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Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

Un enorme cartel publicitario en la ladera de la montaña daba la bienvenida a Marbella. “Bienvenido a territorio MacAnthony”. MacAnthony es Darragh MacAnthony, un halcón del negocio inmobiliario nacido en 1976 en Dublin que desde la Costa del Sol vendía promociones en España, Bulgaria, Marruecos, Turquía o Cabo Verde. En el Reino Unido es famoso por tuitear contra los futbolistas del club que posee, el Peterborough United, en la tercera división inglesa, pero en la Costa del Sol lo conocen las decenas de británicos que le han denunciado por estafa con las promociones inmobiliarias con las que, dicen, les sacaba el dinero. Denuncian que la sociedad de MacAntonhy se esfumó de la noche a la mañana gracias a un nonagenario que asumió la titularidad llamado Fernando Arespacochaga del Olmo, sobrino del asesor fiscal de la ‘jet’ investigado por seis juzgados Joaquín de Arespacochaga. Fútbol profesional, Marbella, testaferros, Papeles de Panamá… Aquí no falta de nada.

El juzgado de instrucción 4 de Marbella investiga desde 2011 a MacAnthony y a su sociedad MacAnthony Reality International Spain. Decenas de británicos se querellaron contra él por estafa, blanqueo y apropiación indebida. Denuncian que les vendía casas en lujosas promociones prometiendo “una revalorización anual del 15%”. Aseguran que no solo cobraba anticipos por las viviendas, que en unos casos no llegaban a terminarse, sino que les cobraba otros servicios auxiliares con otras empresas. “MRI Lifetime, que es un servicio de instalación y mobiliario de los apartamentos, costaba 265 euros al año. Sorprende que les haga pagar por la instalación de muebles y el mantenimiento de la vivienda incluso mucho antes de que la misma esté construida”, sostiene la querella del abogado Sergio García Bravo, que su sumó al procedimiento el verano de 2016.

DANIELE GRASSO

El pleito lo comenzó el abogado Luis Fernando González, del despacho Lawbird, especializado en Marbella a defender a británicos de las múltiples estafas que han sufrido. En nombre de 49 compradores les denunció por apropiación indebida y/o estafa por unos muebles que, decían, nunca llegó a proporcionarles y por los que reclamaban 492.495 euros.

El abogado de MacAnthony, Enrique Fernández de la Lama, resta importancia al asunto: “Es la reclamación de unos clientes por la compra de unos muebles. Ya hemos justificado que fue porque llegó la crisis inmobiliaria. Fue a pesar de haber invertido más dinero del que se recibió de los clientes”. Este considera que lo lógico es que el procedimiento penal se archive y la reclamación siga otro curso.

Los demandantes no solo iban contra Darragh MacAnthony. Se dirigían también contra un hombre de 90 años llamado Fernando Arespacochaga del Olmo. Sostenían que era “formalmente el administrador único de la mercantil Inmobiliaria Vasco Peruana, la cual es, a su vez, también formalmente, la administradora única de la española MacAnthony Reality International Spain” (MRIS). Señalaban que dada la falta de movimientos económicos de la Inmobiliaria Vasco Peruana esta daba la impresión de ser “una empresa meramente instrumental”.

Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.
Joaquín Arespacochaga, fotografiado por la policía en Madrid.

El argumento del abogado González es que MRIS desapareció en esa empresa para que no hubiera a quién reclamarle el dinero. Y que Arespacochaga era solo un hombre de paja al que jamás se lo podrían reclamar responsabilidades. MRIS quedó liquidada en 2012. En un columpio de altas y bajas en el registro mercantil, la sociedad estaba en manos de Inmobiliaria Vasco Peruana SAC desde el año 2005. Esta sociedad tiene sede en Perú y, aparentemente, no tiene ninguna conexión con Macanthony.

Sin cartel en la puerta

La declaración de Fernando Arespacochaga en el juzgado confirmó que efectivamente él tenía poco que ver en el negocio. Allí afirmó “que un sobrino suyo es asesor de MRIS y le invitó a tener un cargo como director de esta empresa para agilizar los trámites de esta ya que los socios de la entidad no residían en España y él sí”. Añadió que “por este cargo le pagan 600 euros al mes y que su sobrino se llama Joaquín de Arespacochaga” y admitió que “escapa a su control la actividad real de la empresa MRIS”, que él confió en su sobrino, que era quien le decía dónde tenía que firmar.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga llegan a las Seychelles

El nombre de Joaquín Arespacochaga quedó colgando en esa declaración. Nadie tiró del hilo. Era el asesor fiscal de MRIS y el que nombró a un nonagenario para que firmara. En otros seis juzgados de Cádiz y Madrid hay huellas de Arespacochaga, aunque en esos sí está siendo investigado, según una investigación de El Confidencial. Se trata de un inspector de Hacienda en excedencia y asesor fiscal de la jet. Está investigado por ayudar a miembros de la buena sociedad madrileña a fingir su residencia fiscal en el exterior, como tres hermanos Cotoner, tres hijos del exjefe de la Casa del Rey, y Enrique Maestre Cavanna, hijo del promotor Tomás Maestre. Según la investigación sobre el desvío de fondos públicos del dinero de la Bahía de Cádiz, Fernando Arespacochaga era utilizado como testaferro habitual por Joaquín Arespacochaga. La dirección de varias sociedades en las que participa la peruana en España es calle Azulinas 7, en Madrid, local identificado como centro de los negocios de Joaquín Arespacochaga en Madrid.

Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.
Fernando Arespacochaga también era titular de una sociedad offshore que acabó en manos de MAcAnthony.

Cuando los abogados de los denunciantes de Marbella fueron a Madrid a ver la sede desde la que supuestamente se controlaban las inversiones en la costa vieron un portal anodino sin cartel en la puerta. Nada que ver con la pomposa sede de MRIS en Marbella años antes, ante la que a menudo estaban aparcados coches de lujo. El abogado de MacAnthony, Enrique Férnández de la Lama, ve perfectamente lógica la relación: “El sobrino de Fernando Arespacochaga le llevaba temas fiscales y como no estaba aquí en España puso en el consejo de administración a Fernando, pero no ha tenido nada que ver como MRIS”. Este sostiene, en contra de los denunciantes, que la Inmobiliaria Vasco Peruana no tiene nada que ver con las firmas de MacAnthony.

“Pasadlo a Mossack Fonscea”

El mismo papel de ‘prestanombre’ para la red societaria de su sobrino es el que Fernando de Arespacochaga tiene en las decenas de sociedades registradas en paraísos fiscales y creadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca, a cuya base de datos este diario tiene acceso en el marco de la investigación de los Papeles de Panamá. En medio de los once millones de documentos que la componen es donde se halla la conexión ‘offshore’ entre Arespacochaga y MacAnthony.

Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.
Constitución de Jaguar Capital en los Papeles de Panamá.

