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OVP_spanish property scam_Sunday LifeMore than 1,000 buyers from the UK and Ireland lost £45m after Birmingham- based Ocean View Properties (OVP) was formally dissolved in 2009. OVP was the exclusive agent for the Manilva Gardens luxury holiday complex in Estepona on the Costa del Sol. It was behind successful overseas property enterprises, but ran into difficulties as UK agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret. A claim for fraud and misappropriation of funds was lodged in February 2011 in a bid to recover deposits paid by investors to OVP. It has more than 50 Northern Irish investors among 120 claimants for £9.2m. A second class action complaint for £2m, brought by 30 British and Irish investors, was filed in 2013. Many Northern Irish investors remortgaged homes to finance their dream luxury buys. One local investor was Armagh ex-teacher Ollie Reel, who now works for a firm helping investors to recover their lost money. Mr Reel and his three brothers sank thousands of pounds into the deal, but have managed to get some of it back.

“It started in 2006 and through a few good friends, mainly in GAA circles, they invested in Spain and I was persuaded at that time it could be good for me as well and I couldn’t lose out,” he told an Irish radio station. “The economy was booming and everyone was going mad buying property, like everyone else I got caught up in the euphoria of it all. “If only I had known what was ahead of me, I would never have considered it. “The investment I was involved in was in Estepona in Spain and there was about 100 of us on both sides of the border, I suppose we lost a combined €12m.

“These apartments were all fully furnished, they were very good at advertising it, they flew groups of us down to Spain and we stood on the actual site and we were all taken in by owning a new property in Spain.” He added: “The company went bust and it was down to the fact that the developer who was building our property hadn’t even got a building licence.” Mr Reel explained that after going through Spanish lawyers, he eventually was able to recover around half of his £145,000 deposit through a group called the Claims Bureau. He now works as a consultant for the group. The Madrid High Court probe has been beset by delays and setbacks. An investigating judge was replaced after he was found to have family ties to Mr Miranda Miret. In the latest twist, the developer is accused of submitting forged documents in the criminal action.

A spokesman for Marbella- based legal firm Lawbird said: “By using these documents, supposedly signed by the secretary of Ocean View in Spain, the developer tried to prove that they had formally notified the estate agent that it was not possible to continue selling apartments as no licences were in place and they didn’t own the land where the development was to be built.” Final witness statements for OVP are to be given on Wednesday. Following these submissions, the judge will decide if the case should proceed to trial. Mr Miranda Miret and others accused have all strongly denied any wrongdoing. Former Aston Villa captain Gareth Barry and BBC’s Homes Under The Hammer star Martin Roberts, who starred on I’m a Celebrity, were among those duped into marketing luxury off-plan apartments for the firm, though neither benefited in any way, or had any knowledge of the alleged irregularities.

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Más de un centenar de británicos recusan al juez que investiga una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol

January 17th, 2013
Story by Europa Press | La Vanguardia

Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en la localidad malagueña de Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de la presentación de la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Así, Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. –antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana–, según el comunicado.

Tal y como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño, según el citado comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor.

Según ha informado el despacho de abogados Lawbird, ambos han sido juzgados recientemente en el juicio oral por el Caso ‘Malaya’ y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

Así, el bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”, ha expresado el comunicado. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

También, lamentan que el juez ahora recusado no haya tomado medida cautelar alguna, desde que comenzó a instruir dicha querella, y no descartan “acciones judiciales directas” derivadas de los hechos de la recusación, “teniendo en cuenta en todo este caso la mejor atención a nuestros clientes que depositaron su confianza en la justicia penal española, y a fin de evitar que situaciones como la presente vuelvan a plantearse a nadie que acuda a pedir justicia en España”.

Los damnificados, en su mayoría de nacionalidad británica, pero también irlandeses y norteamericanos, habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia.

Cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a gran parte de los querellantes viviendas en Estepona en la promoción denominada Estepona & Country Club. Se iba a construir en el paraje de Arroyo Vaquero.

Además, Lawbird ha expresado que la promotora jamás ha sido propietaria del citado terreno y el suelo no es apto siquiera para edificar, nunca lo fue. Nunca fue solicitada la licencia de obra para construir, ante el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). A lo máximo que llegó el promotor fue a pedir un permiso para la caseta de ventas que, incluso, fue denegado por el Consistorio malagueño.

Por último, Lawbird ha denunciado que “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda sabían todo lo anterior y, sin embargo se enriquecieron con las ventas sobre plano”, desviando los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y así continuar allí el irregular negocio inmobiliario objeto también de la querella. Los letrados Flores y González Ordóñez destacan que “para evitar el alcance de semejante engaño, la promotora nunca firmó los contratos que sí firmaron los compradores”.

