A subpoena is set to be served for Colin Thomas, of Town Hill, to appear in Madrid as a class action lawsuit against Spanish developer Ricardo Miranda Miret continues to rumble on in an effort to recover money on behalf of dozens of Ocean View Properties (OVP) victims.

The criminal claim for fraud and misappropriation of funds was lodged in a Madrid court last year and included Mr Thomas and other directors of his firm.

The prosecuting lawyer is seeking more than £6.5 million in damages for 70 claimants.

The firm took deposits worth around £80,000 each from British investors, but much of the cash disappeared as the homes failed to materialise, it is alleged.

Antonio Flores, the Spanish prosecuting lawyer from Marbella-based firm Lawbird, said: “We have requested that Colin Thomas specifically is summoned and quizzed.

“I don’t believe OVP knew anything about what was going on but they will be forced to talk in court.

“This was a scam of huge proportions. It has the potential of becoming one of the biggest property scams, as none of the developments will be built.” Mr Thomas’s company was behind a number of successful enterprises but ran into difficulties when it became involved as an agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret.

More than a thousand British investors who paid £45 million for off-plan overseas property developments have lost their money after the firm was formally dissolved in 2009 with the appointment of liquidators Grant Thornton.

The Madrid court claims are linked with developments that never materialised at the Estepona Country Club on the Costa del Sol and Punta Perla, in the Dominican Republic.

This comes after the Mail revealed that The Serious Fraud Office (SFO) and Staffordshire Police would take ‘no further action’ following the collapse of OVP.

Last year, the Mail also revealed that 50- year-old Mr Thomas was banned from being a company director for nine years after an Insolvency Service investigation revealed that he had pocketed almost £14 million despite the firm being insolvent.

The findings also showed that his firm took £23 million from customers for a Spanish development that it did not own, did not have a building licence for and never undertook any construction work on.

Despite efforts by the Mail, neither Mr Thomas nor his advisors were unavailable for comment.

El proceso judicial en contra del promotor y la agencia inmobiliaria acusados de estafar a un centenar de británicos en la Costa del Sol sigue adelante y los querellantes amenazan con llegar hasta las últimas consecuencias. Sus letrados han solicitado la comparecencia ante los magistrados que instruyen el caso de los responsables de la agencia inmobiliaria que les vendió unos pisos de lujo que nunca llegaron a construirse.

El promotor imputado, administrador de Sun Golf, Ricardo Mirando, declaró el pasado diciembre. Aseguró no haber mantenido ningún contacto con sus clientes «ni físicamente ni por escrito» y que efectuó la devolución del dinero a la inmobiliaria implicada, Ocean View Properties, en función de su comparecencia judicial, a la que ha tenido acceso La Opinión. «Tendrá que probarlo porque aún no ha presentado ni un solo documento», criticó Antonio Flores, el titular de Lawbird, el despacho de abogados marbellí que representa a los litigantes. «Ahora hemos pedido la declaración de la inmobiliaria británica para que demuestren si han recibido o no el dinero», añadió.

70.000 euros de entrada

Los afectados personados en la querella suman 90 aunque, según los cálculos de Flores, los reales pueden superar los 600, ya que ambas empresas se aliaron para construir y promocionar distintos complejos residenciales en la Costa del Sol, en Marruecos y en la República Dominicana. Los 90 querellantes aseguran haber pagado 4,5 millones de euros por una vivienda que se quedó en el plano. Una media de 70.000 euros por cada afectado.

«Sólo en Estepona se vendieron 395 viviendas», indicó. La promoción de Estepona se situaba en la zona conocida como Arroyo Vaquero y sobre la que se asiente, tal cual el solar donde iban a levantarse los inmuebles vendidos.
Están acusados de apropiación indebida y de estafa en un pleito iniciado en 2011 y que llevan los juzgados madrileños.

Según Miranda, todos los contratos que se realizaron con los compradores los hizo la inmobiliaria y no su promotora. Con ella, reconoce haber llegado a un acuerdo de prestación de servicios para que se construyera las viviendas de Estepona y que «al final de toda la promoción tendría un margen de beneficios del 8%», en virtud de su declaración.

Los hechos se remontan a 2006. La agencia Ocean View Properties alcanzó un acuerdo con comercialización con la promotora que administra Miranda. La primera se comprometía a captar clientes británicos para invertir en los pisos y la segunda se encargaba de construir los inmuebles. Finalmente, la obra ni siquiera llegó a iniciarse.

Una promoción invisible con futuros residentes pero sin casas

El origen de la supuesta estafa se encuentra hace seis años. Entonces, las presuntas víctimas compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso, el abogado Antonio Flores, titular del bufete con sede en Marbella Lawbird. En la actualidad y pese a que aseguran haber pagado, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», indicó el propio letrado. El asunto es grave, en opinión de Flores, ya que los acusados percibieron los depósitos de sus propios clientes sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la legislación vigente, según explicó. Con estos antecedentes, las intenciones del promotor acusado de este posible fraude inmobiliario, Ricardo Miranda, «no podían ser más sospechosas», en su opinión.

Nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar sigue calificado urbanísticamente como suelo rústico, indicó Flores. En su declaración ante el juez, Miranda asegura haber devuelto el dinero a la agencia inmobiliaria y se desmarcó de las acusaciones que los querellantes vierten contra él. «No he mantenido relación con ellos ni física ni por escrito», dijo. Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, paradójicamente, pertenecía a dos implicados en la operación ´Malaya´. Uno de ellos, el acusado por cohecho y fugado Andrés Liétor.