Los vínculos entre MacAnthony y Fernando Arespacochaga no se limitan a que el nonagenario pasó a controlar formalmente la inmobiliaria de Marbella. Se replicó idéntico a miles de kilómetros de distancia, en las islas Seychelles. El nombre de Fernando figuraba como accionista de la sociedad Jaguar Capital Limited hasta 2005. En 2006, esta compañía se utilizó para abrir una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Natalie MacAnthony, la esposa de Darragh. Lo mismo hicieron ese año con cientos de sociedades para burlar un actualización de la ley europea sobre secreto bancario. La mujer del magnate del fútbol figura como “beneficiaria final del 100%” de la sociedad incluso en documentos de 2015.

El mismo Darragh intervino para agilizar los trámites. En un correo de finales de 2013 pide a su asesor que “pase los documentos a los de Mossack Fonseca, para asegurarnos de que todo esté bien hecho”. Y es que la sociedad tenía un fin declarado, gestionar una propiedad en Ascot, a las afueras de Londres. En marzo de 2016, la propiedad se vendió por 2,3 millones de libras, algo más de 2,6 millones de euros.

Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.
Un cartel de Darragh MacAnthony daba la bienvenida a la Costa del Sol.

El imperio de MacAnthony en la Costa del Sol es historia. Pero sus perseguidores son tenaces. Los abogados de Lawbird han encontrado la mansión que posee en Marbella, un enorme chalé de 2.500 metros en una parcela de 8.000 en la Sierra blanca. La llaman el mirador, por las vistas, y está a nombre de una sociedad. “¿Si las inmobiliarias quebraron y no pudo pagar a los que le compraron los muebles cómo se está pagando esa mansión? ¿Quién paga esa hipoteca?”, se pregunta el abogado Luis Fernando González, que critica las maniobras societarias de MacAnthony, que no llevó sus empresas a concurso de acreedores. Estos recuerdan el gusto por el dinero de MacAnthony con una declaración de hace unos años: “Estaría desolado si en cinco año no atesoro un patrimonio de al menos mil millones de euros”.

OVP_spanish property scam_Sunday LifeMore than 1,000 buyers from the UK and Ireland lost £45m after Birmingham- based Ocean View Properties (OVP) was formally dissolved in 2009. OVP was the exclusive agent for the Manilva Gardens luxury holiday complex in Estepona on the Costa del Sol. It was behind successful overseas property enterprises, but ran into difficulties as UK agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret. A claim for fraud and misappropriation of funds was lodged in February 2011 in a bid to recover deposits paid by investors to OVP. It has more than 50 Northern Irish investors among 120 claimants for £9.2m. A second class action complaint for £2m, brought by 30 British and Irish investors, was filed in 2013. Many Northern Irish investors remortgaged homes to finance their dream luxury buys. One local investor was Armagh ex-teacher Ollie Reel, who now works for a firm helping investors to recover their lost money. Mr Reel and his three brothers sank thousands of pounds into the deal, but have managed to get some of it back.

“It started in 2006 and through a few good friends, mainly in GAA circles, they invested in Spain and I was persuaded at that time it could be good for me as well and I couldn’t lose out,” he told an Irish radio station. “The economy was booming and everyone was going mad buying property, like everyone else I got caught up in the euphoria of it all. “If only I had known what was ahead of me, I would never have considered it. “The investment I was involved in was in Estepona in Spain and there was about 100 of us on both sides of the border, I suppose we lost a combined €12m.

“These apartments were all fully furnished, they were very good at advertising it, they flew groups of us down to Spain and we stood on the actual site and we were all taken in by owning a new property in Spain.” He added: “The company went bust and it was down to the fact that the developer who was building our property hadn’t even got a building licence.” Mr Reel explained that after going through Spanish lawyers, he eventually was able to recover around half of his £145,000 deposit through a group called the Claims Bureau. He now works as a consultant for the group. The Madrid High Court probe has been beset by delays and setbacks. An investigating judge was replaced after he was found to have family ties to Mr Miranda Miret. In the latest twist, the developer is accused of submitting forged documents in the criminal action.

A spokesman for Marbella- based legal firm Lawbird said: “By using these documents, supposedly signed by the secretary of Ocean View in Spain, the developer tried to prove that they had formally notified the estate agent that it was not possible to continue selling apartments as no licences were in place and they didn’t own the land where the development was to be built.” Final witness statements for OVP are to be given on Wednesday. Following these submissions, the judge will decide if the case should proceed to trial. Mr Miranda Miret and others accused have all strongly denied any wrongdoing. Former Aston Villa captain Gareth Barry and BBC’s Homes Under The Hammer star Martin Roberts, who starred on I’m a Celebrity, were among those duped into marketing luxury off-plan apartments for the firm, though neither benefited in any way, or had any knowledge of the alleged irregularities.

Original print (PDF ~ 4Mb)

Sur in English

Court of First Instance 11 in Bilbao has ruled that twelve mortgage loans valued at six million euros, granted to British families mostly in Malaga province between 2004 and 2007, should be declared void.

The case was dealt with in Bilbao as all loans were granted at a notary in the city, and the representatives of the lender, SL Mortgage Funding nº1 Limited (SLMF), were also based in the Basque city, according to Lawbird Legal Services SLP.

These loans were sold to attain a reduction in potential inheritance tax, inasmuch as the mortgage would reduce the taxable value of the property, but also to supplement the modest pensions received by the owners of the properties.

SL Mortgage Funding nº1 Limited (SLMF), based in Chester (UK), had not applied for the necessary regulatory permits to legally raise funds from the public and provide an investment service – activities reserved and regulated by the Bank of Spain and the CNMV (financial regulator).
In spite of not having any of the above authorisations, SLMF would lend but at the same time retain most of the proceeds of the loan, which would then be invested by the company.

The ruling declares that “infringing the protocols set by the relevant administrative authority to supervise the disputed product is a regulatory violation that exceeds that of a mere breach of banking laws, such as misselling, so profusely dealt with recently in relation to the massive sale of complex financial products.”

The judge who presided over this case concluded that the breach of public policy “is far more serious” as it made a mockery of a whole system of financial and banking supervision designed to prevent abuses to consumers and protect the stability of the sector. He likened this behaviour “civil fraud”, which is any proposal that contravenes mandatory regulations or has a false or forbidden reason.

The sale of this product was conducted via commission-earning financial advisory firms (Hamiltons Financial Services, Henry Woods Investment Management and others), based in Estepona, Marbella and Fuengirola. SLMF also recommended a network of lawyers which would downplay the extent of the lack of licensing requirements of the bank and the product.

According to Lawbird Legal Services SLP, working on behalf of the claimants, the ruling confirms that “operating in breach of mandatory banking and financial regulations makes the offender a ‘boiler room’, even if the company was legally operating in its own country”. It also allows the victims to “end the nightmare” which has blighted the victims for over ten years.

