Tag Archives: Luis González Ordoñez

January 15th, 2015
Diario Sur

manilva country clubSegún la sentencia, los inversores habían adquirido seis viviendas y habían abonado anticipos, pero fueron “deficientemente finalizadas”, únicamente obteniendo la licencia de primera ocupación una fase de la promoción, si bien con considerable retraso, “más de cuatro años”. Los condenados son Manilva Costa S.A y la antigua Cajasol.

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Estepona (Málaga) ha condenado solidariamente a la antigua Cajasol y a la promotora Manilva Costa S.A., en situación concursal, a devolver 600.000 euros, más los intereses correspondientes, a 11 ciudadanos británicos.

Los inversores habían adquirido seis viviendas en el complejo Jardines de Manilva, desarrollado por la promotora Manilva Costa S.A., y habían abonado anticipos a la misma contra la presentación de un aval general que cubría, según el tenor del documento, hasta 2.500.000 de euros para 258 viviendas, según han precisado desde el despacho Lawbird Legal Services, que ha representado a los perjudicados.

Dichas viviendas fueron “deficientemente finalizadas”, únicamente obteniendo la licencia de primera ocupación una fase de la promoción, si bien con considerable retraso, “más de cuatro años”. Con posterioridad, en septiembre de 2011, la promotora Manilva Costa presentó el que se consideró el cuarto mayor concurso de acreedores de Sevilla, con deudas cifradas en 100 millones de Euros, 30 millones de ellos a Cajasol, actualmente Caixabank.

La entidad bancaria se opuso a la demanda alegando que el aval cubría hasta el tope de 2.500.000 Euros, cifra “sobrepasada ampliamente”, según la defensa letrada de la caja, según han precisado desde el despacho que representó a los afectados en un comunicado.

El juez, por contrario, citando la Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y jurisprudencia, ha elaborado la sentencia sobre la base de que “no se puede alegar el quantum del aval a los compradores que cumplieron con sus obligaciones”.

Así, en la resolución, que se puede recurrir, se concluye que “a quien ha cumplido debidamente sus obligaciones no se le puede hacer depender su derecho de reintegro por vicisitudes entre la promotora y entidades bancarias cuando además no existe prueba alguna de dicha entidad demandada de los motivos esgrimidos”.

El letrado del despacho Lawbird Legal Services, Luis González Ordoñez, actuando en representación de los demandantes británicos, ha considerado esta resolución “de vital importancia para futuros inversores cuya confianza en las garantías del sistema jurídico español, en demasiadas ocasiones puesto en duda, se ve reforzado con ocasión del dictado de sentencias que protegen a los consumidores”.

Ha apuntado que “aproximadamente 200 inversores pagaron a la promotora, mediante la firma de contrato de compra de vivienda sobre plano, una media de 100.000 euros por apartamento”.

April 25th, 2013
Sur in English


2013-04-25-Lawbird-Owner-of-leisure-complex-Laguna-Village-to-Pay-Investor2013-04-25-Lawbird-Owner-of-leisure-complex-Laguna-Village-to-Pay-InvestorThe Malaga Appeal Court has ordered the property developing company Playa Padrón Estepona S.L., managed by German businessman Jürgen Sauer, owner of the Estepona leisure complex Laguna Village and co-founder of the Kempinski hotel, to pay just under 500,000 euros to a British investor.

The investor, represented in court by lawyer Luis Fernando Gonzalez Ordoñez, from Marbella law firm Lawbird Legal Services, had exchanged contracts in 2006 for the acquisition of several units in the complex. However the purchase was never completed because these units were rented out to third parties even though the seller had agreed, contractually, that they were to be sold “free from occupants”.

The investor had paid 185,000 euros to the developer and agreed that, in the event that he was unable to conclude the transaction he would forfeit the deposit but, if the developer was unable to sell under the terms and conditions agreed, it would return twice the deposit, plus interest.

The initial case against the developers ruled in their favour, citing the relevant clause as a clerical error. Following the successful appeal the company managing Laguna Village is obliged to pay 365,000 euros to the investor plus accrued interest since 2006 and legal costs.

April 28th, 2012
Story by MÓNICA PÉREZ | Sur in English

The chairman of Peterborough United FC and former property developer Darragh MacAnthony, whose name once adorned MRI billboards welcoming potential buyers to ‘MacAnthony territory’, was back in Marbella this week to answer charges brought against Mac-Anthony’s MRI Property International by a group of about fifty former clients. The group, mainly British and Irish, say they paid 15,000 euros each for furniture packs for properties in Turkey, Bulgaria, Italy, Cape Verde, France and Morocco which were never delivered.

Also appearing before the court in Marbella on Wednesday accused of fraud were Dominique Pickering, Sarah O’Callaghan and Nicola Shaw, all former MRI executives. Michael Liggan failed to appear.

