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April 28th, 2013
Story by ROB SMYTH | Burton Mail

LAWYERS have called a halt to a case concerning an alleged multi-million pound overseas property scam involving a Yoxall businessman in an effort to get the judge changed – after they claimed his brother had links with some of the firms involved with the case.

In a letter to hundreds of people impacted, legal bosses have revealed that they have asked for Judge Jose Emilio Coronado Ruz to be removed from presiding over a class action lawsuit against Spanish developer Ricardo Miranda Miret.

Lawyers are delaying the case until the judge is replaced after links between his brother and one of the developers involved in the case were uncovered.

Previously, the Mail has revealed that Colin Thomas, of Town Hill, had been subpoenaed to appear in Madrid.

The criminal claim for fraud and misappropriation of funds was lodged in 2011 in an effort to recover money on behalf of dozens of Ocean View Properties (OVP) victims.

Mr Thomas’s company, OVP, was behind a string of successful overseas propoerty enterprises but ran into difficulties when it became involved as a UK agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret.

More than 1,000 British investors, who paid a total of £45 million for ‘off-plan’ overseas property developments, have lost their money after the firm was formally dissolved in 2009 with the appointment of liquidators Grant Thornton.

The court claims made in Madrid are linked to developments which never materialised at the Estepona Country Club on the Costa del Sol and Punta Perla, in the Dominican Republic.

Mr Thomas is currently banned from being a company director for nine years following an Insolvency Service investigation.

He was also cleared by the Serious Fraud Office and Staffordshire Police following an investigation into the collapse of OVP.

Neither Mr Thomas nor his advisors were available for comment.

January 18th, 2013
Story by VERÓNICA VALADEZ | Diario Sol

El hermano del magistrado estaba vinculado al principal implicado en el fraude

Audiencia Provincial Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, ha sido recusado por un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en Estepona. El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, le demandan que abandone el caso, al conocer que el hermano de dicho instructor, Ignacio Coronado Ruz, ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical S.A.”. Y es que, resulta sorprendente que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar hace dos años.

La citada mercantil es propiedad de uno de los principales imputados en el caso, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en Estepona y en República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Además, el hermano del instructor ha sido también representante de la mercantil inversiones CCF S.A., antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana. Y es que, es sabido que no solo hay afectados por el fraude en Estepona, sino tabién en el citado país caribeño.

A su vez, la sociedad CCF S.A. era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A., cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos juzgados recientemente en el juicio oral del Caso Malaya.

De este modo, el bufete Lawbird solicita además la ampliación de la querella inicial, pidiendo que sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado, ya que todos ellos “cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. En concreto, Ignacio Coronado se embolsó 100.000 euros a título personal.

Asimismo, cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a una gran parte de los querellantes – británicos, irlandeses y norteamericanos, que habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia – viviendas en la localidad en la promoción denominada Estepona & Country Club, que iba a construirse en Arrroyo Vaquero.

Pero lo cierto es que la promotora jamás fue propietaria de dicho terreno, de hecho, ni si quiera el suelo es apto para edificar. Además, la licencia de obra nunca fue solciitada. Tan solo se pidió permiso para la caseta de ventas que, pero fue denegado por el Ayuntamiento de Estepona.

De este modo, “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda”, estando al tanto de lo anterior, se enriquecieron con las ventas sobre plano, desviaron los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y continuaron allí el irregular negocio inmobiliario. Por último, los letrados han destacado que para evitar el alcance de semejante engaño, los contratos solo fueron firmados por los compradores, mientras que la promotora se abstuvo de ello.