The judge concluded by saying that all contracts and agreements executed between the clients and the bank should be terminated, but also applied the laws of contractual termination in a novel way with the clients able to claim back everything they had put in without having to return what was given to them.”

La Verdad

Alicante, 7 nov (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alicante ha condenado al Banco Popular a devolver unos dos millones de euros a más de 60 británicos que invirtieron en viviendas sobre plano en un proyecto urbanístico en Fortuna y que nunca se terminaron.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los demandantes, todos ellos del Reino Unido, tienen en común el haber adquirido distintas viviendas del residencial Fortuna Golf, promovido por la mercantil Promociones Eurohouse 2010, S.L., que se encuentra declarada en concurso voluntario de acreedores desde marzo de 2010.

La sentencia indica que como suele ocurrir en este tipo de contratos, “los compradores entregaron distintas cantidades a cuenta del precio final” y llegado el día pactado para la entrega de las viviendas -28 de febrero de 2008- éstas no se encontraban debidamente acabadas, lo que determinó la resolución de los contratos de compraventa”.

Los demandantes pedían la condena solidaria del Banco Popular, por ser la entidad que tenía suscrita con Promociones Eurohouse 2010, S.L, una línea de avales destinada a garantizar la restitución de las sumas percibidas.

También reclamaban a Caja Rural Central por ser la entidad en la que se ingresaban las cantidades satisfechas por los compradores; y al Banco Santander por haber financiado a la promotora y haber constituido una hipoteca sobre la totalidad de la finca en la que se iban a construir las viviendas.

La acusación, ejercida por el despacho Lawbird Legal Services S.L., invoca legislación de protección de consumidores (Ley 57/1968 sobre anticipos a cuenta en la venta de viviendas), que a su entender, debía en todo caso proteger las entregas abonadas por consumidores finalistas.

El Banco Popular alega, entre otras cosas, que no ha prestado “un aval individual a los demandantes en garantía de la devolución de las cantidades por ellos entregadas”, y que la póliza de garantía aportada con la demanda está sometida a un límite económico.

El juzgado, sin embargo, entiende que debe estimarse la demanda, pues ha quedado probado que la entidad financiera concedió a la promotora una línea de avales, en la que se “garantiza la devolución de las cantidades entregadas a cuenta de conformidad con lo previsto por la ley 57/1968”.

“No existe duda al respecto”, señala la sentencia, que considera claro que “la intención evidente de los contratantes fue la de constituir un aval que sirviera a Promociones Eurohouse 2010, S.L. para garantizar la restitución de las cantidades que fuera recibiendo de sus clientes”.

Asimismo, considera que los adquirentes de las viviendas “no pueden verse perjudicados por el hecho de que Promociones Eurohouse S.L. y la entidad financiera con quien aquélla había concertado la garantía hubieran pactado la necesidad de que esta última emitiera, de forma individualizada, cada aval”.

El jugado también especifica que el hecho de que las cantidades entregadas por los demandantes hayan sido ingresadas o no en una cuenta de titularidad de Banco Popular resulta irrelevante, y ve “intrascendente” que esta entidad “financiara o no la promoción de viviendas”.

La sentencia, que no es firme y contra la que se puede interponer un recurso de apelación en un plazo de 20 días, obliga al Banco Popular a pagar a los demandantes cantidades que van desde los 34.000 a los 88.000 euros, y que suman cerca de 2 millones de euros, mientras que absuelve a las otras dos entidades denunciadas.

Story by RAFAEL MÉNDEZ | El Confidencial

Los papeles de Panamá son un auténtico quién es quién de la abogacía y la asesoría fiscal en España. Porque aunque las empresas están en lugares soleados, y los fondos a menudo en bancos en Suiza, todo se gestiona desde despachos con orlas de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella. Bufetes como Feliú, De Miguel y Del Valle, salpicados en casos de blanqueo en España, aparecen de forma reiterada en los documentos de Mossack Fonseca como intermediarios. Los grandes, grandes despachos llevaban aparentemente más cuidado para hacer negocios con Mossack.

En 1985, un industrial vasco abrió la sociedad Cornfield Investments Limited en la Isla de Jersey. Lo hizo con Mossack Fonseca a través del despacho Feliú, según los papeles a los que tuvo acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y que publican un centenar de medios -en España, El Confidencial y La Sexta- en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades ‘offshore’]
El 7 de noviembre de 1989, Alejandro Feliú Vidal, Alejandro Feliú Marqués y Miguel Feliú Bordoy reciben un poder notarial de Cornfield. Los Feliú pertenecen a un despacho de abogados de Mallorca con un relevante historial de blanqueo y delito fiscal. El 26 de abril de 2007, la policía irrumpió en el despacho en una operación contra el blanqueo y el fraude fiscal. Era un caso sin muchos precedentes, en el que Anticorrupción no solo actuaba contra los defraudadores fiscales sino también contra los abogados que facilitaban la creación de sociedades en paraísos fiscales.

El abogado Alejandro Feliu, durante el juicio por blanqueo y fraude fiscal en el que fue condenado. (EFE)
El abogado Alejandro Feliu, durante el juicio por blanqueo y fraude fiscal en el que fue condenado. (EFE)

Días después, las alarmas saltaron en las oficinas de Mossack Fonseca. El departamento de ‘compliance’, encargado en teoría de vigilar que no se incumpla la ley, escribe un correo alertando de que hay que dar de baja a Feliú. Pero el hombre de Mossack en España, Jaime Ingram, quita hierro al asunto. “El señor Ingram me indica que sobre el tema del Bufete Feliú, lo que existe al momento es un ‘pequeño escándalo’, pero que sin embargo eran noticias que debíamos tomar con reserva”, señala en un correo. El propio Ingram, que no ha querido hablar para este reportaje, da más adelante una versión aún más suave: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”.

Anticorrupción pedía hasta 30 años de cárcel para cada uno de los Feliú. Pero estos confesaron, asumieron la culpa, pagaron y se quedaron sin ingreso en prisión. El Estado ya ha ingresado 20 millones de euros en multas por el fraude, también en bienes, a consecuencia de la operación Relámpago de 2007, según publicó ‘El País‘.

Los Feliú -en el bufete no han contestado a los mensajes y llamadas de este diario- no solo manejaban Corfield Investments. Según la documentación de Mossack Fonseca, antes de ser suspendidos habían intermediado en nueve empresas: ocho en las Islas Vírgenes Británicas y otra en Panamá. Todas tenían nombres inanes, fácilmente olvidables, intercambiables entre sí: Tern Holdings SA, Blane Corporation, Belan International Group Corp., Leban Corporation, Nabel Corporation, Sea Medow International, Sea Time Services limited, Lampera II Limited y Palma Consulting LTD.