MacAnthony was questioned for two hours, during which he confirmed that MRI had received the money from the claimants but stated that the funds had been transferred to the furniture manufacturers, who never supplied the goods. Pickering, O’Callaghan and Shaw’s statements were all to the same effect. In support of this assertion their defence lawyers have presented a document – which to date has not been shown to either the judge or the lawyers for the prosecution – which apparently shows details of the bank transfers to the furniture providers.

Administrator

According to the lawyer Luis Fernando González Ordóñez, the Mac-Anthony property companies were effectively closed down without going into administration, with the only representative now being a 90 year old Spaniard, Fernando Arespacochaga Alcalá del Olmo, sole administrator of the Hispano-Peruvian company, Inmobiliaria Vasco Peruana SAC. Arespacochaga was also in court on Wednesday and stated that he had never had any direct contact with the other accused, and that he is still in receipt of 600 euros a month paid to him by MacAnthony for his services.

The group of clients who accuse MacAnthony of fraud are claiming in total more than half a million euros which they say they deposited with MRI for the purchase of furniture. Most of the transactions took place in Marbella, in the MacAnthony offices which were housed in the building previously used as his ‘Club Financiero’ headquarters by the late Mayor, Jesús Gil.

The Marbella judge will now have to decide whether to proceed with the case.

April 26th, 2012
Story by Juana Viudez | El Pais

El empresario irlandés Darragh MacAnthony, dueño de una inmobiliaria bautizada con su apellido, ha sido imputado por el juzgado número 4 de Marbella (Málaga) por estafa y apropiación indebida. 40 de sus clientes de la oficina que tenía abierta en Marbella, y que ocupaba la sede del famoso Club Financiero, le acusan de quedarse con 600.000 euros que le adelantaron para unos muebles que nunca recibieron.

MacAnthony alegó el miércoles en los juzgados que no se apropió de ese dinero y que fue la empresa intermediaria quien falló en el negocio, según el abogado de los querellantes. El empresario, conocido en Inglaterra por ser el dueño del equipo de fútbol Peterbouroug, es una de las seis personas contra la que se han querellado los clientes de la inmobiliaria. Cinco de los implicados ya han declarado ante la juez Beatriz Fernández.

Según los abogados, los querellados reconocen haber recibido el dinero, pero también aseguran que se lo transfirieron a la empresa proveedora de los muebles. “Se comprometieron con la juez a entregar la documentación que lo acredita”, explicó el letrado Luis González. Los abogados recelan de que el empresario defienda que no cobró “ninguna comisión” por intermediar en la venta de los muebles, ya que alega que transfirió el 100% del dinero.

Los afectados de la supuesta estafa, todos británicos e irlandeses, entregaron entre 10.000 y 15.000 euros para unos muebles que pensaban instalar en las viviendas que la inmobiliaria comercializaba en países como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde o Italia. Firmaron sus contratos entre 2005 y 2010, año en el que la empresa cerró su sede en Marbella.

Los querellantes denuncian que han dejado sin bienes a la sociedad y se ha orquestado un traslado a una “oficina fantasma” de Madrid, que supuestamente administra un hombre de 90 años con domicilio en Perú y sin ninguna actividad conocida.

April 25th, 2012
Story by P. SÁNCHEZ | La Opinión de Málaga

El juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha citado a declarar hoy al propietario de la antigua inmobiliaria con sede en la ciudad MacAnthony Realty International. Su dueño, el empresario Darragh MacAnthony, está acusado por 40 querellantes de ser presunto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida.

Los denunciantes, británicos e irlandeses, acusan a MacAnthony de haberse apropiado de unos 600.000 euros. Es la cantidad que entregaron para adquirir unos muebles que «nunca recibieron», indicaron sus representantes legales, el despacho de abogados marbellí Lawbird.

Los hechos se remontan al período comprendido entre 2005 y 2010. Cada reclamante invirtió una media de 15.000 euros para comprar muebles para las viviendas que les vendió la misma inmobiliaria en distintas partes del mundo. Es el caso de Turquía, Bulgaria o Cabo Verde, entre otras ubicaciones.

«La empresa ha efectuado un cierre de hecho consistente en el vaciado de la sociedad y de sus activos sin solicitar concurso, lo que podría devenir en un delito societario», indicó el letrado Luis González.

January 26th, 2012
Story by EFE | La Información

Marbella (Málaga), 25 ene.- Un total de 35 personas han ratificado hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) la querella interpuesta contra la inmobiliaria MacAnthony por presenta estafa y apropiación indebida.

Los afectados, en su mayoría procedentes de Irlanda y Reino Unido, han acudido a las puertas del juzgado a manifestarse y a ratificar la querella que interpusieron el pasado junio por la compra de unos muebles, que nunca llegaron, para las viviendas que adquirieron a la compañía querellada.

