Monthly Archives: January 2013

January 23rd, 2013

The title is perhaps not entirely correct as the developer was not part of the ruling, but a reseller that answers to the name of Bancales Inversiones S.L., a company that had bought to resell a particular unit at Los Lagos de Santa María.

On a recent Court decision, the Appeal Court reversed (again) an earlier ruling by the Marbella Court of First Instance 5 who had found this company not responsible for delivering a property that was granted occupancy rights by means of a license that ran against local planning ordinances.

Roberto Leiro Bascones, acting for the claimants, convinced the Appeal Court that having a finished property with adequate supplies is not enough to “effectively transfer ownership” where the license of occupancy was not granted, or was granted via that fiction, or loophole, called “administrative silence” when, as is the case here, violated planning regulations.

As a result, the Malaga Appeal Courts ordered Bancales Inversiones to reimburse over 60k Euros to the claimants.

January 18th, 2013
Sur in English

They are recusing him on the grounds of a connection with the accused

More than a hundred people suing to get their money back in the case of a property development which was never built are seeking to get the judge disqualified from hearing the case after finding that his brother was associated with the main defendant, Ricardo Miranda Miret. The group of plaintiffs, most of them British and American, say that Ignacio Coronado Ruz, brother of Madrid judge José Emilio Coronado Ruz, was “a shareholder, secretary, and even chairman of the board of Paraíso Tropical SA”, a company owned by Ricardo Miranda, who is accused of fraud amounting to more than 12 million euros.

 

2013-01-18-Sur-in-English

January 18th, 2013
Story by VERÓNICA VALADEZ | Diario Sol

El hermano del magistrado estaba vinculado al principal implicado en el fraude

Audiencia Provincial Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, ha sido recusado por un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en Estepona. El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, le demandan que abandone el caso, al conocer que el hermano de dicho instructor, Ignacio Coronado Ruz, ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical S.A.”. Y es que, resulta sorprendente que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar hace dos años.

La citada mercantil es propiedad de uno de los principales imputados en el caso, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en Estepona y en República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Además, el hermano del instructor ha sido también representante de la mercantil inversiones CCF S.A., antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana. Y es que, es sabido que no solo hay afectados por el fraude en Estepona, sino tabién en el citado país caribeño.

A su vez, la sociedad CCF S.A. era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A., cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos juzgados recientemente en el juicio oral del Caso Malaya.

De este modo, el bufete Lawbird solicita además la ampliación de la querella inicial, pidiendo que sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado, ya que todos ellos “cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. En concreto, Ignacio Coronado se embolsó 100.000 euros a título personal.

Asimismo, cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a una gran parte de los querellantes – británicos, irlandeses y norteamericanos, que habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia – viviendas en la localidad en la promoción denominada Estepona & Country Club, que iba a construirse en Arrroyo Vaquero.

Pero lo cierto es que la promotora jamás fue propietaria de dicho terreno, de hecho, ni si quiera el suelo es apto para edificar. Además, la licencia de obra nunca fue solciitada. Tan solo se pidió permiso para la caseta de ventas que, pero fue denegado por el Ayuntamiento de Estepona.

De este modo, “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda”, estando al tanto de lo anterior, se enriquecieron con las ventas sobre plano, desviaron los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y continuaron allí el irregular negocio inmobiliario. Por último, los letrados han destacado que para evitar el alcance de semejante engaño, los contratos solo fueron firmados por los compradores, mientras que la promotora se abstuvo de ello. 

January 17th, 2013
Story by Europa Press | La Vanguardia

Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en la localidad malagueña de Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de la presentación de la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Así, Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. –antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana–, según el comunicado.

Tal y como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño, según el citado comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor.

Según ha informado el despacho de abogados Lawbird, ambos han sido juzgados recientemente en el juicio oral por el Caso ‘Malaya’ y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

Así, el bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”, ha expresado el comunicado. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

También, lamentan que el juez ahora recusado no haya tomado medida cautelar alguna, desde que comenzó a instruir dicha querella, y no descartan “acciones judiciales directas” derivadas de los hechos de la recusación, “teniendo en cuenta en todo este caso la mejor atención a nuestros clientes que depositaron su confianza en la justicia penal española, y a fin de evitar que situaciones como la presente vuelvan a plantearse a nadie que acuda a pedir justicia en España”.

Los damnificados, en su mayoría de nacionalidad británica, pero también irlandeses y norteamericanos, habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia.

Cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a gran parte de los querellantes viviendas en Estepona en la promoción denominada Estepona & Country Club. Se iba a construir en el paraje de Arroyo Vaquero.

Además, Lawbird ha expresado que la promotora jamás ha sido propietaria del citado terreno y el suelo no es apto siquiera para edificar, nunca lo fue. Nunca fue solicitada la licencia de obra para construir, ante el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). A lo máximo que llegó el promotor fue a pedir un permiso para la caseta de ventas que, incluso, fue denegado por el Consistorio malagueño.