El hombre de Mossack en España defendió al Bufete Feiú: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”

Con la caída de Feliú, nuestro empresario -El Confidencial ha decidido de momento no publicar su nombre, por no ser un personaje público- eligió otro bufete renombrado: De Miguel Abogados, fundado por Luis de Miguel, esta vez en Madrid. Entonces su nombre aún no figuraba en rojo en Hacienda, pero eso no quiere decir que no tuviera su historia. En 1993 escribió un libro profético: ‘Objetivo, sin fronteras fiscales: los paraísos fiscales y la inversión extranjera en España’. Y pocos años después comenzó a trabajar con Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. De Miguel fue administrador único de Orange Market e Easy Concept,y tuvo cargos en Special Events y TCM, entre otras sociedades de la red. Era una pieza clave en la trama, considerado el arquitecto financiero de la Gürtel.

Según un informe de Anticorrupción del 6 de mayo de 2010, en su despacho había documento sobre “las estructuras de blanqueo ‘offshore’ (paraísos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis”.

De Miguel se movía bien. Conoció personalmente a Ramón Fonseca en la conferencia de The International Tax Planning Association en San Petersburgo en junio de 2004, según la documentación de Mossack. Días después se reunió con una representante de Mossack -esta lo describió como “muy cordial y de muy buena apariencia”-. “Usa compañías en Nevis y Madeira. Yo sugerí usar Samoa Niue, que no están en la lista española de paraísos fiscales”, dice la nota interna de Mossack. La reunión terminó de manera optimista: “Creo que tenemos un 100% de probabilidades de hacer negocios con esta firma, porque al señor De Miguel le gustó la idea de usar Niue en vez de Nevis”. Como acababa el plazo para presentar la renta, la conversación con De Miguel se vio constantemente interrumpida por clientes que le llamaban con dudas.

El abogado Luis de Miguel. (EFE)
El abogado Luis de Miguel. (EFE)

Por alguna razón, De Miguel sigue usando Nevis, una isla del Caribe. En 2010, tras el fallecimiento de nuestro industrial, cuando Cornfield Investments pasa a sus hijas, De Miguel escribe a Mossack ordenando liquidar la sociedad y traspasar los activos a Limarno, una sociedad de Nevis. Para entonces, el abogado De Miguel ya estaba de barro hasta las cejas. Al igual que con Feliú, Hacienda y Anticorrupción le habían echado el ojo. En 2006, el juez Baltasar Garzón había ordenado entrar en su despacho en Madrid dentro de la operación del BBVA-Privanza, y encontró una serie de clientes a los que De Miguel ayudaba a evadir impuestos.

“En España no hay cultura de fiducia, de fiarse de alguien que te crea las sociedades ‘offshore’ sin un papel. Como no te fías del testaferro, siempre hay un documento en una caja fuerte que te relaciona. Así que cuando la policía entra en uno de estos despachos, ya lo tienes todo”, explica una fuente de Hacienda.

La Agencia Tributaria ha logrado condenas para algunos letrados como cooperadores en el fraude

Así cayó De Miguel. En abril de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 21 años de cárcel por ayudar al empresario vasco Juan Ramón Reparaz a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario no declaró entre 1999 y 2006. Lo hacía mediante sociedades interpuestas en Panamá, Belice, Irlanda, Reino Unido y España. La sentencia fue confirmada por el Supremo en 2014 y ya está en prisión.

Su hijo, Eduardo de Miguel, dirige el despacho ahora, y asegura que ha cambiado radicalmente de actividad. Afirma que no sabe nada de Cornfield ni de Limarno. Suena creíble. “Tengo 30 años y el despacho ha cambiado”, explica por teléfono.

El abogado no fue condenado como cómplice, sino como “cooperador necesario”, un grado más. Eso implica que es como si fuera autor del delito. No es la única causa en la que aparece su nombre. El 17 de febrero de 2014, la Audiencia de Madrid le condenó a dos años de prisión por fraude fiscal por defraudar 197.669 euros y falsedad continuada en documento mercantil. Además, según ha sabido El Confidencial, tiene pendiente otro juicio por delito fiscal que pospone alegando problemas de salud de su abogado.

Feliú y De Miguel son solo dos de las decenas de despachos españoles que aparecen como intermediarios en las relaciones de españoles con el bufete panameño. Ilustran cómo con frecuencia los tentáculos de Mossack Fonseca en España tienen toga, una orla de licenciado en Derecho en la pared y un despacho de abogados de esos de sofás de cuero y suelo de parqué.

El bufete Pretus de Barcelona es cliente destacado de Mossack y también estuvo implicado en un caso de blanqueo. Como Francisco Javier del Valle. Ambos son viejos conocidos de los tribunales españoles. Cameron anunció ayer una ley para perseguir a despachos y bancos que ayuden a evadir impuestos, aunque en España hace años comenzó a actuar contra los casos más flagrantes. Todas las fuentes del sector coinciden en que los casos de Feliú y De Miguel, Pretus y Del Valle corrieron como la pólvora entre los despachos de abogados. “Hay mucha gente esperando que prescriban los casos para respirar”, cuenta un abogado.

Otro de los que aparecen como intermediario en una gran cantidad de sociedades es el despacho Roca Asociados. Rafael Roca es un penalista experto en temas fiscales que ha defendido, entre otros, a Gonzalo Prado, acusado de ocultar dinero en el HSBC de Ginebra y cuyo nombre aparecía en la lista Falciani, o a los directivos de Verbatim condenados por fraude fiscal. Roca aparece en un lista de Mossack como intermedirio en 115 sociedades, de las que 22 permanecen activas. Hay empresas en Islas Vírgenes, Samoa, Panamá y Niue. Roca no ha querido hablar para este reportaje. En algunos casos, el trabajo de los abogado puede ser para traer una sociedad en la amnistía fiscal, lo que no les implicaría en ninguna irregularidad.

“Para abrir una sociedad en Panamá, no hay secreto profesional entre abogado y cliente que valga”

A menudo actuaban confiados en que la confidencialidad cliente-abogado se extendía a esos casos, pero eso ya no es así. Nielson Sánchez Stewart, abogado especializado en temas de blanqueo, advierte de que no se aplica en estas situaciones: “El secreto profesional es algo al servicio del cliente, no del abogado. Además, es solo para la defensa jurídica o la asesoría. Pero para abrir una sociedad en Panamá, no hace falta ser abogado. La puede abrir cualquiera, así que ahí no hay secreto profesional que valga”.

En caso de sospechas de blanqueo, los abogados están obligados a denunciar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Sánchez Stewart destaca que no todo el que crea una sociedad en Panamá comete delito fiscal, y da un caso recurrente en el litoral. “Si viene un extranjero de 90 años que se quiere comprar una casa en Marbella, igual le recomendaría que lo hiciera mediante una sociedad en el extranjero”. Los residentes del norte de Europa temen como a la peste el impuesto de sucesiones español. “Lo que hace Mossack Fonseca hay que mirarlo caso a caso”, añade Sánchez Stewart.