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Recusan al juez que investiga una estafa por vínculos familiares con la sociedad sospechosa

January 17th, 2013
Malaga Hoy

Más de un centenar de afectados por una estafa inmobiliaria en la Costa del Sol, la mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados, se ha hecho cargo de presentar la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF -antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana-, según el comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios cuyos dueños son los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos procesados en el caso Malaya, en el que se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. La ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal.

En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

Un centenar de afectados por una estafa masiva en la Costa del Sol recusa al juez

January 17th, 2013
Story by JUANA VIÚDEZ | El Pais

Un centenar de afectados por una supuesta estafa inmobiliaria cometida en la Costa del Sol, República Dominicana y Marruecos ha recusado al instructor de la causa, José Emilio Coronado Ruz, titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid, porque su hermano Ignacio Coronado Ruz, está vinculado societariamente al principal implicado en el supuesto fraude, Ricardo Miranda Miret.

La querella por la estafa, que alcanza los 4 millones de euros, lleva casi dos años en instrucción. Sin embargo, los perjudicados han descubierto justo ahora el parentesco. Según el escrito de los abogados Antonio Flores y Luis Fernando González, el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA”, también propiedad del principal imputado.

El bufete encargado del caso también ha solicitado una ampliación de la querella inicial con la que pretenden que se impute al hermano del magistrado y a los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor. Estos dos últimos han sido procesados y están pendientes de sentencia por el caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.

Según los abogados, el hermano del magistrado ha sido también representante de la sociedad CCF S. A., dueña de unos terrenos en República Dominicana. Estas mismas parcelas también pertenecen a la sociedad CCF 21 Negocios Inmobiliarios S. A., cuyos dueños son los empresarios Sánchez y Liétor.

Los afectados por la supuesta estafa, en su mayoría británicos, lamentan que el juez no haya tomado medida cautelar alguna desde que comenzó a instruir la querella y no descartan “acciones judiciales directas”.

La defensa del promotor Ricardo Miranda sostiene que en este tiempo se ha demostrado que su defendido devolvió “todo el dinero que le reclaman”. “Se ha acreditado con transferencias bancarias”, añade el abogado Alberto Fraguas.

Los perjudicados llegaron a pagar 4,2 millones por unas viviendas que no se construyeron

Los querellantes acusan a Miranda y a la comercializadora Ocean View Properties, en proceso de liquidación, de cobrar sumas millonarias por tres promociones que nunca llegaron a construirse. Según sus testimonios, 43 de ellos llegaron a pagar 4,2 millones de euros por unos apartamentos en Estepona para los que, según la querella, el promotor no tenía ni la propiedad del terreno, ni llegó a solicitar licencia de obra. La entrega media oscilaba entre los 70.0000 y 100.000 euros, aunque algunos aportaron hasta un millón de euros por varias propiedades.

Según la querella, la inmobiliaria Ocean View Properties se encargaba de comercializar las promociones y les daba a firmar un contrato tipo, en el que nunca aparecía la firma del promotor. Las promociones se llamaban Estepona Beach&Country Club, Punta Perla Marina (Republica Dominicana) y Tafedna Bay (Marruecos). Los afectados acusan al empresario de desviar el dinero que le entregaron por la promoción de Málaga a sociedades de República Dominicana.

Miranda mantiene que la inmobiliaria Ocean View Properties le encargó que construyera la urbanización de Estepona y que le adelantaron por este trabajo 12 millones. El proyecto “no fue viable por problemas administrativos”, entonces, según su testimonio, devolvió a la inmobiliaria los 12 millones con una serie de transferencias que asegura haber acreditado.

Vinculan al hermano del magistrado con un imputado Británicos afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol recusan al juez

January 17th, 2013
Story by Jose Carlos Villanueva | El Mundo
  • Al principal querellado se le acusa de haberse apoderado de 12 millones
  • Las viviendas iban a construirse en Estepona y República Dominicana
  • El imputado y el hermano del juez participaban en la sociedad Paraíso Tropical

 

Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría de nacionalidad británica, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de presentar la recusación contra el conocido magistrado. Coronado Ruz saltó a la popularidad nacional en 1997, tras admitir en su sede judicial madrileña una denuncia de la esposa de Mario Conde, Lourdes Arroyo, que permitió reabrir temporalmente el llamado caso Argentia Trust, después de la primera condena de 6 años de prisión contra el banquero que luego el Supremo rebajó a 4 años y 6 meses.

Según han informado este jueves desde el bufete marbellí los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han enviado un escrito al juez Coronado para que abandone el caso. Hacen constar que el hermano del instructor ha sido «accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraiso Tropical SA».

Se trata de la mercantil propiedad del principal querellado, Ricardo Miranda Miret, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominica, nunca se llevaron a cabo.

