotecado fuera de España.

Así comercializó unas 130 hipotecas que, a una media de 600.000 euros, suman unos 70 millones de euros, según estima Antonio Flores, abogado de los demandantes, para dar un orden de magnitud. Flores tiene sede en Marbella y especializado en defender a extranjeros en la costa. Con la crisis financiera, esas inversiones fueron mal y los jubilados vieron después que debían poner dinero para mantener unas casas que ya tenían pagadas. Unos emprendieron pleitos por vía civil, que ganó Rothschild, y otros siguen en curso, pero este va por la vía penal por publicidad engañosa. “Es importante, puede pasar que vaya a juicio si no da la cara alguien. Él es el máximo director de la empresa. Es la persona que tiene que aprobar que se den esos millones en préstamos”, señala Flores.

Yo no estuve implicado personalmente en los contratos de Credictselect series 4. Para responder a este cuestionario, me han indicado desde NMR [NMR Rothschilds & Sons] que jamás ha propuesto fondos de inversión ligados a los contratos de esos préstamos”, señala el barón en su respuesta a un cuestionario por escrito. La comisión rogatoria a Francia fue enviada en marzo de 2016. En sus respuestas, que ocupan 17 páginas, abundan las evasivas: “La pregunta no está clara”, “a fin de contestar a este cuestionario, NMR me ha indicado que…”.

“Yo no estuve implicado personalmente en los contratos”, respondió el barón por cuestionario

Según las respuestas de David de Rothschild, los préstamos se daban a “individuos que tenían un inmueble que no estaba sometido a ninguna hipoteca, que declaraban tener otros activos y que eran expatriados [británicos o de otras nacionalidades]”, pero esa hipoteca nunca se dio para reducir el impuesto de sucesiones. Según él, era solo “un préstamo garantizado por el inmueble”, y quien lo pedía seleccionaba “las inversiones de acuerdo con el consejo de su asesor”. A la pregunta de si conoce a Stephen Dewsnip, señalado como uno de los artífices del esquema en España, responde: “Yo no lo conozco personalmente, pero me han informado desde NMR para contestar a este cuestionario que fue administrador de RBI [Rothschild Bank International Limited]”.

Este firmó como presidente de Rotschild Channel Islands un artículo en el que presentaba este sistema como un atajo contra el impuesto de sucesiones. Fue repartido en reuniones en la costa española, según los denunciantes. “Yo no he autorizado la publicidad de este producto porque no he estado jamás implicado personalmente en los contratos de préstamo”, responde el barón al juez de Dénia. Más adelante, responde que NMR no publicitaba la reducción del impuesto de sucesiones.

El barón, a la televisión francesa: “Me sorprendería mucho que se hubiera hecho algo ilegal”

Los demandantes, en cambio, han alegado que siempre se usaba la marca Rothschild y han aportado folletos en los que con el logo del banco se les vendía como una forma de eludir el impuesto de sucesiones. Sin embargo, ladirección general de Tributos contestó a una consulta que no era legal eludir el impuesto de sucesiones hipotecando un bien en el extranjero. Esa hipoteca en el extranjero “no es deducible a efectos del impuesto de sucesiones” y hacerlo “supone una infracción tributaria sancionable”.

Publicidad de Rothschild repartida en la Costa del Sol.
Publicidad de Rothschild repartida en la Costa del Sol.

“Nadie en el seno de NMR ha estado implicado de ninguna manera en la gestión de esos fondos de inversión”, señala el barón. Su defensa es afirmar que ellos solo daban la hipoteca y que la inversión del dinero —lo que falló y amenaza con llevarse las viviendas— era algo independiente. Hasta ahora, los tribunales españoles han dando la razón en vía civil a Rothschild o los casos siguen en tramitación, pero el caso de Dénia va por vía penal por publicidad engañosa.

El asunto ha llegado a la televisión francesa. El pasado mes de diciembre, la cadena France 2 emitió el reportaje ‘Rothschild, el poder de un nombre‘. Acudieron a la Costa del Sol a entrevistar a afectados por esta hipoteca. En el vídeo (minuto 55), la periodista le enseña al barón la publicidad con el logotipo de Rothschild en que se anunciaban los préstamos. Aparentemente molesto, David de Rothschild replica: “Eso no se podría hacer sin la participación de cierta gente en España que consideraba que era buena idea […] Me sorprendería mucho que se hubiera hecho algo ilegal”.