El abogado Flores: “Mossack te ofrece la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin”

Antonio Flores, abogado en Marbella, de Lawbird, especializado en atender a clientes extranjeros, da una visión más descarnada: “Te ofrecen la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin. Usaban acciones al portador, de forma que nunca sabes de quién es la sociedad”. Flores añade que a menudo se vendían sociedades a clientes que no las necesitaban. “Pagaban entre 1.500 y 4.000 dólares al año a veces para usar una sociedad y comprar una casa en España, pero eso no les reportaba ventajas fiscales. Hemos tenido casos en los que hemos tenido que recuperar esa sociedad”. Señala que a veces los abogados les recomendaban esa operación porque cobraban una comisión.

En la lista de abogados que han trabajado con Mossack hay muchos de la costa. Como Vicente Tur Órtola, un letrado de Benissa (Alicante), que ha creado 13 sociedades con ellos: siete en Panamá y seis en Niue. De ellas, solo queda una activa: Warwick Investments. “En relación con Warwick Investments INC, su actividad es la de tenedora de acciones y promotora, en todo lo relacionado en el sector inmobiliario español”, dice Tur a Mossack en un correo electrónico en abril de 2014.

Por teléfono, Tur Órtola reduce la importancia: “Warwick está inactiva. La creamos para un inglés que venía a comprarse una casa en la costa. La casa la vendió y mantiene la sociedad porque cuesta unos 600 dólares al año, pero le voy a decir que la cierre”. Tur habla franco y directo antes de que estalle el escándalo de los papeles de Panamá: “Mossack Fonseca eran abogados que hacían de todo. No sé cómo les irá. Ha habido un montón de reformas legislativas y eso no da más de sí”. Tur admite que ha trabajado con Mossack.

Un intermediario afirma que Mossack ofrecía servicios a la clase media que ahora solo están al alcance de las empresas multinacionales

En los papeles de Panamá aparecen también menciones a los grandes bufetes españoles, pero se nota que llevan mucho más cuidado. Abogados de Cuatrecasasfiguran como apoderados en una sociedad de Panamá, pero la documentación demuestra que forma parte de una inversión en gimnasios en Colombia por parte de una empresa brasileña. Hay algo tangible detrás, no solo movimiento de impuestos.

En 2004, una enviada de Mossack realizó una ronda por despachos españoles y de cada reunión realizó un pequeño resumen. De una cita con dos socios de Uriasale sin grandes perspectivas de negocio: “Creo que tenemos pocas oportunidades de hacer negocio con ellos”, aunque estos sí tratan con bancos de Andorra y con compañías de Suiza, Reino Unido, Malta, Chipre y Madeira. La misma conclusión saca de una reunión en 2005 con Garrigues.

Dos abogados consultados coinciden en que Mossack Fonseca permitía crear sociedades a la clase media alta, pero que últimamente el negocio estaba de capa caída. La amnistía y las reformas legales habían ido a la base de su negocio. Ahora, señala, eso solo lo pueden hacer grandes multinacionales. Y esas no iban a Mossack.

Story by Katie Morley | The Telegraph

Barry Gill, a British expat who has retired in Spain, claims to have lost more than £1m as a result of failed investments and a “scam” equity release scheme he undertook following advice from a firm which was not regulated to give financial advice.

Mr Gill alleges that he was advised to take out a £900,000 mortgage on a £1m Spanish villa he owned outright.

He said David Driver, OIB’s managing director, had told this would help him reduce his inheritance tax bill.

However, it has since emerged that the Spanish government views such arrangements as fraudulent.

Antonio Flores, a lawyer at Lawbird in Spain, who is now representing Mr Gill among a number of other OIB customers who are looking to pursue legal action against it, said: “OIB was operating illegally and was not registered to provide advice. Clients bought into speculative schemes to alleviate inheritance tax but many people have ended up losing their homes.

“There has been a lot of unregulated financial advice going on along the coast here and a lot of British people have lost a lot of money.”

Mr Driver, who arranged the IHT avoidance scheme for Mr Gill and others, returned to Britain in 2012. Today he appears to be back in business running a financial firm called Jorvik Investment Services, based in York, which sells regulated investments to financial advisers.

According to its website, the firm “will only entertain investments that offer the comfort and security that comes from being properly regulated”.

However, according to the register of authorised firms and individuals held by the FCA, neither Mr Driver nor Jorvik is regulated.

Mr Driver declined to comment on the matter.

Have you been the victim of a scam, or a rogue adviser, or have you seen anything suspicious? Email: katiedotmorleyattelegraphdotcodotuk

Story by Katie Morley | The Telegraph

A Telegraph Money investigation has found pensioners falling prey to rogue ‘advisers’ along the Costa del Sol. Their nightmare serves as a timely warning for people retiring in the UK

Calella in Spain

The Government is warning savers to be on ‘red alert’ for salesmen pushing ‘too good to be true’ investments, which could include shares in foreign property Photo: Alamy

When Malcolm and Fiona Straw handed their life savings to their financial adviser to invest in 2007, they were confident their money was being placed in good hands.

They met Robin Rogers, at one time an authorised UK financial adviser, through their local golf club in Marbella, Spain. A number of Mr Straw’s golfing friends had spoken very highly of him.

Mr Straw, an ex-property developer, and his wife, a former teacher, retired in 2007 having sold a flat for €100,000, and they asked Mr Rogers for help investing the proceeds. They wanted to generate an income to replace the €7,000 yearly rent. They invested another €50,000 in 2012.

Despite his credible appearance, Mr Rogers was working for a firm called Offshore Investment Brokers (OIB), which was not authorised to sell investments. He invested the Straws’ money in two highly risky unregulated funds, which suffered substantial losses. Mr Rogers withheld their statements and misled them into thinking their capital was safe. In fact, the €7,000 they drew each year was eating what remained of their money, and by 2014 nothing was left.

Their unfortunate story serves as a timely warning to savers here and abroad, as sales of inappropriate investments are expected to rocket this year as one of the unintended consequences of the new pension freedoms, which give over-55s unfettered access to their retirement funds.

The Government and other, legitimate advisers are warning savers to be on “red alert” for salesmen pushing “too good to be true” investments, which could include shares in car parks, “carbon credits”, foreign property, fine wines and a range of other assets – loosely categorised as “unregulated” funds.

To gain “regulated” status, both investments and advisers must meet standards laid down by the appropriate regulator, which in Britain is the Financial Conduct Authority (FCA).

Malcolm and Fiona Straw’s fund lost 96pc of its value

If money remains within a pension it is almost certainly overseen by a regulated firm, conferring protection for the investor. Once the cash is withdrawn – and an estimated £24bn will be withdrawn over the next year – it is at risk of rogue “advisers” pushing unregulated investments.

Telegraph Money has found evidence of such investments being marketed through cold calling, home visits, golf club social events, “pension review” websites and by salesmen claiming connections to bona fide, regulated financial advisers.

According to the FCA, around 75pc of unregulated investments result in losses for private investors. But the people selling them are well trained to ensure they sound very attractive. Typically they make promises of “guaranteed yields” or high income payments, something many retired people desperately need.