El abogado que lleva el caso, Luis González Ordóñez, ha explicado que la presunta estafa consiste en que “el grupo MacAnthony se ha apropiado de unos 500.000 euros a través de la ficción de que el dinero que se recibía era al objeto de poder comprar unos muebles en las viviendas que estaban comprando ellos en terceros países” y que “jamás llegaron a recibir”.

Por otro lado, el abogado ha asegurado que “la empresa ha desaparecido de forma irregular, sin llevar a cabo ninguna liquidación ordinaria, ningún concurso ni forma normal de desaparición”, el administrador tampoco quiere saber nada, y la empresa que tenía enMadrid y en Marbella ya no está, y nadie atiende a las llamadas ni a los correos electrónicos.

“No estamos hablando sólo de un dinero que ha desaparecido”, ha precisado el jurista, “sino de una fórmula tendente a engañar para la apropiación y quedarse con el dinero a través de un complejo societario, que es el grupo MacAnthony”, ha asegurado.

La empresa MacAnthony Realty Internacional SL estaba participada en un noventa por ciento por una empresa peruana, cuyo administrador es un testaferro de 90 años con domicilio en Perú, y que a su vez apoderaba a terceras personas, que son los administradores de facto, ha explicado González.

El letrado ha indicado que a los 35 afectados que representa se les ha estafado en torno a medio millón de euros, y a cada individuo entre 10.000 y 30.000 euros para bienes muebles.

Se les acusa por los delitos de estafa y apropiación indebida en tanto en cuanto “se presentaban como mediadores para la trasmisión de unos muebles que estos señores jamás han visto, con el agravante de que tienen que venir a España y tienen que presentar una querella aquí”, ha señalado.

May 9th, 2011
Story by Jose Carlos Villanueva | El Mundo

El juicio contra una organización de ciudadanos británicos, en su mayoría, dedicados a estafas en el sector inmobiliario de la multipropiedad en la Costa del Sol, se ha saldado este lunes en la Audiencia de Málaga con condenas pactadas entre la Fiscalía y las defensas.

Según ha informado a los periodistas el abogado Luis González Ordoñez, vinculado al bufete marbellí Lawbird, que representa a 160 de los 300 afectados británicos, hay 10 personas condenadas de los 18 acusados inicialmente, ya que siete de ellos están “en rebeldía” y otro falleció.

Seis de los encausados han sido condenados por un delito de estafa y a cada uno de ellos se les impone una pena de 2 años de prisión. Sobre los cuatro restante ha recaído una pena de un año de cárcel por un delito de asociación ilícita.

También se han fijado multas en el marco de este pacto. Así, los condenados por estafa deberán abonar un importe de seis euros diarios durante seis meses; mientras que para los condenados por asociación ilícita el importe será de cuatro euros durante doce meses.

La Fiscalía acusaba los procesados de un delito continuado de estafa, por el que pedía para cada uno cuatro años y medio de prisión, y de otro de asociación ilícita, por el que solicitaba, según los casos, dos o tres años de prisión.

Luis González Ordoñez ha recordado la “gran alarma social” que se originó en el Reino Unido cuando los tabloides británicos comenzaron a informar sobre este escándalo inmobiliario, ocurrido en 2001 en la Costa del Sol, principalmente en Fuengirola.

El letrado, que ha llevado el caso junto al también abogado Antonio Flores, se ha mostrado satisfecho con el pacto alcanzado: “Es la primera condena de estas características en España contra las tramas del sector de la multipropiedad”, ha expuesto.

Al ser preguntado sobre el hecho de que ninguno de los condenados ingrese en la cárcel, el letrado de los afectados cree que en Gran Bretaña “el hecho de que estas personas figuren ya con antecedentes penales” supone algo “ejemplarizante”, a pesar del tiempo transcurrido, 10 años, desde que se denunciaron los hechos.

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, los acusados, de distintas nacionalidades, habrían creado, con la finalidad de “un enriquecimiento ilícito”, una estructura empresarial que “renovaban periódicamente desvinculándose de las sociedades previas para evitar ser localizados”. De esta forma, desplegaron una modalidad de la conocida estafa de reventa de multipropiedad.

Así, se determina la existencia de varios grupos de acusados y se precisa que esta estructura organizada desde el inicio de su actuación “ha abarcado y dirigido a decenas de personas”, primero dirigida por un británico y su mujer y, posteriormente, por un acusado sudafricano, que ha fallecido. Así, se señala que el grupo actuó con proyección internacional al menos desde el año 2000.

Como tarjeta de presentación, dice la acusación en su escrito inicial, del que informó Europa Press, el grupo utilizaba “un gran número de sociedades, algunas registradas, otras off shores, otras simplemente inexistentes”, que tenían cuentas “temporales que reflejan múltiples transferencias que suma un ingente capital defraudado”. En la organización, cada acusado tenía una función.