La puesta en escena lo era todo. Grandes urbanizaciones en retiros excepcionales, como la Costa del Sol, República Dominicana y Marruecos, con padrinos como el Príncipe Alberto de Mónaco y actos promocionales en los que no se escatimaba en lujos. Todo para captar clientes, sobre todo británicos, dispuestos a entregar grandes sumas por adelantado y que solo han visto sus viviendas sobre plano.

El juzgado de instrucción número 16 de Madrid investiga desde el pasado 9 de febrero una querella por estafa y apropiación indebida contra el promotor Ricardo Miranda y la comercializadora Ocean View Properties. 68 compradores les acusan de cobrar sumas millonarias por viviendas de tres promociones que nunca llegaron a construirse. 43 de ellos pagaron 4,2 millones de euros entre 2005 y 2006 por unos apartamentos en Estepona para los que, según la querella, el promotor no tenía la propiedad del terreno, ni llegó a solicitar licencia de obra.

El despacho marbellí Lawbird, representante de los afectados, tiene previsto ampliar la querella. Según sus cálculos, el número total de perjudicados ronda los 120. Los querellantes han pedido al juzgado que imponga a Miranda y las empresas denunciadas una fianza de responsabilidad civil de 8,9 millones de euros, cifra que incluye lo presuntamente estafado, los daños morales y las costas judiciales.

“Todo comenzó a través de los foros de Internet”, explicaba ayer Antonio Flores, letrado de la firma. Cada uno de los afectados, principalmente británicos e irlandeses, exponía su caso, para el que les pedían consejo legal, y se les ocurrió proponer una acción común. “Muchos invirtieron los ahorros de toda una vida pensando en retirarse en la Costa del Sol, los hay que sacaron préstamos hipotecarios que todavía están pagando”, detalla Flores. La entrega media oscilaba entre los 70.000 y 100.000 euros, aunque algunos aportaron hasta un millón de euros por varias propiedades. El bufete se ha reunido con representantes del gobierno de Irlanda del Norte, que estudian personarse en el caso.

Según la querella, la inmobiliaria Ocean View Properties se encargaba de la comercialización de las promociones y les daba a firmar a los clientes un contrato tipo, en el que nunca aparecía la firma del promotor. Los afectados mantienen que el departamento jurídico de Ricardo Miranda les ha asegurado que nunca llegaron a recibir los pagos y que, en caso de recibirlos, los devolvieron. Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con el empresario y la inmobiliaria.

“Se ha utilizado un sistema claramente piramidal”, detalla el letrado Flores. “Miranda jugaba con varias promociones e iba moviendo el dinero”.

Las promociones que ofertaban se llamaban Estepona Beach & Country Club, Punta Perla Marina ( en República Dominicana) y Tafedna Bay (Marruecos). Los denunciantes acusan al promotor de transferir el dinero que recibió por la promoción de la Costa del Sol a sociedades que tenía en la República Dominicana.

El comienzo de las obras del complejo Punta Perla tuvo un amplio seguimiento mediático. Asistió el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el Príncipe Alberto de Mónaco, que se fotografiaron con el empresario. La promoción entera, en la que se preveía la construcción de 8.500 apartamentos, varios campos de golf y varios hoteles de lujo, está paralizada desde hace años.

Ricardo Miranda tiene un contencioso por estafa en República Dominicana acusado por el empresario Andrés Liétor Martínez, uno de los procesados en el caso Malaya. En una carta remitida en enero de 2009 a Diariodigital, periódico digital de República Dominicana, Liétor aseguraba que los terrenos sobre los que pretendía desarrollar la urbanización Punta Perla, valorados en 240 millones de euros, son en realidad suyos porque Miranda nunca los pagó. Según Liétor, la sociedad dueña es Paraíso Tropical S. A., de la que él es accionista.

The case of dozens of British purchasers affected by an alleged real estate fraud in Estepona has now reached the courts, in a suit presented on their behalf by the Marbella law firm, Lawbird.

The suit for fraud and misappropriation was presented at the courts in Madrid this Thursday against the Spanish promoter, Ricardo Miranda Miret, and three British real estate agents who El Mundo newspaper names as David Charles Stewart, Robert John Parkes and Colin Thomas. Lawbird has, in addition, asked the court to freeze funds amounting to 7.8 million €.

The victims, from Northern Ireland, paid off plan deposits for luxury apartments in Estepona which were never built. The money was paid to the British real estate company, Ocean View Properties, between 2005 and 2006.

El Mundo gives the amount defrauded as 4.5 million € and reports that the promoter had no licence from Estepona Town Hall and did not even own the land where the properties should have been built. The paper indicates that he only ever paid a deposit of 200,000 € towards the 18 million € which had been agreed for the sale. It’s understood that the land is classified as rustic and, today, remains undeveloped.

Antonio Flores from Lawbird said in a press conference on Thursday that 68 of the 90 victims he represents are directly linked to the Estepona case, but there are similar frauds in the Dominican Republic and Morocco which bring the total number affected up to close to 1,000. The victims each paid an average of between 70,000 and 80,000 € for their deposit, which puts the total amount allegedly defrauded in the three countries at between 70 and 80 million €.

The suit calls for Prince Albert of Monaco and the President of the Dominican Republic, Leonel Fernández, to both to be called as witnesses, in connection with the fraud in the Dominican Republic. Antonio Flores claims Prince Albert received a payment from Ricardo Miranda to lay the first stone of the project there.