In November last year, Mr Rogers visited the Straws’ family home and reassured them that their savings were worth a healthy £94,000. But then, when one of their income payments came through in chunks instead of a single lump sum, they had misgivings.

Several years previously they had received two warning letters about the balance in one of their investments, as it had suspended payments because of “liquidity issues”. But they said Mr Rogers told them this was a mistake and urged them to destroy the papers.

He also said the staggered payment was a mistake, and that he’d applied for “compensation” for lost interest.

The investment was held within a bond provided by Old Mutual Wealth, a properly authorised, and entirely legitimate, business. It confirmed to Telegraph Money that between September 2007 and December 2014, when the Straws’ money was invested, one of their funds, an unregulated collective property investment called Glanmore, lost more than 96pc of its value. Another, a fund called the Protected Assets Trust, which invested in traded insurance policies, fared much better, but still failed to make any returns in the period.

In December the couple were horrified to receive a “surrender valuation” letter from Old Mutual, the company holding the investments, showing that their fund was worth £15,723 after charges of £4,762 had been deducted.

No longer able to get hold of Mr Rogers, and feeling increasingly desperate, the Straws complained to Stein Group, a subsidiary of a larger regulated firm, Blacktower Financial Management, which acquired OIB in 2012.

They met the director, Stuart Langan, who looked into their affairs and admitted that Mr Rogers had been at fault. But Mr Langan claimed that his firm was not responsible for their losses as Mr Rogers was a subcontractor, rather than an employee.

He claimed to have suspended Mr Rogers, although at the time of going to press he remained listed on Stein Group’s website as a “key member of staff”.

Mr Langan told Telegraph Money: “I have responsibility over Robin Rogers, but I do not have responsibility for him, or for the things he did, prior to working for me. Stein only bought servicing rights of OIB so we are not liable for the Straws’ losses – what it says [about Stein Group acquiring OIB] on our website is a mistake.”

Mr Rogers did not return our emails.

Our investigation unearthed a number of other pensioners who have also suffered major losses as a result of advice given by OIB.

Another British man, Barry Gill, claimed to have lost more than £1m as a result of failed investments and a “scam” equity release scheme he undertook following advice from the firm. He said he had invested £250,000 and that OIB had again split it between Glanmore and the Protected Assets Trust.

Mr Gill (pictured left) alleged that he was advised to take out a £900,000 mortgage on a £1m Spanish villa he owned outright. He said David Driver, OIB’s managing director, had told this would help him reduce his inheritance tax bill. However, it has since emerged that the Spanish government views such arrangements as fraudulent.

Antonio Flores, a lawyer at Lawbird in Spain, who is now representing a number of OIB’s customers who are looking to pursue legal action against it, said: “OIB was operating illegally and was not registered to provide advice. Clients bought into speculative schemes to alleviate inheritance tax but many people have ended up losing their homes.

“There has been a lot of unregulated financial advice going on along the coast here and a lot of British people have lost a lot of money.”

Mr Driver, who arranged the IHT avoidance scheme for Mr Gill and others, returned to Britain in 2012. Today he appears to be back in business running a financial firm called Jorvik Investment Services, based in York, which sells regulated investments to financial advisers.

According to its website, the firm “will only entertain investments that offer the comfort and security that comes from being properly regulated”.

However, according to the register of authorised firms and individuals held by the FCA, neither Mr Driver nor Jorvik is regulated.

Mr Driver declined to comment on the matter.

Have you been the victim of a scam or a rogue adviser, or have you seen anything suspicious? Email: katiedotmorleyattelegraphdotcodotuk

Diario Sur

manilva country clubSegún la sentencia, los inversores habían adquirido seis viviendas y habían abonado anticipos, pero fueron “deficientemente finalizadas”, únicamente obteniendo la licencia de primera ocupación una fase de la promoción, si bien con considerable retraso, “más de cuatro años”. Los condenados son Manilva Costa S.A y la antigua Cajasol.

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Estepona (Málaga) ha condenado solidariamente a la antigua Cajasol y a la promotora Manilva Costa S.A., en situación concursal, a devolver 600.000 euros, más los intereses correspondientes, a 11 ciudadanos británicos.

Los inversores habían adquirido seis viviendas en el complejo Jardines de Manilva, desarrollado por la promotora Manilva Costa S.A., y habían abonado anticipos a la misma contra la presentación de un aval general que cubría, según el tenor del documento, hasta 2.500.000 de euros para 258 viviendas, según han precisado desde el despacho Lawbird Legal Services, que ha representado a los perjudicados.

Dichas viviendas fueron “deficientemente finalizadas”, únicamente obteniendo la licencia de primera ocupación una fase de la promoción, si bien con considerable retraso, “más de cuatro años”. Con posterioridad, en septiembre de 2011, la promotora Manilva Costa presentó el que se consideró el cuarto mayor concurso de acreedores de Sevilla, con deudas cifradas en 100 millones de Euros, 30 millones de ellos a Cajasol, actualmente Caixabank.

La entidad bancaria se opuso a la demanda alegando que el aval cubría hasta el tope de 2.500.000 Euros, cifra “sobrepasada ampliamente”, según la defensa letrada de la caja, según han precisado desde el despacho que representó a los afectados en un comunicado.

El juez, por contrario, citando la Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y jurisprudencia, ha elaborado la sentencia sobre la base de que “no se puede alegar el quantum del aval a los compradores que cumplieron con sus obligaciones”.

Así, en la resolución, que se puede recurrir, se concluye que “a quien ha cumplido debidamente sus obligaciones no se le puede hacer depender su derecho de reintegro por vicisitudes entre la promotora y entidades bancarias cuando además no existe prueba alguna de dicha entidad demandada de los motivos esgrimidos”.

El letrado del despacho Lawbird Legal Services, Luis González Ordoñez, actuando en representación de los demandantes británicos, ha considerado esta resolución “de vital importancia para futuros inversores cuya confianza en las garantías del sistema jurídico español, en demasiadas ocasiones puesto en duda, se ve reforzado con ocasión del dictado de sentencias que protegen a los consumidores”.

Ha apuntado que “aproximadamente 200 inversores pagaron a la promotora, mediante la firma de contrato de compra de vivienda sobre plano, una media de 100.000 euros por apartamento”.

Story by José Carlos Villanueva | eldiario.es
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El abogado Antonio Flores, responsable de Lawbird, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Marbella sobre la inversión en Luxemburgo de la alcaldesa / JCV

El responsable de la firma Lawbird, que destapó la inversión de Ángeles Muñoz en Luxemburgo, anima a la regidora a dar explicaciones públicas en lugar de denunciarle ante el Colegio de Abogados.

Antonio Flores sostiene que la operación de “ingeniería financiera” supondría el ahorro del 34% en el impuesto de sucesiones.