Por último, Lawbird ha denunciado que “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda sabían todo lo anterior y, sin embargo se enriquecieron con las ventas sobre plano”, desviando los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y así continuar allí el irregular negocio inmobiliario objeto también de la querella. Los letrados Flores y González Ordóñez destacan que “para evitar el alcance de semejante engaño, la promotora nunca firmó los contratos que sí firmaron los compradores”.

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January 17th, 2013
Malaga Hoy

Más de un centenar de afectados por una estafa inmobiliaria en la Costa del Sol, la mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados, se ha hecho cargo de presentar la correspondiente recusación.

En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.

Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.

Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF -antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana-, según el comunicado.

La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios cuyos dueños son los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos procesados en el caso Malaya, en el que se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.

El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.

“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. La ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal.

En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

January 17th, 2013
Story by JUANA VIÚDEZ | El Pais

Un centenar de afectados por una supuesta estafa inmobiliaria cometida en la Costa del Sol, República Dominicana y Marruecos ha recusado al instructor de la causa, José Emilio Coronado Ruz, titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid, porque su hermano Ignacio Coronado Ruz, está vinculado societariamente al principal implicado en el supuesto fraude, Ricardo Miranda Miret.

La querella por la estafa, que alcanza los 4 millones de euros, lleva casi dos años en instrucción. Sin embargo, los perjudicados han descubierto justo ahora el parentesco. Según el escrito de los abogados Antonio Flores y Luis Fernando González, el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical SA”, también propiedad del principal imputado.

El bufete encargado del caso también ha solicitado una ampliación de la querella inicial con la que pretenden que se impute al hermano del magistrado y a los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor. Estos dos últimos han sido procesados y están pendientes de sentencia por el caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.

Según los abogados, el hermano del magistrado ha sido también representante de la sociedad CCF S. A., dueña de unos terrenos en República Dominicana. Estas mismas parcelas también pertenecen a la sociedad CCF 21 Negocios Inmobiliarios S. A., cuyos dueños son los empresarios Sánchez y Liétor.

Los afectados por la supuesta estafa, en su mayoría británicos, lamentan que el juez no haya tomado medida cautelar alguna desde que comenzó a instruir la querella y no descartan “acciones judiciales directas”.

La defensa del promotor Ricardo Miranda sostiene que en este tiempo se ha demostrado que su defendido devolvió “todo el dinero que le reclaman”. “Se ha acreditado con transferencias bancarias”, añade el abogado Alberto Fraguas.

Los perjudicados llegaron a pagar 4,2 millones por unas viviendas que no se construyeron

Los querellantes acusan a Miranda y a la comercializadora Ocean View Properties, en proceso de liquidación, de cobrar sumas millonarias por tres promociones que nunca llegaron a construirse. Según sus testimonios, 43 de ellos llegaron a pagar 4,2 millones de euros por unos apartamentos en Estepona para los que, según la querella, el promotor no tenía ni la propiedad del terreno, ni llegó a solicitar licencia de obra. La entrega media oscilaba entre los 70.0000 y 100.000 euros, aunque algunos aportaron hasta un millón de euros por varias propiedades.

Según la querella, la inmobiliaria Ocean View Properties se encargaba de comercializar las promociones y les daba a firmar un contrato tipo, en el que nunca aparecía la firma del promotor. Las promociones se llamaban Estepona Beach&Country Club, Punta Perla Marina (Republica Dominicana) y Tafedna Bay (Marruecos). Los afectados acusan al empresario de desviar el dinero que le entregaron por la promoción de Málaga a sociedades de República Dominicana.

Miranda mantiene que la inmobiliaria Ocean View Properties le encargó que construyera la urbanización de Estepona y que le adelantaron por este trabajo 12 millones. El proyecto “no fue viable por problemas administrativos”, entonces, según su testimonio, devolvió a la inmobiliaria los 12 millones con una serie de transferencias que asegura haber acreditado.

January 17th, 2013
Story by Jose Carlos Villanueva | El Mundo
  • Al principal querellado se le acusa de haberse apoderado de 12 millones
  • Las viviendas iban a construirse en Estepona y República Dominicana
  • El imputado y el hermano del juez participaban en la sociedad Paraíso Tropical

 

Más de un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en la Costa del Sol, en su mayoría de nacionalidad británica, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret.

El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados por dicha estafa, se ha hecho cargo de presentar la recusación contra el conocido magistrado. Coronado Ruz saltó a la popularidad nacional en 1997, tras admitir en su sede judicial madrileña una denuncia de la esposa de Mario Conde, Lourdes Arroyo, que permitió reabrir temporalmente el llamado caso Argentia Trust, después de la primera condena de 6 años de prisión contra el banquero que luego el Supremo rebajó a 4 años y 6 meses.

