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March 21st, 2017
Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

Un enorme cartel publicitario en la ladera de la montaña daba la bienvenida a Marbella. “Bienvenido a territorio MacAnthony”. MacAnthony es Darragh MacAnthony, un halcón del negocio inmobiliario nacido en 1976 en Dublin que desde la Costa del Sol vendía promociones en España, Bulgaria, Marruecos, Turquía o Cabo Verde. En el Reino Unido es famoso por tuitear contra los futbolistas del club que posee, el Peterborough United, en la tercera división inglesa, pero en la Costa del Sol lo conocen las decenas de británicos que le han denunciado por estafa con las promociones inmobiliarias con las que, dicen, les sacaba el dinero. Denuncian que la sociedad de MacAntonhy se esfumó de la noche a la mañana gracias a un nonagenario que asumió la titularidad llamado Fernando Arespacochaga del Olmo, sobrino del asesor fiscal de la ‘jet’ investigado por seis juzgados Joaquín de Arespacochaga. Fútbol profesional, Marbella, testaferros, Papeles de Panamá… Aquí no falta de nada.

El juzgado de instrucción 4 de Marbella investiga desde 2011 a MacAnthony y a su sociedad MacAnthony Reality International Spain. Decenas de británicos se querellaron contra él por estafa, blanqueo y apropiación indebida. Denuncian que les vendía casas en lujosas promociones prometiendo “una revalorización anual del 15%”. Aseguran que no solo cobraba anticipos por las viviendas, que en unos casos no llegaban a terminarse, sino que les cobraba otros servicios auxiliares con otras empresas. “MRI Lifetime, que es un servicio de instalación y mobiliario de los apartamentos, costaba 265 euros al año. Sorprende que les haga pagar por la instalación de muebles y el mantenimiento de la vivienda incluso mucho antes de que la misma esté construida”, sostiene la querella del abogado Sergio García Bravo, que su sumó al procedimiento el verano de 2016.

DANIELE GRASSO

El pleito lo comenzó el abogado Luis Fernando González, del despacho Lawbird, especializado en Marbella a defender a británicos de las múltiples estafas que han sufrido. En nombre de 49 compradores les denunció por apropiación indebida y/o estafa por unos muebles que, decían, nunca llegó a proporcionarles y por los que reclamaban 492.495 euros.

El abogado de MacAnthony, Enrique Fernández de la Lama, resta importancia al asunto: “Es la reclamación de unos clientes por la compra de unos muebles. Ya hemos justificado que fue porque llegó la crisis inmobiliaria. Fue a pesar de haber invertido más dinero del que se recibió de los clientes”. Este considera que lo lógico es que el procedimiento penal se archive y la reclamación siga otro curso.

Los demandantes no solo iban contra Darragh MacAnthony. Se dirigían también contra un hombre de 90 años llamado Fernando Arespacochaga del Olmo. Sostenían que era “formalmente el administrador único de la mercantil Inmobiliaria Vasco Peruana, la cual es, a su vez, también formalmente, la administradora única de la española MacAnthony Reality International Spain” (MRIS). Señalaban que dada la falta de movimientos económicos de la Inmobiliaria Vasco Peruana esta daba la impresión de ser “una empresa meramente instrumental”.

Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.
Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.

El argumento del abogado González es que MRIS desapareció en esa empresa para que no hubiera a quién reclamarle el dinero. Y que Arespacochaga era solo un hombre de paja al que jamás se lo podrían reclamar responsabilidades. MRIS quedó liquidada en 2012. En un columpio de altas y bajas en el registro mercantil, la sociedad estaba en manos de Inmobiliaria Vasco Peruana SAC desde el año 2005. Esta sociedad tiene sede en Perú y, aparentemente, no tiene ninguna conexión con Macanthony.