“Atribuimos a la alcaldesa la compra de un producto destinado a evadir impuestos”. Así de claro y contundente se ha mostrado este jueves el abogado Antonio Flores, responsable del bufete Lawbird, al corroborar la inversión de 3,1 millones de euros en una entidad bancaria de Luxemburgo en 2010 que llevó a cabo la sociedad Crasel Panorámica S.L.,  propiedad al cincuenta por ciento de la regidora marbellí, Ángeles Muñoz (PP).

Flores, que ha comparecido en rueda de prensa durante más de una hora, ha apuntado, como novedad, que el producto financiero suscrito con el banco luxemburgués Nordea Bank SA podría suponer para la alcaldesa y demás beneficiarios “un ahorro del 34%  sobre el impuesto de sucesiones”.

La sociedad de la alcaldesa contrató un crédito hipotecario de 3,1 millones sobre su mansión, tasada en 4,7 millones de euros en 2010. Se trata de un inmueble que nunca había tenido carga alguna desde que fue adquirido en 2003 por la alcaldesa y su marido, a través de una sociedad gibraltareña.

“Nosotros no acusamos, sino que atribuimos a la alcaldesa la compra de un producto para no pagar impuestos”. Al tratarse del impuesto de sucesiones, el jurista ha aclarado que “no se defrauda  hasta que uno fallece”. Así pues, sostiene que “la evasión de impuestos en grado de tentativa no es delito, otra cosa es la cuestión política en la que no entramos”, en alusión al escándalo generado en Marbella tras conocerse la operación de Luxemburgo.

Por si quedaba alguna duda sobre si la sociedad de la alcaldesa, ella o su marido tienen alguna cuenta bancaria en Luxemburgo Flores ha confirmado que “la tienen que tener, porque va asociada al producto que se ha contratado y allí se depositan los 3,1 millones de euros”. No obstante, ha concretado que “en torno al diez por ciento, unos 200.000 euros” del monto total, habrían sido entregados a los subscritores de la inversión.

Basándose en la publicidad que ofertaba Nordea Bank SA, denunciada ante la Agencia Tributaria española, el abogado ha descrito el proceder de la sociedad de Muñoz: “Crasel Panorámica contrata ese producto para reducir el valor de la vivienda, y para invertir el capital en Luxemburgo, como el banco lo tiene previsto”. Según los folletos que Flores ha mostrado “todo se ofertaba para reducir el impuesto de sucesiones en España”, ha insistido.

Así pues, una vez que la alcaldesa ha negado ser víctima del banco luxemburgués, al contrario que los clientes de Flores, el letrado ha dicho que no tiene “nada” de qué retractarse. Todo después de que la primera edil marbellí le instara a hacerlo a través de un requerimiento notarial.

Muñoz emprendió dichas acciones a raíz de las declaraciones que el letrado hizo a eldiario.es el pasado 2 de marzo en las que destapó la operación financiera de Crasel Panorámica S.L. en el citado paraíso fiscal. Previamente, Flores había informado de ello en la página web de los afectados por prácticas irregulares de Nordea Bank, representados por su bufete.

“No tengo por qué rectificar, cuando la propia alcaldesa declaró a eldiario.es que ella tiene un seguro de vida precisamente para poder hacer frente al impuesto de sucesiones”. De hecho, Muñoz insistió el pasado 2 de marzo, cuando este medio recabó su versión, en que “desgraciadamente, en Andalucía, mientras sigan gobernando los socialistas tendremos que tener un seguro de vida para hacer frente al impuesto de sucesiones”.

Al ser preguntado por la denuncia que ha interpuesto la regidora contra él, ante el Colegio de Abogados de Málaga, Flores ha respondido que “es una manera sucia de empañar la imagen de un abogado”. Argumenta que Ángeles Muñoz no ha acudido a los tribunales “porque una querella causa revuelo y hay que sacar muchos papeles”. Además, ha animado a la también presidenta de la FAMP a dar explicaciones públicamente en lugar de denunciarle.

Flores plantea dudas sobre el origen del patrimonio de la alcaldesa

Antonio Flores, que ha calificado de “operación de ingeniería financiera” la actuación llevada a cabo por la sociedad de la alcaldesa en Luxemburgo, sostiene que la situación de la munícipe del PP “no es aceptable para un cargo público”. Sobre todo-ha añadido- “cuando su vivienda particular (la mansión) tiene por el sur un préstamo hipotecario con Luxemburgo y al norte una sociedad gibraltareña”, en alusión a  la offshore Crasel Limited, mercantil a la que el matrimonio compró los 90.000 euros del capital social que tenía en Crasel Panorámica S.L.

Al hilo del argumento de la regidora sobre que ella tiene régimen de separación de bienes con su cónyuge, a Flores le sorprende que Ángeles Muñoz “tenga un patrimonio de cerca de 3,5 millones de euros, la mayoría del cual no está gravado con ninguna hipoteca, con los ingresos que ha podido declarar”.

A Muñoz “no se le conoce una actividad profesional o mercantil para tener ese patrimonio tan abultado. Tiene un sueldo relativamente alto pero no puede cubrir ciertos desembolsos que ha hecho”, esgrime el responsable de Lawbird.

En su declaración municipal de bienes, hecha en  junio de 2011, la regidora declaró 7.500 euros brutos mensuales como primera edil. Entre 2007 y 2011 cobró 55.742 euros brutos anuales como parlamentaria andaluza por Málaga.

“Si ocurre como dice la alcaldesa, que recibe trasvases de patrimonio de su marido, ella ha tenido que declararlo en el impuesto de donaciones, puesto que ambos están vivos, la realidad es que no se ha hecho así”, denuncia Flores.

Flores ha recordado, tal y como informó eldiario.es, que Muñoz adquirió la finca en la que se halla su mansión “a través de la compra venta de participaciones de una sociedad de Gibraltar”. En este punto sostiene lo siguiente: “sospechamos que se realizó por el valor del capital social, que fueron 90.000 euros”.

Si las obras de la mansión se hicieron una vez comprado el terreno “el sueldo de la alcaldesa no daba como para poder cubrir un desembolso de cerca de 2 millones de euros”, ha concluido el letrado.

Story by J. C. A. | Marbella 24 Horas

El abogado Antonio Flores, esta mañana en rueda de prensa.

El abogado Antonio Flores, que destapó las operaciones en Luxemburgo de Ángeles Muñoz, ha puesto esta mañana a la alcaldesa de Marbella contra las cuerdas a nivel político. En una larga rueda de prensa ha dicho que la regidora “compró un producto para no pagar impuestos”, que le podría suponer un ahorro del 34% en el impuesto de sucesiones. También la ha acusado de tener “incompleta” su declaración de bienes como cargo público y de “faltar a la verdad”.

