Tag Archives: Luis Fernando González Ordóñez

November 5th, 2014
Story by Comando Actualidad | TVE 1

Programa completo en RTVE.es

Decenas de millones de euros con forma de esqueletos de hormigón o boquetes inmensos se desperdigan por toda nuestra geografía. Urbanizaciones desérticas, pistas de esquí en medio de la nada, parques acuáticos sin toboganes ni bañistas, u hospitales que se quedaron en las intenciones y en agujeros presupuestarios. Son postales que forman un paisaje imposible de borrar.

Por toda la Región de Murcia surgen urbanizaciones sin terminar de construir, un paisaje que se repite por casi todo el litoral español. Francisco es uno de los 1.500 vecinos que compraron una de estas ruinas contemporáneas. Un vendedor de melones metido a promotor fue el impulsor de Trampolín Hills. Según uno de los técnicos de urbanismo éste es sólo uno de los ejemplos de empresarios que se aprovecharon de una recalificación prevista para construir ochocientas mil viviendas.

Parque acuático a lo grande en Jaén

Jaén queda lejos de la playa, quizá por eso se consideró necesario un parque acuático a lo grande. Se invirtieron nueve millones de euros en rampas, desniveles, vasos de piscina y restaurantes. Cuando llegó la siguiente corporación municipal paró las obras. Hoy es un secarral parecido, según los vecinos, a la “cantera de los Picapiedra”.

El ocio también era el destino de los diez millones de euros que se invirtieron en Villavieja del Cerro (Valladolid). El presupuesto inicial se dobló porque “encontraron un material nuevo y mejor”, según uno de los responsables de la Diputación. Ahora hay que derribar la pista de esquí sin haberla estrenado: fue construida sobre un monte quemado, algo ilegal.

fortuna golf 1En Madrid se realiza periódicamente una visita guiada por lo que pudo ser y no ha sido, o lo que fue pero duró poco tiempo. Tal es el caso de la estación y las vías de Cercanías que llevaban al Parque Warner. La estación está cerrada 10 años después de su inauguración y la catenaria desmantelada para que no la roben. En el mismo recorrido se ve la costosa cimentación de un rascacielos que nunca se levantó.

April 25th, 2013
Sur in English


2013-04-25-Lawbird-Owner-of-leisure-complex-Laguna-Village-to-Pay-Investor2013-04-25-Lawbird-Owner-of-leisure-complex-Laguna-Village-to-Pay-InvestorThe Malaga Appeal Court has ordered the property developing company Playa Padrón Estepona S.L., managed by German businessman Jürgen Sauer, owner of the Estepona leisure complex Laguna Village and co-founder of the Kempinski hotel, to pay just under 500,000 euros to a British investor.

The investor, represented in court by lawyer Luis Fernando Gonzalez Ordoñez, from Marbella law firm Lawbird Legal Services, had exchanged contracts in 2006 for the acquisition of several units in the complex. However the purchase was never completed because these units were rented out to third parties even though the seller had agreed, contractually, that they were to be sold “free from occupants”.

The investor had paid 185,000 euros to the developer and agreed that, in the event that he was unable to conclude the transaction he would forfeit the deposit but, if the developer was unable to sell under the terms and conditions agreed, it would return twice the deposit, plus interest.

The initial case against the developers ruled in their favour, citing the relevant clause as a clerical error. Following the successful appeal the company managing Laguna Village is obliged to pay 365,000 euros to the investor plus accrued interest since 2006 and legal costs.

April 18th, 2013
El Mundo

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a la mercantil Playa Padrón Estepona S.L., promotora del complejo de ocio radicado en Estepona conocido como ‘Laguna Village’, fundada y administrada por el empresario alemán Jürgen Sauer, a abonar cerca de medio millón de euros a un inversor británico.

Dicho inversor, representado en juicio por el letrado de Lawbird Luis Fernando González Ordóñez, había firmado un contrato de arras para la adquisición de varias unidades en el complejo en el año 2006, en régimen de concesión administrativa, y no pudo escriturarlas al estar éstas alquiladas, dándose la circunstancia de que las mismas se habían vendido “libres de inquilinos u ocupantes”.

En total, el inversor abonó 185.000 euros a la promotora, y acordaron que de no proceder con la escritura por causa imputable a la compradora, esta perdería el depósito, pero que de ser la vendedora la que no pudiera vender, vendría obligada a devolver el doble de lo abonado —según se prevé para los contratos de arras penitenciales—, más los intereses desde el año 2006 y las costas procesales causadas.

El Juzgado de Primera Instancia 2 de Estepona dio inicialmente la razón a la mercantil Playa Padrón Estepona S.L., no estimando la petición del inversor británico, al aceptar como buena, entre otras, la alegación de que la cláusula de devolución del duplo de lo abonado se insertó en el contrato por culpa de un error administrativo. Sin embargo, la Audiencia Provincial en reciente sentencia estima el recurso formulado por la representación legal del inversor y revoca íntegramente la sentencia,condenando a la mercantil concesionaria de complejo ‘Laguna Village’ a abonar 365.000 euros, con sus intereses y costas.