Sin cartel en la puerta

La declaración de Fernando Arespacochaga en el juzgado confirmó que efectivamente él tenía poco que ver en el negocio. Allí afirmó “que un sobrino suyo es asesor de MRIS y le invitó a tener un cargo como director de esta empresa para agilizar los trámites de esta ya que los socios de la entidad no residían en España y él sí”. Añadió que “por este cargo le pagan 600 euros al mes y que su sobrino se llama Joaquín de Arespacochaga” y admitió que “escapa a su control la actividad real de la empresa MRIS”, que él confió en su sobrino, que era quien le decía dónde tenía que firmar.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga llegan a las Seychelles

El nombre de Joaquín Arespacochaga quedó colgando en esa declaración. Nadie tiró del hilo. Era el asesor fiscal de MRIS y el que nombró a un nonagenario para que firmara. En otros seis juzgados de Cádiz y Madrid hay huellas de Arespacochaga, aunque en esos sí está siendo investigado, según una investigación de El Confidencial. Se trata de un inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de la jet. Está investigado por ayudar a miembros de la buena sociedad madrileña a fingir su residencia fiscal en el exterior, como tres hermanos Cotoner, tres hijos del exjefe de la Casa del Rey, y Enrique Maestre Cavanna, hijo del promotor Tomás Maestre. Según la investigación sobre el desvío de fondos públicos del dinero de la Bahía de Cádiz, Fernando Arespacochaga era utilizado como testaferro habitual por Joaquín Arespacochaga. La dirección de varias sociedades en las que participa la peruana en España es calle Azulinas 7, en Madrid, local identificado como centro de los negocios de Joaquín Arespacochaga en Madrid.

Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.
Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.

Cuando los abogados de los denunciantes de Marbella fueron a Madrid a ver la sede desde la que supuestamente se controlaban las inversiones en la costa vieron un portal anodino sin cartel en la puerta. Nada que ver con la pomposa sede de MRIS en Marbella años antes, ante la que a menudo estaban aparcados coches de lujo. El abogado de MacAnthony, Enrique Férnández de la Lama, ve perfectamente lógica la relación: “El sobrino de Fernando Arespacochaga le llevaba temas fiscales y como no estaba aquí en España puso en el consejo de administración a Fernando, pero no ha tenido nada que ver como MRIS”. Este sostiene, en contra de los denunciantes, que la Inmobiliaria Vasco Peruana no tiene nada que ver con las firmas de MacAnthony.

“Pasadlo a Mossack Fonscea”

El mismo papel de ‘prestanombre’ para la red societaria de su sobrino es el que Fernando de Arespacochaga tiene en las decenas de sociedades registradas en paraísos fiscales y creadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, a cuya base de datos este diario tiene acceso en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá. En medio de los once millones de documentos que la componen es donde se halla la conexión ‘offshore’ entre Arespacochaga y MacAnthony.

Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.
Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga no se limitan a que el nonagenario pasó a controlar formalmente la inmobiliaria de Marbella. Se replicó idéntico a miles de kilómetros de distancia, en las islas Seychelles. El nombre de Fernando figuraba como accionista de la sociedad Jaguar Capital Limited hasta 2005. En 2006, esta compañía se utilizó para abrir una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Natalie MacAnthony, la esposa de Darragh. Lo mismo hicieron ese año con cientos de sociedades para burlar un actualización de la ley europea sobre secreto bancario. La mujer del magnate del fútbol figura como “beneficiaria final del 100%” de la sociedad incluso en documentos de 2015.

El mismo Darragh intervino para agilizar los trámites. En un correo de finales de 2013 pide a su asesor que “pase los documentos a los de Mossack Fonseca, para asegurarnos de que todo esté bien hecho”. Y es que la sociedad tenía un fin declarado, gestionar una propiedad en Ascot, a las afueras de Londres. En marzo de 2016, la propiedad se vendió por 2,3 millones de libras, algo más de 2,6 millones de euros.

Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.
Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.

El imperio de MacAnthony en la Costa del Sol es historia. Pero sus perseguidores son tenaces. Los abogados de Lawbird han encontrado la mansión que posee en Marbella, un enorme chalé de 2.500 metros en una parcela de 8.000 en la Sierra blanca. La llaman el mirador, por las vistas, y está a nombre de una sociedad. “¿Si las inmobiliarias quebraron y no pudo pagar a los que le compraron los muebles cómo se está pagando esa mansión? ¿Quién paga esa hipoteca?”, se pregunta el abogado Luis Fernando González, que critica las maniobras societarias de MacAnthony, que no llevó sus empresas a concurso de acreedores. Estos recuerdan el gusto por el dinero de MacAnthony con una declaración de hace unos años: “Estaría desolado si en cinco año no atesoro un patrimonio de al menos mil millones de euros”.