December 27th, 2016
Sur in English

Court of First Instance 11 in Bilbao has ruled that twelve mortgage loans valued at six million euros, granted to British families mostly in Malaga province between 2004 and 2007, should be declared void.

The case was dealt with in Bilbao as all loans were granted at a notary in the city, and the representatives of the lender, SL Mortgage Funding nº1 Limited (SLMF), were also based in the Basque city, according to Lawbird Legal Services SLP.

These loans were sold to attain a reduction in potential inheritance tax, inasmuch as the mortgage would reduce the taxable value of the property, but also to supplement the modest pensions received by the owners of the properties.

SL Mortgage Funding nº1 Limited (SLMF), based in Chester (UK), had not applied for the necessary regulatory permits to legally raise funds from the public and provide an investment service – activities reserved and regulated by the Bank of Spain and the CNMV (financial regulator).
In spite of not having any of the above authorisations, SLMF would lend but at the same time retain most of the proceeds of the loan, which would then be invested by the company.

The ruling declares that “infringing the protocols set by the relevant administrative authority to supervise the disputed product is a regulatory violation that exceeds that of a mere breach of banking laws, such as misselling, so profusely dealt with recently in relation to the massive sale of complex financial products.”

The judge who presided over this case concluded that the breach of public policy “is far more serious” as it made a mockery of a whole system of financial and banking supervision designed to prevent abuses to consumers and protect the stability of the sector. He likened this behaviour “civil fraud”, which is any proposal that contravenes mandatory regulations or has a false or forbidden reason.

The sale of this product was conducted via commission-earning financial advisory firms (Hamiltons Financial Services, Henry Woods Investment Management and others), based in Estepona, Marbella and Fuengirola. SLMF also recommended a network of lawyers which would downplay the extent of the lack of licensing requirements of the bank and the product.

According to Lawbird Legal Services SLP, working on behalf of the claimants, the ruling confirms that “operating in breach of mandatory banking and financial regulations makes the offender a ‘boiler room’, even if the company was legally operating in its own country”. It also allows the victims to “end the nightmare” which has blighted the victims for over ten years.

The judge concluded by saying that all contracts and agreements executed between the clients and the bank should be terminated, but also applied the laws of contractual termination in a novel way with the clients able to claim back everything they had put in without having to return what was given to them.”

December 10th, 2016
Diario Sur

El juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao ha declarado la nulidad radical de doce hipotecas inversas que se concedieron a familias británicas radicadas en la provincia de Málaga entre 2004 y 2007, por un importe de seis millones de euros.

Este juzgado conoció del asunto al haberse firmado en una notaría de Bilbao todos los contratos y estar allí domiciliados los representantes del banco, ha informado el bufete de abogados Lawbird Legal Services en un comunicado.

Dichos préstamos se vendían con la finalidad de evitar el Impuesto de Sucesiones toda vez que, supuestamente, la hipoteca debía reducir el valor de la vivienda y, por otro lado, el resultado de la inversión del préstamo complementaría los ingresos que recibían a las limitadas pensiones.

La prestamista, SL Mortgage Funding nº1 Limited (SLMF), radicada en Chester (Cheshire, Reino Unido), no había obtenido la pertinente autorización para captar fondos reembolsables del público y prestar servicios de inversión, actividades reservadas y reguladas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A pesar de ello, la citada entidad prestaba, pero captaba el importe del préstamo posteriormente y lo invertía en fondos seleccionados previamente por ella misma.

La sentencia declara probado que “esta forma de actuar infringiendo los controles de las autoridades competentes para comercializar en España el producto litigioso va más allá de un mero incumplimiento de determinados deberes, como el de información, profusamente tratado en los últimos tiempos en relación a la comercialización de productos complejos”.

Según la titular de dicho juzgado, la infracción en este caso es mayor, pues supone una burla a todo un sistema destinado no sólo a la protección del consumidor, sino a la propia estabilidad del sistema financiero, pudiendo incluso tener encaje en el denominado “fraude civil”, consistente en todo caso contrario directamente a la norma imperativa o prohibitiva.

La venta se realizó a través de empresas comercializadoras (Hamilton Financial Services, Henry Woods Investment Management y otras) de Estepona, Marbella y Fuengirola, que trabajaban a comisión colocando el producto mediante técnicas activas de captación de clientes.