Ignacio Coronado Ruz fue también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. (antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana). Como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño.

La sociedad CCF S.A., a la que estuvo vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor. Ambos se encuentran a la espera de sentencia en el caso Malaya y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho. Presuntamente entregaron sobornos a Juan Antonio Roca y fueron socios del ex asesor urbanístico marbellí.

El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que sean querellados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla. “Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”, denuncian los letrados marbellíes. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

 
2013-01-17-OVP-El-Mundo

 

 

 

Unos 70 extranjeros acusan a un promotor de estafa en Estepona

February 18th, 2011
PRINCESA SÁNCHEZ

La Costa del Sol vuelve a ser escenario de un presunto caso de fraude inmobiliario. Un total de 68 ciudadanos británicos e irlandeses se han querellado contra un promotor español y otros tres agentes inmobiliarios británicos. Les acusan de apropiación indebida y estafa al cobrarles para adquirir viviendas en Estepona que nunca llegaron a construirse.

El número de afectados es muy superior, detalló ayer Antonio Flores, el abogado titular del despacho marbellí Lawbird, que les representa. Actualmente son 120 y, para finales de año, podrían ser 250, según sus cálculos. «Se van poniendo en contacto con nosotros poco a poco», explicó. Por el momento, un total de 90 están personados en la querella que hace apenas dos semanas fue presentada en los juzgados madrileños.

Los 68 mencionados llegaron a pagar en total 4,5 millones de euros, una media de 70.000 euros cada uno, para comprar uno de los 395 inmuebles que el promotor querellado, Ricardo Miranda, anunció edificar en Estepona. Los demás perjudicados hicieron desembolsos similares para adquirir una de las 8.000 viviendas que Miranda construiría en República Dominicana o de las 100 publicitadas en Marruecos.

Promoción «fantasma»
Hace cinco años, los supuestos estafados compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso. A día de hoy, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», añadió.
Los acusados percibieron los depósitos sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la ley, añadió Flores.

La intencionalidad del promotor no podía ser más sospechosa, en su opinión. De hecho, nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar, calificado urbanísticamente como suelo rústico, se ubica en Arroyo Vaquero.

Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, curiosamente, pertenecía a dos implicados en la operación «Malaya». Uno de ellos, Andrés Liétor, acusado por cohecho.

Un juez investiga una estafa masiva a británicos en la Costa del Sol

February 18th, 2011
Story by JUANA VIÚDEZ | El Pais

La puesta en escena lo era todo. Grandes urbanizaciones en retiros excepcionales, como la Costa del Sol, República Dominicana y Marruecos, con padrinos como el Príncipe Alberto de Mónaco y actos promocionales en los que no se escatimaba en lujos. Todo para captar clientes, sobre todo británicos, dispuestos a entregar grandes sumas por adelantado y que solo han visto sus viviendas sobre plano.

El juzgado de instrucción número 16 de Madrid investiga desde el pasado 9 de febrero una querella por estafa y apropiación indebida contra el promotor Ricardo Miranda y la comercializadora Ocean View Properties. 68 compradores les acusan de cobrar sumas millonarias por viviendas de tres promociones que nunca llegaron a construirse. 43 de ellos pagaron 4,2 millones de euros entre 2005 y 2006 por unos apartamentos en Estepona para los que, según la querella, el promotor no tenía la propiedad del terreno, ni llegó a solicitar licencia de obra.

El despacho marbellí Lawbird, representante de los afectados, tiene previsto ampliar la querella. Según sus cálculos, el número total de perjudicados ronda los 120. Los querellantes han pedido al juzgado que imponga a Miranda y las empresas denunciadas una fianza de responsabilidad civil de 8,9 millones de euros, cifra que incluye lo presuntamente estafado, los daños morales y las costas judiciales.

“Todo comenzó a través de los foros de Internet”, explicaba ayer Antonio Flores, letrado de la firma. Cada uno de los afectados, principalmente británicos e irlandeses, exponía su caso, para el que les pedían consejo legal, y se les ocurrió proponer una acción común. “Muchos invirtieron los ahorros de toda una vida pensando en retirarse en la Costa del Sol, los hay que sacaron préstamos hipotecarios que todavía están pagando”, detalla Flores. La entrega media oscilaba entre los 70.000 y 100.000 euros, aunque algunos aportaron hasta un millón de euros por varias propiedades. El bufete se ha reunido con representantes del gobierno de Irlanda del Norte, que estudian personarse en el caso.

Según la querella, la inmobiliaria Ocean View Properties se encargaba de la comercialización de las promociones y les daba a firmar a los clientes un contrato tipo, en el que nunca aparecía la firma del promotor. Los afectados mantienen que el departamento jurídico de Ricardo Miranda les ha asegurado que nunca llegaron a recibir los pagos y que, en caso de recibirlos, los devolvieron. Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con el empresario y la inmobiliaria.