April 14th, 2016
Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

Los papeles de Panamá son un auténtico quién es quién de la abogacía y la asesoría fiscal en España. Porque aunque las empresas están en lugares soleados, y los fondos a menudo en bancos en Suiza, todo se gestiona desde despachos con orlas de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella. Bufetes como Feliú, De Miguel y Del Valle, salpicados en casos de blanqueo en España, aparecen de forma reiterada en los documentos de Mossack Fonseca como intermediarios. Los grandes, grandes despachos llevaban aparentemente más cuidado para hacer negocios con Mossack.

En 1985, un industrial vasco abrió la sociedad Cornfield Investments Limited en la Isla de Jersey. Lo hizo con Mossack Fonseca a través del despacho Feliú, según los papeles a los que tuvo acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y que publican un centenar de medios -en España, El Confidencial y La Sexta- en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades ‘offshore’]
El 7 de noviembre de 1989, Alejandro Feliú Vidal, Alejandro Feliú Marqués y Miguel Feliú Bordoy reciben un poder notarial de Cornfield. Los Feliú pertenecen a un despacho de abogados de Mallorca con un relevante historial de blanqueo y delito fiscal. El 26 de abril de 2007, la policía irrumpió en el despacho en una operación contra el blanqueo y el fraude fiscal. Era un caso sin muchos precedentes, en el que Anticorrupción no solo actuaba contra los defraudadores fiscales sino también contra los abogados que facilitaban la creación de sociedades en paraísos fiscales.

El abogado Alejandro Feliu, durante el juicio por blanqueo y fraude fiscal en el que fue condenado. (EFE)
El abogado Alejandro Feliu, durante el juicio por blanqueo y fraude fiscal en el que fue condenado. (EFE)

Días después, las alarmas saltaron en las oficinas de Mossack Fonseca. El departamento de ‘compliance’, encargado en teoría de vigilar que no se incumpla la ley, escribe un correo alertando de que hay que dar de baja a Feliú. Pero el hombre de Mossack en España, Jaime Ingram, quita hierro al asunto. “El señor Ingram me indica que sobre el tema del Bufete Feliú, lo que existe al momento es un ‘pequeño escándalo’, pero que sin embargo eran noticias que debíamos tomar con reserva”, señala en un correo. El propio Ingram, que no ha querido hablar para este reportaje, da más adelante una versión aún más suave: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”.

Anticorrupción pedía hasta 30 años de cárcel para cada uno de los Feliú. Pero estos confesaron, asumieron la culpa, pagaron y se quedaron sin ingreso en prisión. El Estado ya ha ingresado 20 millones de euros en multas por el fraude, también en bienes, a consecuencia de la operación Relámpago de 2007, según publicó ‘El País‘.

Los Feliú -en el bufete no han contestado a los mensajes y llamadas de este diario- no solo manejaban Corfield Investments. Según la documentación de Mossack Fonseca, antes de ser suspendidos habían intermediado en nueve empresas: ocho en las Islas Vírgenes Británicas y otra en Panamá. Todas tenían nombres inanes, fácilmente olvidables, intercambiables entre sí: Tern Holdings SA, Blane Corporation, Belan International Group Corp., Leban Corporation, Nabel Corporation, Sea Medow International, Sea Time Services limited, Lampera II Limited y Palma Consulting LTD.

El hombre de Mossack en España defendió al Bufete Feiú: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”

Con la caída de Feliú, nuestro empresario -El Confidencial ha decidido de momento no publicar su nombre, por no ser un personaje público- eligió otro bufete renombrado: De Miguel Abogados, fundado por Luis de Miguel, esta vez en Madrid. Entonces su nombre aún no figuraba en rojo en Hacienda, pero eso no quiere decir que no tuviera su historia. En 1993 escribió un libro profético: ‘Objetivo, sin fronteras fiscales: los paraísos fiscales y la inversión extranjera en España’. Y pocos años después comenzó a trabajar con Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. De Miguel fue administrador único de Orange Market e Easy Concept,y tuvo cargos en Special Events y TCM, entre otras sociedades de la red. Era una pieza clave en la trama, considerado el arquitecto financiero de la Gürtel.

Según un informe de Anticorrupción del 6 de mayo de 2010, en su despacho había documento sobre “las estructuras de blanqueo ‘offshore’ (paraísos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis”.