Se da la circunstancia de que el empresario Jürgen Sauer, administrador de Laguna Village, cofundador del Hotel Kempinski de Estepona y propietario de la inmobiliaria Sauer, fue detenido en el año 2008 por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Hidalgo por la Juez María Jesús del Pilar Márquez, quinta instructora de la causa que inició el Juez Francisco de Urquía.

El letrado Luis González ha señalado que “la mercantil no contesta a los requerimientos del despacho para proceder al abono del importe de la condena, por lo que se procederá a ejecutar la sentencia, embargando, si fuera necesario, los alquileres que regularmente abonan los inquilinos de los locales del complejo Laguna Village”.

January 17th, 2013
Story by Europa Press | La Vanguardia

Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en la localidad malagueña de Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de la presentación de la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Así, Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. –antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana–, según el comunicado.

Tal y como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño, según el citado comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor.

Según ha informado el despacho de abogados Lawbird, ambos han sido juzgados recientemente en el juicio oral por el Caso ‘Malaya’ y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

Así, el bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”, ha expresado el comunicado. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

También, lamentan que el juez ahora recusado no haya tomado medida cautelar alguna, desde que comenzó a instruir dicha querella, y no descartan “acciones judiciales directas” derivadas de los hechos de la recusación, “teniendo en cuenta en todo este caso la mejor atención a nuestros clientes que depositaron su confianza en la justicia penal española, y a fin de evitar que situaciones como la presente vuelvan a plantearse a nadie que acuda a pedir justicia en España”.

Los damnificados, en su mayoría de nacionalidad británica, pero también irlandeses y norteamericanos, habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia.

Cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a gran parte de los querellantes viviendas en Estepona en la promoción denominada Estepona & Country Club. Se iba a construir en el paraje de Arroyo Vaquero.

Además, Lawbird ha expresado que la promotora jamás ha sido propietaria del citado terreno y el suelo no es apto siquiera para edificar, nunca lo fue. Nunca fue solicitada la licencia de obra para construir, ante el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). A lo máximo que llegó el promotor fue a pedir un permiso para la caseta de ventas que, incluso, fue denegado por el Consistorio malagueño.

Por último, Lawbird ha denunciado que “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda sabían todo lo anterior y, sin embargo se enriquecieron con las ventas sobre plano”, desviando los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y así continuar allí el irregular negocio inmobiliario objeto también de la querella. Los letrados Flores y González Ordóñez destacan que “para evitar el alcance de semejante engaño, la promotora nunca firmó los contratos que sí firmaron los compradores”.

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January 17th, 2013
Malaga Hoy

Más de un centenar de afectados por una estafa inmobiliaria en la Costa del Sol, la mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados, se ha hecho cargo de presentar la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF -antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana-, según el comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios cuyos dueños son los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos procesados en el caso Malaya, en el que se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. La ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal.

En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

April 28th, 2012
Story by MÓNICA PÉREZ | Sur in English

The chairman of Peterborough United FC and former property developer Darragh MacAnthony, whose name once adorned MRI billboards welcoming potential buyers to ‘MacAnthony territory’, was back in Marbella this week to answer charges brought against Mac-Anthony’s MRI Property International by a group of about fifty former clients. The group, mainly British and Irish, say they paid 15,000 euros each for furniture packs for properties in Turkey, Bulgaria, Italy, Cape Verde, France and Morocco which were never delivered.

Also appearing before the court in Marbella on Wednesday accused of fraud were Dominique Pickering, Sarah O’Callaghan and Nicola Shaw, all former MRI executives. Michael Liggan failed to appear.

MacAnthony was questioned for two hours, during which he confirmed that MRI had received the money from the claimants but stated that the funds had been transferred to the furniture manufacturers, who never supplied the goods. Pickering, O’Callaghan and Shaw’s statements were all to the same effect. In support of this assertion their defence lawyers have presented a document – which to date has not been shown to either the judge or the lawyers for the prosecution – which apparently shows details of the bank transfers to the furniture providers.

Administrator

According to the lawyer Luis Fernando González Ordóñez, the Mac-Anthony property companies were effectively closed down without going into administration, with the only representative now being a 90 year old Spaniard, Fernando Arespacochaga Alcalá del Olmo, sole administrator of the Hispano-Peruvian company, Inmobiliaria Vasco Peruana SAC. Arespacochaga was also in court on Wednesday and stated that he had never had any direct contact with the other accused, and that he is still in receipt of 600 euros a month paid to him by MacAnthony for his services.

The group of clients who accuse MacAnthony of fraud are claiming in total more than half a million euros which they say they deposited with MRI for the purchase of furniture. Most of the transactions took place in Marbella, in the MacAnthony offices which were housed in the building previously used as his ‘Club Financiero’ headquarters by the late Mayor, Jesús Gil.