Antonio Flores Vila, del bufete Lawbird Legal Services SL de Marbella, fue quien destapó, a través de las investigaciones que realizaba para una asociación de afectados por Nordea Bank S.A., las operaciones de la alcaldesa de Marbella en Luxembugo, que salieron a la luz pública a través de “Eldiario.es”.
Esta mañana, en una rueda de prensa de casi una hora, ha puesto contra las cuerdas a nivel político a la alcaldesa de Marbella. El letrado ha asegurado que Ángeles Muñoz “compró un producto para no pagar impuestos porque así lo refleja la publicidad de este banco”.
“No la acusamos de defraudar al fisco, algo que no se haría hasta que hubiese un fallecimiento y la evasión de impuestos en grado de tentativa no es un delito”, dijo, y añadió que la parcela en la que debe ofrecer explicaciones es en la “política”.
Flores sostiene que esta situación “no es aceptable para un cargo público”, sobre todo cuando su vivienda particular tiene “por el norte un préstamo hipotecario en un paraíso fiscal (Luxemburgo) y por el sur una sociedad gibraltareña, que es otro paraíso fiscal”.
El abogado ha centrado su rueda de prensa en explicar tres aspectos fundamentales. Por un lado, el producto que ha adquirido la alcaldesa en Luxemburgo, por otro que su declaración de bienes está incompleta y “no refleja la realidad”, y como último en defenderse de la denuncia que ha hecho el Ayuntamiento ante el Colegio de Abogados.
Respecto al primer asunto, ha considerado necesaria esta rueda de prensa para “desmentir” las afirmaciones de la alcaldesa sobre sus operaciones en Luxemburgo. “No son verdaderas, las explica de una forma sesgada y nadie termina de aclarar qué sucede”, ha dicho.
Según ha explicado, Nordea Bank S.A. es una entidad de Luxemburgo, que tiene una oficina de representación en Marbella y que se dedica a la planificación fiscal internacional. “Su objetivo es ayudar a la gente, de forma más o menos legal, a que tenga que pagar menos impuestos”, ha dicho.
“En España ofrecen un producto que, según dicen ellos en su publicidad, era para evitar legalmente el impuesto de sucesiones y de patrimonio, aunque esto no es cierto”, dijo.
Explicó que su bufete había planteado un pleito contra esta entidad por “publicidad engañosa” porque induce a la gente a pensar que “puede defraudar al fisco”.
Desde la asociación de afectados por Nordea Bank, según ha dicho, se solicitó a la Agencia Tributaria información sobre este producto y la respuesta fue que “utilizarlo para no pagar impuestos suponía una infracción tributaria”.
Antonio Flores ha explicado en qué consiste el producto contratado por la alcaldesa en Luxemburgo, como han hecho otros clientes de este banco. Ha relatado que consta de tres elementos: “una vivienda en España sin cargas, una hipoteca que te da el banco y una póliza de seguros de vida que está asociada a una cartera de inversiones”.
El letrado ha señalado que es “falso” que la póliza de seguros sea obligatoria porque hay una hipoteca, ya que existe “una prima única que se pagó al comienzo” y que en el caso de la regidora fue de 3,1 millones de euros. “Ese dinero, quizá un poco menos por los gastos, se queda en Luxemburgo”, sostuvo.
Según sostuvo, el banco anuncia que este producto funciona por dos motivos. “Porque dicen que la casa ya no vale 4,7 millones porque tiene una carga de 3,1 millones, y que en Luxemburgo se puede heredar ese dinero sin pagar impuestos, pero ambas afirmaciones son falsas”.
“Un préstamo hipotecario no sirve para reducir impuestos, si es para comprar la vivienda sí, pero no para sacar una hipoteca y guardarla en Luxemburgo y hablar de que tiene una carga”, explicó.
Por tanto, el letrado considera que no debe hacer ninguna rectificación, como le ha solicitado la alcaldesa, y recordó que la propia regidora confirmó en “Eldiario.es” el motivo de su inversión cuando dijo, textualmente, que “yo tengo un seguro de vida precisamente para poder hacer frente al impuesto de sucesiones. Desgraciadamente en Andalucía mientras sigan gobernando los socialistas tendremos que tener un seguro de vida para hacer frente al impuesto de sucesiones”.
“Es un producto que la sociedad Crasel Panorámica, de la que la alcaldesa tiene el 50%, contrata para reducir el valor de la vivienda, invertir el capital en Luxemburgo y, según la publicidad, reducir el impuesto”, concluyó.
Declaración de bienes
En la segunda parte de su rueda de prensa, sostuvo que la declaración de bienes de la alcaldesa como cargo público está “incompleta” y añadió que “no es cierto que todo esté declarado en ella”.
Flores señaló que, utilizando las notas simples de las viviendas que están a nombre de Ángeles Muñoz o de sociedades de las que es copropietaria, aparecen ocho fincas registrales, cuatro a su nombre y el resto al de las empresas en las que participa al 50%.
En su declaración de bienes “no figura la póliza de seguros, ni el crédito hipotecario, y faltan algunos bienes como una vivienda en Monachil (Granada) y otra en La Quinta Hills”.
Consideró que este documento, que se puede consultar en la web del Ayuntamiento, está “sesgado, no sé si de forma malintencionada, pero no es veraz”.
“Esto es algo que tiene que divulgar ella, pero como considera que nosotros la injuriamos, hemos decidido relacionar lo que ella declara con la verdad”, dijo.
“No somos políticos, ella decidirá si pone al día esta declaración o la completa”, señaló, y añadió que, además, es de “muy difícil interpretación”.
“Pone que tiene participaciones por valor de 44.000 euros en una sociedad que tiene detrás una mansión de 4,7 millones, entonces se la compramos, no refleja la realidad”, sostuvo.
Flores fue más allá y dijo que a la alcaldesa “no se le conoce una actividad mercantil”, por lo que “llama la atención que tenga un patrimonio tan abultado”.Además, considera que, si lo relaciona con el de su marido, al existir separación de bienes, “si hubiese recibido trasvases del patrimonio de su cónyuge tendría que declararlo en el impuesto de donaciones, y no es así”.

“Tiene un sueldo relativamente alto, pero no puede cubrir ciertos desembolsos que ha hecho, esto debería aclararlo, no es aceptable que diga que es su vida privada cuando además utiliza los servicios jurídicos del Ayuntamiento para denunciarnos”, dijo.
Denuncia Colegio de Abogados
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han denunciado a Antonio Flores ante el Colegio de Abogados de Málaga por “injurias o calumnias” sobre las inversiones de la alcaldesa en Luxemburgo. Flores considera que “hemos tropezado con este asunto, lo hemos remitido a un medio de comunicación y a partir de ahí ha surgido todo”.
“El Colegio no tiene competencia contra nosotros porque es una cuestión entre dos partes privadas, la alcaldesa no es clienta y no tenemos relación jurídica, por tanto no hay contenido deontológico”, declaró.
Preguntado sobre por qué la alcaldesa no ha acudido a los tribunales, ha dicho que una querella “causa revuelo y hay que sacar muchos papeles”, por lo que han optado por una “manera sucia de empañar la imagen de un abogado”.