De Miguel se movía bien. Conoció personalmente a Ramón Fonseca en la conferencia de The International Tax Planning Association en San Petersburgo en junio de 2004, según la documentación de Mossack. Días después se reunió con una representante de Mossack -esta lo describió como “muy cordial y de muy buena apariencia”-. “Usa compañías en Nevis y Madeira. Yo sugerí usar Samoa Niue, que no están en la lista española de paraísos fiscales”, dice la nota interna de Mossack. La reunión terminó de manera optimista: “Creo que tenemos un 100% de probabilidades de hacer negocios con esta firma, porque al señor De Miguel le gustó la idea de usar Niue en vez de Nevis”. Como acababa el plazo para presentar la renta, la conversación con De Miguel se vio constantemente interrumpida por clientes que le llamaban con dudas.

El abogado Luis de Miguel. (EFE)
El abogado Luis de Miguel. (EFE)

Por alguna razón, De Miguel sigue usando Nevis, una isla del Caribe. En 2010, tras el fallecimiento de nuestro industrial, cuando Cornfield Investments pasa a sus hijas, De Miguel escribe a Mossack ordenando liquidar la sociedad y traspasar los activos a Limarno, una sociedad de Nevis. Para entonces, el abogado De Miguel ya estaba de barro hasta las cejas. Al igual que con Feliú, Hacienda y Anticorrupción le habían echado el ojo. En 2006, el juez Baltasar Garzón había ordenado entrar en su despacho en Madrid dentro de la operación del BBVA-Privanza, y encontró una serie de clientes a los que De Miguel ayudaba a evadir impuestos.

“En España no hay cultura de fiducia, de fiarse de alguien que te crea las sociedades ‘offshore’ sin un papel. Como no te fías del testaferro, siempre hay un documento en una caja fuerte que te relaciona. Así que cuando la policía entra en uno de estos despachos, ya lo tienes todo”, explica una fuente de Hacienda.

La Agencia Tributaria ha logrado condenas para algunos letrados como cooperadores en el fraude

Así cayó De Miguel. En abril de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 21 años de cárcel por ayudar al empresario vasco Juan Ramón Reparaz a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario no declaró entre 1999 y 2006. Lo hacía mediante sociedades interpuestas en Panamá, Belice, Irlanda, Reino Unido y España. La sentencia fue confirmada por el Supremo en 2014 y ya está en prisión.

Su hijo, Eduardo de Miguel, dirige el despacho ahora, y asegura que ha cambiado radicalmente de actividad. Afirma que no sabe nada de Cornfield ni de Limarno. Suena creíble. “Tengo 30 años y el despacho ha cambiado”, explica por teléfono.

El abogado no fue condenado como cómplice, sino como “cooperador necesario”, un grado más. Eso implica que es como si fuera autor del delito. No es la única causa en la que aparece su nombre. El 17 de febrero de 2014, la Audiencia de Madrid le condenó a dos años de prisión por fraude fiscal por defraudar 197.669 euros y falsedad continuada en documento mercantil. Además, según ha sabido El Confidencial, tiene pendiente otro juicio por delito fiscal que pospone alegando problemas de salud de su abogado.

Feliú y De Miguel son solo dos de las decenas de despachos españoles que aparecen como intermediarios en las relaciones de españoles con el bufete panameño. Ilustran cómo con frecuencia los tentáculos de Mossack Fonseca en España tienen toga, una orla de licenciado en Derecho en la pared y un despacho de abogados de esos de sofás de cuero y suelo de parqué.

El bufete Pretus de Barcelona es cliente destacado de Mossack y también estuvo implicado en un caso de blanqueo. Como Francisco Javier del Valle. Ambos son viejos conocidos de los tribunales españoles. Cameron anunció ayer una ley para perseguir a despachos y bancos que ayuden a evadir impuestos, aunque en España hace años comenzó a actuar contra los casos más flagrantes. Todas las fuentes del sector coinciden en que los casos de Feliú y De Miguel, Pretus y Del Valle corrieron como la pólvora entre los despachos de abogados. “Hay mucha gente esperando que prescriban los casos para respirar”, cuenta un abogado.

Otro de los que aparecen como intermediario en una gran cantidad de sociedades es el despacho Roca Asociados. Rafael Roca es un penalista experto en temas fiscales que ha defendido, entre otros, a Gonzalo Prado, acusado de ocultar dinero en el HSBC de Ginebra y cuyo nombre aparecía en la lista Falciani, o a los directivos de Verbatim condenados por fraude fiscal. Roca aparece en un lista de Mossack como intermedirio en 115 sociedades, de las que 22 permanecen activas. Hay empresas en Islas Vírgenes, Samoa, Panamá y Niue. Roca no ha querido hablar para este reportaje. En algunos casos, el trabajo de los abogado puede ser para traer una sociedad en la amnistía fiscal, lo que no les implicaría en ninguna irregularidad.