También participaban una serie de letrados igualmente propuestos por SLMF que creaban una apariencia de seriedad que daba lugar a que se relativizase el alcance de la falta de control administrativo de las entidades y del propio producto, señala el comunicado.

Según Lawbird Legal Services, encargado de la representación letrada de los clientes, la sentencia supone “la confirmación de que operar al margen de la legalidad en materia bancaria y de inversiones convierte a la infractora en un chiringuito financiero, aunque se trate de una entidad legal en su país, y permite liberar a las víctimas de una pesadilla que duraba cerca de diez años”.

La jueza entiende que la nulidad debe extenderse a todos los contratos suscritos por los clientes con el banco y aplica de forma novedosa esa nulidad en su versión más beneficiosa para la demandante (y gravosa para la condenada), al poder reclamar lo que hubiera dado sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.

December 2nd, 2016
Franceinfo Envoyé Spécial

Avec ce “Document de Complément d’enquête”, plongez dans l’univers très fermé des Rothschild. Un nom légendaire et une dynastie associée à l’argent et au pouvoir depuis deux cents ans et sept générations. Trois de ses représentants ont accepté de lever le voile sur l’empire familial.

Minute 48’10”

Minute 6’47”

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November 8th, 2016
La Verdad

Alicante, 7 nov (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alicante ha condenado al Banco Popular a devolver unos dos millones de euros a más de 60 británicos que invirtieron en viviendas sobre plano en un proyecto urbanístico en Fortuna y que nunca se terminaron.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los demandantes, todos ellos del Reino Unido, tienen en común el haber adquirido distintas viviendas del residencial Fortuna Golf, promovido por la mercantil Promociones Eurohouse 2010, S.L., que se encuentra declarada en concurso voluntario de acreedores desde marzo de 2010.

La sentencia indica que como suele ocurrir en este tipo de contratos, “los compradores entregaron distintas cantidades a cuenta del precio final” y llegado el día pactado para la entrega de las viviendas -28 de febrero de 2008- éstas no se encontraban debidamente acabadas, lo que determinó la resolución de los contratos de compraventa”.

Los demandantes pedían la condena solidaria del Banco Popular, por ser la entidad que tenía suscrita con Promociones Eurohouse 2010, S.L, una línea de avales destinada a garantizar la restitución de las sumas percibidas.

También reclamaban a Caja Rural Central por ser la entidad en la que se ingresaban las cantidades satisfechas por los compradores; y al Banco Santander por haber financiado a la promotora y haber constituido una hipoteca sobre la totalidad de la finca en la que se iban a construir las viviendas.

La acusación, ejercida por el despacho Lawbird Legal Services S.L., invoca legislación de protección de consumidores (Ley 57/1968 sobre anticipos a cuenta en la venta de viviendas), que a su entender, debía en todo caso proteger las entregas abonadas por consumidores finalistas.

El Banco Popular alega, entre otras cosas, que no ha prestado “un aval individual a los demandantes en garantía de la devolución de las cantidades por ellos entregadas”, y que la póliza de garantía aportada con la demanda está sometida a un límite económico.

El juzgado, sin embargo, entiende que debe estimarse la demanda, pues ha quedado probado que la entidad financiera concedió a la promotora una línea de avales, en la que se “garantiza la devolución de las cantidades entregadas a cuenta de conformidad con lo previsto por la ley 57/1968”.

“No existe duda al respecto”, señala la sentencia, que considera claro que “la intención evidente de los contratantes fue la de constituir un aval que sirviera a Promociones Eurohouse 2010, S.L. para garantizar la restitución de las cantidades que fuera recibiendo de sus clientes”.

Asimismo, considera que los adquirentes de las viviendas “no pueden verse perjudicados por el hecho de que Promociones Eurohouse S.L. y la entidad financiera con quien aquélla había concertado la garantía hubieran pactado la necesidad de que esta última emitiera, de forma individualizada, cada aval”.

El jugado también especifica que el hecho de que las cantidades entregadas por los demandantes hayan sido ingresadas o no en una cuenta de titularidad de Banco Popular resulta irrelevante, y ve “intrascendente” que esta entidad “financiara o no la promoción de viviendas”.

La sentencia, que no es firme y contra la que se puede interponer un recurso de apelación en un plazo de 20 días, obliga al Banco Popular a pagar a los demandantes cantidades que van desde los 34.000 a los 88.000 euros, y que suman cerca de 2 millones de euros, mientras que absuelve a las otras dos entidades denunciadas.