The Marbella judge will now have to decide whether to proceed with the case.

April 28th, 2008
Story by José Carlos Villanueva | El Mundo

El Mundo Newspaper – 27-4-2008 (Original in PDF) 

In the sentence ruled last 22nd of April to which newspaper El Mundo has access to, the judge Mrs Dolores Ruiz Jiménez revoked the eleven Private Purchase Contracts that the plaintiffs signed with the developer between the 4th of July and the 19th of December 2003.All of the plaintiffs who will now be refunded are of British and Irish citizenship. They are nine couples which signed jointly and two other persons that signed individually. The developer gave them a deadline to complete on the eleven properties without the mandatory Licence of First Occupancy required under Spanish law.

The down payments made by the eleven plaintiffs range from 66.581ˆ up to 90.319ˆ. To said amounts one must add the accrued legal interests which range from 8.300ˆ up to 12.478ˆ. The developer’s legal representative may appeal against the ruling of the judge. However, legal sources have confirmed the plaintiffs will execute provisionally the ruling so that they may start to obtain their refunds which they had made as down payment on the eleven properties.
Completion

The problems stem back in 2006 when the purchasers were sent by the developer a registered communication by means of a Notary public to complete on the properties on a given date. They would have to pay the balance which amounted to 70% of the value of the properties. Some purchasers warned the developer that he was in breach of contract as the properties were not being delivered on time as per the terms set forth in their Private Purchase Contracts. The developer was meant to hand over the properties in May 2005. Other purchasers decided not to appear before the appointed notary on said completion date due to the breaches of contract La Reserva de Marbella had incurred in.

In February 2006 the developer requested from Marbella town hall to be granted the Licence of First Occupancy. Three months after, in May of that same year, La Reserva de Marbella developer thought he had obtained said LFO by means of an administrative legal figure known as “Administrative Silence”. In June 2006 the developer notified the purchasers giving them a deadline to complete before a Spanish notary public.

Before filing the law suit, the affected parties contacted the developer through their chosen Marbella law firm, Lawbird Legal Services, by means of a burofax to clarify the legal status of said development with the warning that they would revoke their contracts if it wasn’t clarified. This registered communication went unanswered by the developer. This forced the purchaser’s lawyer to cancel their contracts because their dwellings lacked the mandatory

Licence of First Occupation

Moreover, a town hall resolution existed issued by the “Comisión Gestora” in which it stated that the LFO had not been granted by “Administrative Silence” to developer Peñarroya for La Reserva de Marbella. The 29th of May 2006 a local legal report had already included La Reserva de Marbella’s Building Licence as one of many which were undergoing an administrative process that was reviewing it, being one of many Building Licences that were revoked by the Junta de Andalucía.

The ruling delivers justice

At the Marbella law firm, Lawbird Legal Services, which acted on behalf of the eleven plaintiffs in a class action law suit against La Reserva de Marbella, the ruling was received with satisfaction. The ruling pends a possible appeal by the developer’s lawyer to the Audiencia Provincial which would make it definitive.

Lawbird’s lawyers have undertaken the weight of the legal procedure under the supervision of the head lawyer Mr Luis Fernando González Ordóñez. The purchasers contacted both solicitors tangled in the legal predicament they were in as a result of Marbella’s  general urbanistic chaos due to the lack of legal planning security.

At another Málaga court, earlier on this month, Lawbird won another ruling against La Reserva de Marbella which affects only one purchaser. She will obtain a full refund of €85,000 which she paid over to developer Peñarroya at La Reserva de Marbella. Until now the developer in this case has not paid any funds over to this plaintiff. Three La Reserva de Marbella properties which had been legally frozen by her lawyer to secure her stage payments will now beexecuted by him to obtain the refund.

“This ruling is yet not firm pending a possible appeal, yet it is a professional satisfaction for our law firm but above all it delivers satisfaction to our clients, all of them British and Irish”, was declared by Lawbird’s solicitors “at long last Spanish Justice acknowledges they were right all along. It is not admissible, as the developer strived to do, to deliver a property without the mandatory legal and urbanistic requirements for a first occupancy”.

In many of these cases for the plaintiffs they were their life’s savings or their largest family financial commitment. For this reason to those affected “it is a great satisfaction to verify that it is worthwhile filing a law suit before a Spanish Court of Justice, even bearing in mind the associated fees, expenses and time it requires, taking into consideration you are a foreigner”.

Lawbird upholds that “the Costa del Sol cannot be left at the mercy of a handful of very powerful developers, as has been the case in Marbella, undermining the good image of Spain abroad, specially in the United Kingdom and Ireland, whose citizens have traditionally been attracted by the lifestyle in our coasts”.

This Marbella law firm is specialized in defending those affected by real estate and planning problems.