Según han informado este jueves desde el bufete marbellí los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han enviado un escrito al juez Coronado para que abandone el caso. Hacen constar que el hermano del instructor ha sido «accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraiso Tropical SA».

Se trata de la mercantil propiedad del principal querellado, Ricardo Miranda Miret, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominica, nunca se llevaron a cabo.

Ignacio Coronado Ruz fue también representante de la mercantil Inversiones CCF S.A. (antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana). Como ya se conoció públicamente al presentarse la querella por esta estafa inmobiliaria, en febrero de 2011, no sólo hay afectados por el fraude en Estepona, sino también en el citado país caribeño.

La sociedad CCF S.A., a la que estuvo vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A. cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor. Ambos se encuentran a la espera de sentencia en el caso Malaya y se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho. Presuntamente entregaron sobornos a Juan Antonio Roca y fueron socios del ex asesor urbanístico marbellí.

El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que sean querellados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla. “Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”, denuncian los letrados marbellíes. En concreto, la ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal, aproximadamente.

En opinión de los querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.

 
2013-01-17-OVP-El-Mundo

 

 

 

January 10th, 2013
Story by José Carlos Villanueva | El Mundo

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, Beatriz Fernández Gómez-Escolar, ha archivado la querella por presunto delito de estafa contra el conocido empresario inmobiliario Darragh MacAnthony,propietario de la desaparecida empresa de compra-venta de inmuebles que lleva su apellido.

Según ha informado el despacho de abogados marbellí Lawbird, representante de un colectivo de afectados por las prácticas de MacAnthony, la magistrada ha alegado “en contra del criterio de la Audiencia Nacional” que dichos perjudicados “son extranjeros” y, por lo tanto, los tribunales españoles “carecen de jurisdicción” sobre los hechos denunciados.

En su auto, la juez estima que “nos encontramos ante delitos que se han consumado en el extranjero habida cuenta de haberse producido los desplazamientos patrimoniales desde las cuentas que los perjudicados tenían en el extranjero, así como por ser extranjeros los presuntos estafadores”.

En opinión de Lawbird, la instructora ha “obviado” el hecho de que tanto la sede del grupo empresarial como sus responsables tenían el domicilio en Marbella. Todas las transferencias se recibían en una cuenta de una sucursal de Solbank en esta misma ciudad, y es aquí donde el montante de los presuntamente estafado habría desaparecido.

Los afectados por la presunta estafa, todos británicos e irlandeses,entregaron entre 10.000 y 15.000 euros para unos muebles que pensaban instalar en las viviendas que la inmobiliaria comercializaba en países como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde o Italia. Firmaron sus contratos entre 2005 y 2010, año en el que la empresa cerró su sede en Marbella.

El número de personas afectadas por los incumplimientos contractuales de MacAnthony a nivel global se cuentan por miles. Son varias las asociaciones de afectados que han iniciado acciones legales contra MacAnthony y sus empresas, siendo MRI-SG (Misled Realty Investors Support Group), con 1.400 miembros, la más activa. Darragh MacAnthoty es actualmente un personaje público en el Reino Unido, al serpropietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United.

El abogado Antonio Flores, máximo responsable del citado bufete, ha recordado en un comunicado que la juez Fernández investigaba hasta ahora el paradero de 500.000 euros abonado por sus representados a la inmobiliaria denunciada “para la compra de unos inmuebles que nunca recibieron”. La decisión judicial se produce tras más de un año de instrucción y “a pesar de haber tomado declaración a todos los imputados”. Además, la magistrada ordenó también hace un año que todos los querellantes ratificaran en persona su denuncia, como así fue.

Paralelamente, el también letrado Luis González Ordóñez, integrante del despacho Lawbird y quien lleva las riendas del caso, al representar a la mayoría de los querellantes, no ha ocultado su “asombro”, tras conocer el archivo de las actuaciones. No obstante, el penalista ya ha anunciado que recurrirán el auto, al no ser firme. Primero en reforma, ante el propio Juzgado y luego ante la Audiencia Provincial de Málaga, en apelación.

“Es sorprendente y difícil de explicar que un juez archive este caso de estafa por ser extranjeros los estafadores denunciados y alegando que los hechos se habrían cometido en el extranjero”, explicó González Ordóñez.

Entre los querellados figura un británico que reside desde su infancia en Marbella, y “el testaferro español de 90 años que se encuentra al frente como administrador del grupo empresarial MacAnthony, cuya sede en el momento de los hechos era precisamente el Club Financiero Inmobiliario”, reza el comunicado remitido.

El nonagenario testaferro había declarado que cobraba un sueldo únicamente por figurar como administrador de la sociedad, si bien confirmó que no sabía absolutamente nada de los manejos que se realizaban con las cuentas bancarias ni el destino dado a los fondos.