“Para abrir una sociedad en Panamá, no hay secreto profesional entre abogado y cliente que valga”

A menudo actuaban confiados en que la confidencialidad cliente-abogado se extendía a esos casos, pero eso ya no es así. Nielson Sánchez Stewart, abogado especializado en temas de blanqueo, advierte de que no se aplica en estas situaciones: “El secreto profesional es algo al servicio del cliente, no del abogado. Además, es solo para la defensa jurídica o la asesoría. Pero para abrir una sociedad en Panamá, no hace falta ser abogado. La puede abrir cualquiera, así que ahí no hay secreto profesional que valga”.

En caso de sospechas de blanqueo, los abogados están obligados a denunciar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Sánchez Stewart destaca que no todo el que crea una sociedad en Panamá comete delito fiscal, y da un caso recurrente en el litoral. “Si viene un extranjero de 90 años que se quiere comprar una casa en Marbella, igual le recomendaría que lo hiciera mediante una sociedad en el extranjero”. Los residentes del norte de Europa temen como a la peste el impuesto de sucesiones español. “Lo que hace Mossack Fonseca hay que mirarlo caso a caso”, añade Sánchez Stewart.

El abogado Flores: “Mossack te ofrece la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin”

Antonio Flores, abogado en Marbella, de Lawbird, especializado en atender a clientes extranjeros, da una visión más descarnada: “Te ofrecen la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin. Usaban acciones al portador, de forma que nunca sabes de quién es la sociedad”. Flores añade que a menudo se vendían sociedades a clientes que no las necesitaban. “Pagaban entre 1.500 y 4.000 dólares al año a veces para usar una sociedad y comprar una casa en España, pero eso no les reportaba ventajas fiscales. Hemos tenido casos en los que hemos tenido que recuperar esa sociedad”. Señala que a veces los abogados les recomendaban esa operación porque cobraban una comisión.

En la lista de abogados que han trabajado con Mossack hay muchos de la costa. Como Vicente Tur Órtola, un letrado de Benissa (Alicante), que ha creado 13 sociedades con ellos: siete en Panamá y seis en Niue. De ellas, solo queda una activa: Warwick Investments. “En relación con Warwick Investments INC, su actividad es la de tenedora de acciones y promotora, en todo lo relacionado en el sector inmobiliario español”, dice Tur a Mossack en un correo electrónico en abril de 2014.

Por teléfono, Tur Órtola reduce la importancia: “Warwick está inactiva. La creamos para un inglés que venía a comprarse una casa en la costa. La casa la vendió y mantiene la sociedad porque cuesta unos 600 dólares al año, pero le voy a decir que la cierre”. Tur habla franco y directo antes de que estalle el escándalo de los papeles de Panamá: “Mossack Fonseca eran abogados que hacían de todo. No sé cómo les irá. Ha habido un montón de reformas legislativas y eso no da más de sí”. Tur admite que ha trabajado con Mossack.

Un intermediario afirma que Mossack ofrecía servicios a la clase media que ahora solo están al alcance de las empresas multinacionales

En los papeles de Panamá aparecen también menciones a los grandes bufetes españoles, pero se nota que llevan mucho más cuidado. Abogados de Cuatrecasasfiguran como apoderados en una sociedad de Panamá, pero la documentación demuestra que forma parte de una inversión en gimnasios en Colombia por parte de una empresa brasileña. Hay algo tangible detrás, no solo movimiento de impuestos.

En 2004, una enviada de Mossack realizó una ronda por despachos españoles y de cada reunión realizó un pequeño resumen. De una cita con dos socios de Uriasale sin grandes perspectivas de negocio: “Creo que tenemos pocas oportunidades de hacer negocio con ellos”, aunque estos sí tratan con bancos de Andorra y con compañías de Suiza, Reino Unido, Malta, Chipre y Madeira. La misma conclusión saca de una reunión en 2005 con Garrigues.

Dos abogados consultados coinciden en que Mossack Fonseca permitía crear sociedades a la clase media alta, pero que últimamente el negocio estaba de capa caída. La amnistía y las reformas legales habían ido a la base de su negocio. Ahora, señala, eso solo lo pueden hacer grandes multinacionales. Y esas no iban a Mossack.