“Se ha utilizado un sistema claramente piramidal”, detalla el letrado Flores. “Miranda jugaba con varias promociones e iba moviendo el dinero”.

Las promociones que ofertaban se llamaban Estepona Beach & Country Club, Punta Perla Marina ( en República Dominicana) y Tafedna Bay (Marruecos). Los denunciantes acusan al promotor de transferir el dinero que recibió por la promoción de la Costa del Sol a sociedades que tenía en la República Dominicana.

El comienzo de las obras del complejo Punta Perla tuvo un amplio seguimiento mediático. Asistió el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el Príncipe Alberto de Mónaco, que se fotografiaron con el empresario. La promoción entera, en la que se preveía la construcción de 8.500 apartamentos, varios campos de golf y varios hoteles de lujo, está paralizada desde hace años.

Ricardo Miranda tiene un contencioso por estafa en República Dominicana acusado por el empresario Andrés Liétor Martínez, uno de los procesados en el caso Malaya. En una carta remitida en enero de 2009 a Diariodigital, periódico digital de República Dominicana, Liétor aseguraba que los terrenos sobre los que pretendía desarrollar la urbanización Punta Perla, valorados en 240 millones de euros, son en realidad suyos porque Miranda nunca los pagó. Según Liétor, la sociedad dueña es Paraíso Tropical S. A., de la que él es accionista.

Dominican President, Monaco Prince named in Spain “macrofraud” case

February 18th, 2011
Dominican Today

Santo Domingo.- Nearly 100 English and Irish families want president Leonel Fernandez and Monaco’s prince Albert to testify in a case of alleged real estate “macrofraud” in Spain.

The plaintiffs say one Spanish and three British promoters scammed them out of more than 4.5 million euros in bogus real estate projects in Dominican Republic, Morocco and Malaga, Spain.

The lawsuit filed by the Marbella law firm Lawbird, representing the families, requests the testimony of the Dominican chief executive and the Prince of Monaco, for “lending their image” to the real estate promoter Ricardo Miranda for projects which never materialized, including the construction of as many as 8,000 houses.

The Lawbird lawyers have also requested the testimony of the developer Andres Lietor, one of the main defendants in the case ‘Malaya,’ who along with Carlos Sanchez have another lawsuit pending against Miranda for alleged fraud. According to court documents, Liétor and Sanchez owned the site for the houses to be built in Dominican Republic.

Although the Spanish press didn’t specify the land’s location Fernandez had accompanied Alberto for the December 2008 groundbreaking for the tourism real estate project Punta Perla Caribbean Golf, Marina & Resort, to be built at a cost of 2.5 billion dollars in the east coast community, Cabeza de Toro.

The Spanish press did specify that each plaintiff deposited as much as 80,000 Euros for the down payment on the houses.

Speaking in the event, Fernandez said the project, which began with three others in the area, entailed a total investment of more than de 5.0 billion dollars.

Northern Ireland home buyers sue British real estate agents for Estepona fraud

February 17th, 2011
Typically Spanish

The case of dozens of British purchasers affected by an alleged real estate fraud in Estepona has now reached the courts, in a suit presented on their behalf by the Marbella law firm, Lawbird.

The suit for fraud and misappropriation was presented at the courts in Madrid this Thursday against the Spanish promoter, Ricardo Miranda Miret, and three British real estate agents who El Mundo newspaper names as David Charles Stewart, Robert John Parkes and Colin Thomas. Lawbird has, in addition, asked the court to freeze funds amounting to 7.8 million €.

The victims, from Northern Ireland, paid off plan deposits for luxury apartments in Estepona which were never built. The money was paid to the British real estate company, Ocean View Properties, between 2005 and 2006.

El Mundo gives the amount defrauded as 4.5 million € and reports that the promoter had no licence from Estepona Town Hall and did not even own the land where the properties should have been built. The paper indicates that he only ever paid a deposit of 200,000 € towards the 18 million € which had been agreed for the sale. It’s understood that the land is classified as rustic and, today, remains undeveloped.

Antonio Flores from Lawbird said in a press conference on Thursday that 68 of the 90 victims he represents are directly linked to the Estepona case, but there are similar frauds in the Dominican Republic and Morocco which bring the total number affected up to close to 1,000. The victims each paid an average of between 70,000 and 80,000 € for their deposit, which puts the total amount allegedly defrauded in the three countries at between 70 and 80 million €.

The suit calls for Prince Albert of Monaco and the President of the Dominican Republic, Leonel Fernández, to both to be called as witnesses, in connection with the fraud in the Dominican Republic. Antonio Flores claims Prince Albert received a payment from Ricardo Miranda to lay the first stone of the project there.